(Un ensayo, tomado del sitio de Jorge G. Castañeda)
NEXOS
POR LALEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS
El consenso punitivo sobre las drogas vive una crisis de eficacia
global. Sus resultados son pobres y sus costos altos. La
prohibición, que para 1998 habían asumido la totalidad de los
países signatarios de la ONU —aunque se puso en marcha desde
principios del siglo XX—, tiene como fin declarado: “Reducir tanto
la oferta ilegal como la demanda de drogas”.
Nada indica que esto haya sucedido. En los países consumidores,
luego de medio siglo de persecución, no han descendido ni la oferta
ilegal ni la demanda. Los beneficios prohibicionistas son modestos
comparados con los daños, que son altos, y “caen desproporcionadamente
sobre los países pobres y sobre la gente pobre de los
países ricos”, como apunta The Economist. Esto, sin contar con las
intervenciones políticas y militares efectuadas en el continente bajo
la coartada de la guerra contra las drogas.
Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán, Irán o,
en América Latina, Perú, Colombia y México, han pagado en desarticulación
institucional, violencia, inseguridad y corrupción, costos
superiores a los que el consumo de drogas prohibidas hubiera provocado
en su salud, su economía o su equilibrio social.
Los esfuerzos mexicanos en la materia admiten la comparación
con el mito de Sísifo, condenado a subir una piedra montaña arriba
sólo para que al llegar a la cima la piedra ruede cuesta abajo, y haya
que subirla de nuevo.
El problema de México es de salud pública, como en todos los
países, pero es también, con especial urgencia, un problema de
seguridad. La prohibición impide una política integral de salud sobre
las drogas porque niega la realidad. Es imposible pensar un mundo
sin drogas. Podemos pensar, en cambio, un mundo capaz de controlar
razonablemente el uso de estas sustancias.
La prohibición impide también una política eficiente de seguridad
pública. Da rentas demasiado altas al crimen. Para países como
México, el primer peldaño en el problema de seguridad es la flaqueza
institucional de su Estado de derecho. Pero el problema se dispara
por las rentas que los narcotraficantes obtienen en el mercado ilegal.
Son esas rentas las que permiten al crimen organizado corromper,
reclutar y armarse desmesuradamente.
La prohibición es lo que hace que un kilo de mariguana valga
en México 80 dólares, y que ese mismo kilo cueste dos mil dólares
en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza
mexicana 12 mil 500 dólares, y 26 mil 500 en la vecina ciudad
estadunidense; que un kilo de heroína sea vendido aquí en 35 mil
dólares, y en 71 mil del otro lado del río Bravo.
Terminar la prohibición, legalizar las drogas, es un camino cierto
a la reducción de las ganancias ilegales que obtiene el narcotráfico
y a la reducción, por tanto, del poder criminal de los narcotraficantes.
Los argumentos inteligentes en favor de la legalización circulan
con amplitud por el mundo. Van desde el alegato liberal clásico
según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y el Estado
no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe mientras
esa conducta no perjudique a terceros (John Stuart Mill), hasta
el argumento económico de que toda represión irracional de la
demanda crea mercados paralelos y precios artificiales que otorgan
por la vía del crimen lo que la sociedad prohíbe por vía de la ley
(Milton Friedman).
Países productores y de paso, como México, han de añadir el
argumento de los costos adicionales que pagan para contener ese
mercado. Al tratar de reprimir lo irreprimible, extravían el bien público
de la seguridad, sin cuya provisión no son imaginables el desarrollo,
el equilibrio social, la vida civilizada ni la libertad. La seguridad
es aquí el piso de la libertad: una sostiene a la otra.
Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento liberal,
porque el Estado no puede prohibir a nadie que haga lo que no daña
a terceros. Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento de
la seguridad, porque la renta ilegal de una sola de sus variedades
bastaría para sostener el poder de corrupción, reclutamiento y violencia
de los narcotraficantes.
Quien dice legalizar dice regular. Cada una de las drogas que
persigue el consenso punitivo tiene valores psicotrópicos, riesgos
médicos y efectos sociales distintos. No puede darse el mismo trato
legal a drogas suaves como la mariguana, que a drogas duras
como la cocaína, la morfina y siniestros derivados como el crack
o el crystal meth.
