ANÁLISIS A FONDO. J. Francisco Gómez Maza. ¿Y GENARO GARCÍA LUNA?; Y FUE AHORA


JUE 24-01-13

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

ANÁLISIS A FONDO: ¿Y GENARO GARCÍA LUNA? 

 

·         Caso Cassez, Advertencia Miranda 

·         El autor criminal, el superpolicía

Ni la Procuraduría General, ni el juez que condenó a la acusada, ni la Suprema Corte, ni Calderón, ni Peña Nieto, y menos Cassez son ahora importantes. El depredador de la ley tiene un nombre y dos apellidos: Genaro García Luna. Este individuo debería de estar ya detenido, procesado, condenado y encarcelado.

Genaro García Luna, a la sazón secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, es el autor del «desaguisado» de la Corte. Del más horrendo e impune acto en contra de la justicia.

Después del fallo de la Corte de otorgar el amparo que abrió las puertas del reclusorio a Florence Marie y la trasportó derechito a la libertad parisina, lo único que queda muy claro es que no sabemos, no tenemos ninguna certeza, de si la señora es un buitre o una estúpida.

Pero de lo que sí podemos estar totalmente ciertos es de que García Luna debería estar ya en la cárcel. Si Cassez es culpable, el policía de Calderón es el responsable de la impunidad de la “secuestradora”. Él ordenó y llevó al cabo todas las violaciones procesales del caso. Si Cassez es inocente, igualmente Carcía Luna tendría que estar ya en la cárcel, porque mandó encarcelar a una inocente.

Los ministros de la Suprema Corte sólo hicieron su trabajo, votar totalmente a su arbitrio porque la interpretación de la ley es arbitraria, en la sesión del miércoles pasado. Obviamente, la mejor decisión de los magistrados habría sido fallar por la reposición del juicio contra Florence Marie. Pero la interpretación de la ley es arbitrariamente a su arbitrio.
La motivación de los ministros para anular totalmente el juicio contra Cassez es muy obvia. Por la violación a una garanta procesal sumamente importante: García Luna no dio aviso al consulado francés, como era su obligación legal, para que el consulado le otorgara a la detenida asistencia consular en el proceso; el jefe policiaco la mantuvo secuestrada durante equis cantidad de horas, y además montó un espectáculo televisivo de la detención, muchas horas después de que Cassez había sido detenida, para impresionar a quién.

En función de esto, la Suprema no ordenó un nuevo juicio, como lo planteó el ministro José Ramón Cosío, sino la libertad tal como lo planteó su par Arturo Saldívar. Pero todo fue al arbitrio de los magistrados. La ley no dice nada o si lo dice lo dice tan nebulosamente como nebulosa es la Constitución Política.

El caso Cassez se parece al caso Miranda. El 2 de marzo de 1973, una joven en Phoenix, Arizona, fue subida por la fuerza a un automóvil Packard; llevada al desierto, y violada. Once días después, la policía arrestó a Ernest Miranda, un mexicoamericano de siete suelas. Luego de dos horas de interrogatorio, Miranda confeso el rapto y la violación. Pero la policía no le ofreció la oportunidad de consultar a un abogado. El fiscal sólo presentó en el juicio la confesión de Miranda. Éste fue sentenciado a 20 años. Y el caso fue llevado a la Corte. Esta confirmó que el violador no tuvo la asistencia de un abogado. Y le otorgó un nuevo juicio. Irónicamente, sin su confesión como prueba. La misma Corte ordenó que no se tomara como prueba la confesión. Y Miranda fue nuevamente convicto y se le dieron 30 años de cárcel.

Pero el caso volvió a llegar a la Corte por nuevos yerros procesales, porque el juez no cumplió exactamente con desentenderse de la confesión. Y la Corte puso en libertad a Miranda, argumentando que la prueba fue obtenida ilícitamente y no tenía valor alguno.

El caso fue bautizado como “la Advertencia Miranda”. Esta “Advertencia” tuvo un impacto muy significativo en la práctica de la ley en Estados Unidos, convirtiéndose en una parte rutinaria de los procedimientos policiales, para asegurar que los sospechosos, al ser detenidos, fueran informados de sus derechos.