Regular implica separar los mercados de drogas y proteger a los
consumidores otorgándoles certidumbre, información y garantías
sobre la calidad de lo que se consume.
En junio de 1995 y marzo de 2000 la portada de nexos estuvo
dedicada a la pregunta de si había que legalizar las drogas o no. Hoy
volvemos al tema suprimiendo los signos de interrogación.
Por todas las razones históricas, económicas, éticas, políticas, de
salud y de seguridad pública ampliamente discutidas en Legalizar.
Un informe, documento central de esta edición, nexos se pronuncia
ahora claramente por la legalización de las drogas, en el espíritu de
regulación y despenalización que es, creemos, el curso civilizatorio
en que ha de desembocar el debate mundial sobre el tema.
(Nexos)
(Informe especial
nexos octubre 2010 29)
El consenso punitivo sobre las drogas vive una
crisis de eficacia global. Sus resultados son
pobres y sus costos altos. La prohibición, nacida
en la Convención Internacional del Opio de
1912, se expandió paso a paso entre 1949 y 1961,
y fue asumida por todos los países signatarios de
la ONU en 1998. Su fin declarado: “Reducir tanto
la oferta ilegal como la demanda de drogas”.
Nada indica que esto haya sucedido. En los
países consumidores, luego de medio siglo de
persecución, no han descendido ni la oferta
ilegal ni la demanda. Se ha mantenido estable el
consumo de cocaína y heroína. Ha crecido el de
metanfetaminas y mariguana. Según la propia
ONU, en 2008, diez años después del acuerdo
universal de prohibición, consumían drogas entre
155 y 250 millones de personas, es decir, entre
3.5% y 5.7% de la población mundial, un rango
similar al de la década anterior.1
No hay cifras precisas sobre el mercado global
de enervantes. Todas son más bien indicativas,
muchas de ellas con rangos de variación enormes.
Instituciones y especialistas disputan sobre
las fuentes y la forma de medir el fenómeno,
cuyo conocimiento preciso ha sido una de las
primeras bajas de la prohibición.2
Según la ONU, en 2003 el valor global del mercado de drogas
ilícitas era de 322 mil millones de dólares. De ellos, 140 mil
millones correspondían a la mariguana, 70 mil a la cocaína, 65
mil a los opiáceos y la heroína, 44 mil a las metanfetaminas.
Del total del valor añadido a esas drogas por su carácter ilegal,
(Legalizar
Un informe
De la redacción de nexos)
I. Un fracaso mundial
——
1 United Nations Office on Drugs and Crime (en adelante UNODC), World Drug Report,
2010. La prevalencia anual del consumo de cocaína a nivel global se ha mantenido estable
en la última década en .4%, la de heroína se calcula entre .3% y .5%, la de mariguana
entre 2.9% y 4.3%, la de metanfetaminas entre .3% y 1.2%.
2 En este documento usamos como eje los datos generados por la Oficina de Drogas y
Crimen de Naciones Unidas, pues es la institución depositaria del consenso punitivo
mundial. Hemos usado también otras fuentes. En caso de divergencias significativas
hemos optado siempre por las cifras de la ONU.
3 UNODC, World Drug Report, 2005. Según Peter Reuter, los campesinos productores de
hoja de coca reciben alrededor de .65% del valor agregado final del producto. Los intermediarios,
traficantes, se quedan con una parte mucho mayor. Pero quienes se quedan
las mayores ganancia son los eslabones finales de la cadena.
el 76% se quedaba en los países consumidores y el 24% restante
en los países productores y de paso.3
Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor
de enervantes, seguido de cerca por Europa Occidental. Desde
1960, en casi todos los grupos de edad, casi la mitad de los esta-
(Ilustraciones: adrián Pérez
Legalización
30 octubre 2010 nexos)
dunidenses declara haber probado alguna droga ilegal.4 En 2008,
40% del consumo de cocaína se concentraba en Norteamérica,
seguido por Europa con el 30%. En cambio, la mayor parte del
mercado de la heroína, 47%, estaba en Europa Occidental y
Rusia.5 El mundo desarrollado pelea sin esperanza contra su
propio mercado: como revelan las cifras, el consumo de drogas
en esos países es a la vez potente, irreprimible e ilegal.
Es posible, según apuntan los defensores de la prohibición,
que el consenso punitivo haya detenido la expansión del mercado
en los países consumidores, logro no desdeñable. Pero
es un hecho que no lo ha reducido, como era su propósito.
En todo caso, con el paso del tiempo lo que se ha visto es un
proceso de “maduración” de ciertos mercados, que no crecen
más porque han llegado a un límite: una franja de equilibrio
práctico entre consumo, tolerancia y persecución. Sabemos,
en cambio, que la prohibición hizo esos mercados muy rentables
para los traficantes de dentro y los proveedores de fuera,
añadiendo daños colaterales o “consecuencias no buscadas”
(unintended consequences, en el lenguaje de la ONU), cuya
acumulación empieza a resultar indefendible y, para algunos
países, intolerable.
Los beneficios prohibicionistas son modestos comparados
con sus costos.
Los daños son altos, afirma The Economist, y “caen de manera
desproporcionada sobre países pobres y sobre la gente pobre
de los países ricos”.6 Los barrios pobres y la población marginal
de las grandes ciudades de los países consumidores pagan los
costos más altos por mantener la oferta de drogas ilícitas que
requieren millones de consumidores recreativos. El espejo de
la población carcelaria de Estados Unidos es elocuente. La
Comisión Europea calcula que hay en el mundo un millón de
presos por delitos vinculados a las drogas: 500 mil están presos
en Estados Unidos, la mayoría son negros o hispanos.7
Y, sin embargo, el mercado sigue tan estable como siempre
en las grandes ciudades estadunidenses, en un esquema de territorios
tolerados cuya dialéctica de control puede entreverse
en series como The Wire, que ficcionaliza el fenómeno en la
ciudad de Baltimore, o El cártel de los sapos, que lo ve desde
los tratos de los cárteles colombianos.
Por la concentración del esfuerzo mundial en reducir la
producción y el tráfico, los países productores y de paso pagan
costos mayores en todos los órdenes. Son los verdaderos
escenarios de la “guerra contra las drogas”, sin ser, como se
ha visto, los beneficiarios mayores del valor añadido por el
tráfico ilegal.
Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán,
Irán, o en América Latina, Perú, Colombia y México, han pagado
en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación
institucional, costos superiores a los que el consumo de las
drogas prohibidas hubiera provocado en su salud, su economía,
su seguridad o su equilibrio social.
El ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso,
señala la desigualdad del impacto:
Los países desarrollados, los principales consumidores,
han impuesto políticas dañinas sobre los países productores
de drogas. Estas políticas han tenido consecuencias
terribles, como la corrupción de las fuerzas policiacas
y judiciales, y la violencia relacionada al tráfico, en el
desarrollo económico y la estabilidad política de los
países productores.8
Estos países en especial tienen derecho a señalar y repudiar
los costos del consenso punitivo, pues no se asientan en su
territorio ni siquiera los modestos logros de contención del
mercado que pueden alegarse para los países consumidores.
En los países de producción y tráfico de América Latina
crecen los índices de homicidio: Venezuela, Guatemala,
Honduras, Perú, Colombia y México. Las regiones donde se
concentran los homicidios en muchos casos coinciden con
rutas del narcotráfico.9
La política de prohibición consume grandes partidas de
dinero público, proporcionalmente mayores en los países
de producción y paso que en los países consumidores. Por
ejemplo: Estados Unidos gasta 40 mil millones de dólares al
año en la “guerra contra las drogas”. México gasta nueve mil
millones, el triple del gasto estadunidense si se comparan las
cifras con sus respectivos productos internos.10
La debilidad institucional de los países productores y de paso
añade otros costos. El mercado negro de las drogas da a los traficantes
recursos extraordinarios para corromper autoridades,
reclutar aliados, comprar armas y establecer el control territorial
violento de rutas y zonas, control necesario para reducir los
riesgos y las incertidumbres que entraña el mercado ilegal.
Para los países productores y de paso todo es costo, crisis y
desmoronamiento de su de por sí precario orden institucional.
—–
4 Robert J. MacCoun y Peter Reuter, Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times,
and Places, RAND, 2001.