Miranda era un monstruo violador y asesino. Además de violar a la muchacha, regresó al lugar donde la había abandonado a pedirle que, por favor, le diera la bendición para que Dios lo perdonara. Años después a Miranda, dedicado entonces a extorsionar a mexicanos legales en Arizona, una de las gentes a las que había estafado lo mató a puñaladas. Como cosa curiosa, al que lo mató, que era también mexicano, la policía le leyó que tenía derecho a no declarar sin presencia de un abogado. Similar el caso Miranda al caso Cassez. Pero… pero dónde está Genaro García Luna.

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Francisco Gómez Maza

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MIE 23-01-13

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

ANÁLISIS A FONDO: Y FUE “AHORA” 

 

·         Libertad a Florence Marie 

·         Fallo histórico de la SCJN 

 

Solo habrá que imaginar la muina de los “productores” de Televisa, de un lector de telepronter como Carlos Loret de Mola, de Primero Montajes para vender infamias; del equipo de producción de Genaro García Luna, el floor manager de la estrategia mediático policiaca de Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, cuando se enteraron ayer de la noticia.

Por 3-2, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron su fallo y acordaron otorgar la libertad absoluta e incondicional a Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien fue sacrificada 7 años en el reclusorio sur de Tepepan, en el DF, violada en sus derechos humanos, en sus garantías de presunción de inocencia y víctima de un proceso penal totalmente indebido y amañado.

Los ministros decidieron por fin actuar sin doblar la cerviz ante presiones políticas o económicas y otorgaron el amparo liso y llano a la ciudadana francesa, no porque fuese culpable o inocente de los delitos por los que cumplía una condena de 60 años de cárcel, sino simplemente por las graves violaciones a sus derechos humanos al momento de su detención por la Policía Federal; a sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso en su contra.

El montaje televisivo de su detención hace siete años, imaginado y ordenado por la residencia presidencial de Los Pinos de Calderón, cuya grabación y postproducción fue repetida hasta que quedó exactamente como la querían Loret de Mola y García Luna, sólo ello, fue la más grave violación de los derechos humanos de Cassez. Y los ministros de la Suprema Corte se prestaron en aquel entonces a legalizar la faramalla mediática para impresionar al Departamento de Justicia del gobierno estadounidense, mecenas de la guerra de Calderón.

La sesión de la primera sala de la Corte fue prácticamente de mero trámite. Luego de las primeras votaciones, la ministra ponente Olga Sánchez Cordero cambió el sentido de su proyecto. En un principio había propuesto otorgar un amparo a Cassez para que se le dictara una nueva sentencia, pero reflexionándolo, y esto causó sorpresa, sugirió a sus colegas la liberación inmediata mediante el otorgamiento del amparo, lo cual dejaría en libertad inmediata a la condenada. Con este fallo se cierra un capítulo de la negra historia de la justicia mexicana, preñada de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas y procesos penales indebidos contra acusados culpables o inocentes, y más contra los inocentes.

Sólo hay que recordar y volver a ver la película Presunto Culpable, el documental real que desnuda al sistema de justicia penal mexicano para darse cuenta de que en este país aún no vale la presunción de inocencia, aquello de que “inocente, mientras no se demuestre lo contrario”, y los abusos y costumbres de ministerios públicos y jueces corruptos determinan que todo aprehendido de entrada es un culpable obligado a demostrar su inocencia.

El fallo de la Corte es trascendental e histórico porque, independientemente de que la beneficiada, la ciudadana francesa, cuente con el apoyo del gobierno de Francia, podría ser la pauta para un cambio radical en el sistema de justicia penal, a fin de que sean erradicadas las prácticas de la desaparición forzada, de la tortura física y sicológica contra personas detenidas por presuntamente haber cometido un delito. Y cambie la concepción de culpabilidad o inocencia. Un sistema en el cual todo detenido tenga la cualidad de inocente, mientras el ministerio público no pruebe con pruebas contundentes que es culpable.

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