5 Los niveles de consumo de Rusia e Irán han crecido mucho en años recientes, pues
dejaron de ser países de paso y se volvieron países consumidores de opio y heroína. La
razón de este cambio es que las restricciones en el paso de heroína y opio a Europa, lleva
a los productores y traficantes a poner más droga en el mercado calculando que una parte
será decomisada y otra pasará hasta el destino final. El aumento total en droga disponible
ha generado nuevos mercados de consumo en los países de paso, donde la producción
“excedente” encuentra refugio. Reuter, op. cit. UNODC, op.cit. 2010.
6 “The Case For Legalisation Time for Puff of Sanity”, The Economist, julio 26-28, 2001.
7 Peter Reuter y Franz Trautmann (eds.), A Report on Global Illicit Drug Markets 1997-
2008, European Commission, 2009. “Prisoners in 2008”, Department of Justice, 2010.
En las cárceles estatales en Estados Unidos la distribución racial de sentenciados por
crímenes de drogas es: 27.1% blancos, 44.2% negros y 21% hispanos.
8 Fernando Henrique Cardoso, “Foreword”, en Innocent Bystanders: Developing Countries
and the War on Drugs, World Bank, 2010.
9 UNODC, op. cit., 2010.
10 Keefer, et al., “Drug Prohibition and Developing Countries: Uncertain Benefits, Certain
Costs”, en Innocent Bystanders: Developing Countries and the War on Drugs, World
Bank, 2010.
—–
(Informe especial
nexos octubre 2010 31)
de los más altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
incluyendo a su titular.
Los años recientes registran la ola mayor de compra y
corrupción de gobiernos y policías locales. Las actividades
del narcotráfico se han extendido a 19 de los 32 estados de la
República, cinco de los cuales viven condiciones de inseguridad
y violencia que hacen correr por el mundo la imagen de
México como un Estado fallido.11
En el último trienio se ha duplicado el número de arrestos
por crímenes vinculados al
narcotráfico: 115 mil 487 detenidos,
contra 58 mil en todo el
gobierno de Vicente Fox (2000-
2006) y 64 mil en el de Ernesto
Zedillo (1994-2000). Hablamos
de 237 mil detenidos en 16 años,
la mitad de todos los presos de
Estados Unidos y la cuarta parte
de los del mundo por “delitos
contra la salud”.12
Los homicidios merecen nota
aparte. Desde 1990 hasta 2007
la tasa de homicidios de México
no había hecho sino descender.
Había 20 homicidios por cada
100 mil habitantes en 1990 y
ocho homicidios por cada 100
mil en el año 2007.
La espiral de violencia desatada
desde entonces por la guerra de las drogas en México
hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2009 la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes era de 12, el doble que
Estados Unidos, pero la mitad que Brasil, la tercera parte que
Colombia, la quinta parte que Guatemala.13
La cuenta oficial de los muertos atribuibles a la guerra
contra el narco en México en los últimos tres años es de 28
mil, de los cuales la mayor parte corresponde a homicidios
entre bandas rivales (nueve de cada 10, según el gobierno
mexicano).14
—–
11 Eduardo Guerrero, “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, nexos,
agosto, 2010.
12 Hay un lío con las cifras de detenidos y presos en México. En su informe de labores
2009, la Secretaría de Seguridad Pública señala que la población penitenciaria actual es de
227,021 personas. Aunque se han detenido a 115 mil personas por delitos contra la salud,
delitos del fuero federal, sólo hay en las cárceles un poco más de mil personas sentenciadas
por delitos de ese fuero en los últimos tres años. “Información sobre el fenómeno
delictivo en México”, documento presentado por Alejandro Poiré en los Diálogos por la
Seguridad, Secretaría de Gobernación, 2010
13 Fernando Escalante, “Homicidios 1990-2007”, nexos, septiembre 2009. UNODC, op.
cit., 2010. Estos son los datos más recientes publicados sobre homicidios en México por
la ONU. No coinciden con los levantados por el propio Escalante, pero indican quizá
la tendencia real.
14 Felipe Calderón, “La lucha por la seguridad pública”, consultado en http://www.presidencia.
gob.mx/prensa/?contenido=57618 (13/06/10). Según las cifras ofrecidas por el presidente
en este desplegado sólo se han determinado las causas de un 70% de los homicidios. De
este 70%, el 90% de los casos tienen “algún indicio” de que se trata de “personas muy
probablemente vinculadas a organizaciones criminales”.
II. El fracaso de México
México ha dedicado varias décadas a servir el consenso
punitivo. Desde los años setenta con la Operación Cóndor,
orientada a la erradicación de cultivos mediante el uso de
antidefoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la
guerra contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente
Calderón, la persecución de las drogas en México no ha
sido sino una historia interminable de violencia y corrupción.
Los esfuerzos mexicanos en la materia admiten la comparación
con el mito de Sísifo, condenado a subir una piedra
montaña arriba sólo para que al llegar a la cima la piedra ruede
cuesta abajo y haya que subirla
de nuevo.
La piedra del Sísifo mexicano
tiene vida propia, la piedra se va
encanallando en el camino hasta
alcanzar los niveles de violencia
que pueden constatarse todos
los días en cada vez más comunidades
y en los medios de
comunicación.
Los frutos de medio siglo
de persecución de las drogas
en México no podrían ser más
amargos: una epidemia de
inseguridad, violencia y corrupción
institucional, incapaz
de contener o reducir el flujo
de enervantes hacia el estable
mercado estadunidense.
Los resultados mexicanos en
detenciones, decomisos o capturas de capos son notables. La
irrelevancia de esos logros ante lo buscado, también. Todas
las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas
y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos
prohibidos.
Los costos locales, en cambio, han sido elevadísimos. Por
ejemplo, en corrupción institucional.
En los años noventa se descubrió que el zar antidrogas de
México era cómplice de uno de los cárteles que combatía. En
el año 2008 fue descubierta la complicidad con el narcotráfico
(Legalización
32 octubre 2010 nexos)
El impacto público de estos crímenes, sin embargo, es
infinitamente superior al de los homicidios del pasado. Aquellos
sucedían en su mayor parte en zonas rurales, por pleitos
agrarios o rivalidades comunitarias. Los de ahora se dan en
centros urbanos estratégicos, con rasgos de brutalidad que
imponen la atención de los medios. La crispación pública y el
daño internacional a la imagen de México (país que pretende
ser un centro de atracción turística) son costos que tampoco
pueden desdeñarse.
La campaña contra las drogas del gobierno de Calderón tiene
números notables. Según las cuentas de un especialista, en
los últimos tres años, al cierre de 2009, se habían destruido 227
laboratorios que procesaban precursores químicos y se habían
decomisado 90 mil kilos de cocaína, 4.8 millones de kilos de
mariguana, cuatro mil 800 kilos de metanfetaminas. El total
de la droga asegurada podría llenar 250 furgones de tren.
Se han incautado 389 millones de dólares de manos de
narcotraficantes, equivalente a una tercera parte de la Iniciativa
Mérida; cerca de 30 mil armas de guerra y 24 mil armas
cortas: más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras
juntos; 22 mil 900 vehículos: más que la flotilla vehicular de
las policías y el ejército de toda Centroamérica; así como 489
aeronaves y 310 embarcaciones.
Se han capturado y extraditado 286 narcotraficantes, la
gran mayoría a Estados Unidos, entre ellos siete grandes
capos, 47 operadores financieros, 60 lugartenientes, dos
mil 61 sicarios y 600 funcionarios corrompidos por la red
criminal.15
Todo esto ha contribuido quizás al único beneficio alegable
por nuestros vecinos: mantener estable o con crecimiento
moderado el consumo de drogas en Estados Unidos. Parece
un beneficio menor para el tamaño del esfuerzo. Respecto de
la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de
las drogas, los mexicanos suelen decir: “Nosotros ponemos
los muertos y ellos ponen los consumidores”. Algo de verdad
hay en esa queja.
México tuvo y tiene sus propias razones para haber emprendido
la batalla contra el narcotráfico. Debía contener el
avance del negocio de las drogas sobre gobiernos y policías
locales que no podían resistir el embate, y que habían dejado
que el crimen alcanzara niveles de impunidad sin precedentes.
La violencia de las bandas en su lucha por rutas y territorios
configuró en los últimos años una crisis de seguridad pública
que linda con la seguridad nacional.
Los gobiernos locales de México son incapaces de administrar
un esquema de tolerancia controlada como el que
funciona en las grandes ciudades estadunidenses. Ciertas
regiones y ciudades del país muestran síntomas de inseguridad
semejantes a los que presentan los Estados fallidos.
El problema de salud pública que amenaza a México por
problemas asociados con las drogas es menor que el de nuestros
vecinos (sólo 6% de mexicanos han probado alguna vez
una droga ilegal,16 contra 47% de estadunidenses17). El asunto
crítico no es de salud, sino de seguridad pública.
La inseguridad que sacude a México nace de las debilidades
de su Estado de derecho y de sus frágiles gobiernos locales.
Pero se dispara por las rentas que obtienen los narcotraficantes
en el mercado ilegal de drogas. Son esas rentas las que permiten
al crimen organizado corromper, reclutar y armarse fuera
de toda proporción.
Debilidad institucional y altas rentas del crimen organizado
no pueden sino conducir a la crisis de seguridad pública
que arrostra México.
Las altas rentas de mercado ilegal de drogas han dado paso
a un crimen organizado capaz de corromper y por momentos
de suplir las funciones del Estado. El Estado mexicano
no parece capaz de enfrentar organizaciones criminales que
capturan rentas tan cuantiosas.
—–
15 Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el narco”, nexos, enero 2010.
16 Encuesta Nacional de Adicciones, 2008.
17 “Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National Findings”,
U.S. Department of Health and Human Services, 2009.
——
¿De qué rentas hablamos?
La expresión narcotráfico reúne en un solo concepto la
producción y tráfico de cuatro variedades de estupefacientes:
la mariguana, la cocaína y sus variantes, los opiáceos derivados
de la amapola, en particular la heroína, y las metanfetaminas
o drogas de diseño.
La cadena de valor de estas drogas explica por sí sola la
razón del tráfico: un reparto exuberante de ganancias.
La mariguana representa el porcentaje mayor del comercio
ilegal de drogas. Llamar a la mariguana droga es una licencia
del lenguaje, pues su secuela tóxica es comprobadamente baja
y aun trivial, por lo menos más que la del alcohol. Un kilo
de mariguana vale en territorio mexicano unos 80 dólares.
La mariguana mexicana, que los consumidores californianos
llaman, despectiva pero al parecer justamente, cannabis shit,
puede alcanzar un valor de mayoreo de dos mil dólares. De
modo que por cruzar la frontera entre México y Estados
Unidos un kilo de mariguana puede aumentar su valor en
mil 920 dólares.
III. Las rentas del crimen
(Informe especial
nexos octubre 2010 33)
Un kilo de pasta de coca en Colombia tiene un valor de
950 dólares. Convertido en base de coca, su valor sube a mil
430 dólares. Vuelto cocaína propiamente dicha, el valor del
kilogramo sube a dos mil 340 dólares. Con ese precio sale de
Colombia, o de Perú o de Bolivia, y va agregando valor conforme
vence las barreras de su persecución. Puesta en alguna
ciudad mexicana de la frontera norte, el valor del kilogramo de
cocaína es ya de 12 mil 500 dólares. En cuanto cruza la frontera
y pisa territorio estadunidense, sube a 26 mil 500 dólares. Una
vez que se divide en gramos y se reparte en sobres o líneas en
las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, el prodigioso
kilogramo de cocaína
puede alcanzar un rendimiento
de hasta 180 mil dólares. Algo
similar sucede en la cadena
que la lleva a Europa. El hecho
significativo para las rentas del
narcotráfico mexicano es que
por pasar la línea fronteriza con
Estados Unidos, un kilo de cocaína
puede dejar una ganancia
de 14 mil 500 dólares.
El ciclo de valor de la heroína
no es menos rentable. México,
que es un histórico productor
de amapola, ha empezado a
incursionar en su transformación
en heroína, el opiáceo más
codiciado del mercado norteamericano.
Un kilo de heroína
tiene en México un valor de 35
mil dólares.18
Cuando cruza la frontera y pisa territorio estadunidense,
su valor sube a 71 mil dólares. Vendido al menudeo
en las ciudades estadunidenses su valor puede llegar a los 131
mil dólares. Por cruzar un kilo de heroína de México a Estados
Unidos alguien puede ganar 26 mil dólares.
Por lo que hace a las metanfetaminas, uno de cuyos componentes
fundamentales es la seudoefedrina, puede decirse lo
siguiente: en el año 2005, un kilo de seudoefedrina puesto en el
puerto mexicano de Lázaro Cárdenas-Las Truchas tenía un valor
de 40 centavos de dólar. En 2009 el valor de un gramo de metanfetaminas
de alta calidad en las calles de las grandes ciudades
estadunidenses valía 110 dólares: 110 mil dólares por kilo.19
No hay cifras precisas del volumen de mariguana, cocaína,
heroína o metanfetaminas que los narcotraficantes
mexicanos pasan a Estados Unidos. De hecho, como hemos
apuntado antes, no hay cifras precisas sobre el mercado global
de enervantes. Según la Oficina de la Casa Blanca para
la Política de Control de Drogas, en el año 2006 los ingresos
totales del narcotráfico mexicano eran de 13 mil 800 millones
de dólares. El 60% de esa cantidad, ocho mil 600 millones de
dólares, correspondía al tráfico de mariguana.20
Hay quienes rechazan estas cifras como ilusorias, porque no
son consistentes con el volumen del mercado estadunidense
de consumo de la yerba. Nadie niega, sin embargo, que la
mariguana es una parte sustantiva del caudal.
De ahí el impacto extraordinario
que podría tener sobre
todo el cuadro la posible legalización
plena de la mariguana
que los ciudadanos de California
decidirán en un plebiscito el 2
de noviembre próximo. Podría
ser la bandera de salida para
una legalización equivalente en
México que golpearía un alto
porcentaje de los ingresos del
crimen organizado.
Respecto de la cocaína, según
la ONU, el traslado en la frontera
de México a Estados Unidos es
de 191 toneladas por un valor de
tres mil millones de dólares.21 La
producción de heroína en México
se calcula en 38 toneladas por
un valor de 1.3 mil millones de
dólares.22 En su informe más reciente, el Departamento de
Justicia estadunidense advierte sobre un crecimiento en las
cantidades de metanfetaminas provinientes de México pero no
aventura una cifra sobre el volumen del tráfico. Registra sólo
un aumento enorme de los decomisos en la frontera: dos mil
820 kilogramos en 2008 y cinco mil 197 kilos en 2009.23
Puesto todo junto, hablamos de un crimen organizado cuyas
rentas totales probablemente han aumentado de los 13 mil
800 millones de dólares de 2006 a por lo menos unos 15 o 16
mil millones en 2010, cantidad que está muy lejos de las cifras
estratosféricas que suelen manejarse (29 mil, 35 mil millones
de dólares), aunque es enorme si se piensa en la compra de
policías que ganan 300 dólares al mes y sicarios que pueden
matar a alguien por 500 dólares.24
18 Peter Reuter calcula que un kilo de opio no procesado en México pude valer entre dos
mil y cinco mil dólares. México se ha convertido en el tercer productor de opio en el
mundo durante los últimos años, y entre Colombia y México proveen alrededor de dos
terceras partes del consumo de heroína de Estados Unidos. Reuter, op. cit., 2010.
—–
19 “National Methamphetamine Threat Assessment 2010”, U.S. National Drug Intelligence
Center, Department of Justice, 2010.
20 “National Drug Control Strategy”, Office of National Drug Control Policy, The White
House, 2006.
21 Keefer et al., op. cit.
22 Cálculos hechos a partir de UNODC, 2010.
23 National Drug Intelligence Center, op. cit.
24 El Departamento de Estado pone las cifras del ingreso de narcotraficantes mexicanos
en rango muy amplio: entre ocho mil y 25 mil millones de dólares. El promedio sería
16 mil 500 millones de dólares. International Narcotics Drug Control Strategy, 2010, U.
S. State Department, 2010.
(Legalización
34 octubre 2010 nexos)
IV. Libertad y seguridad
precio. Frutos lógicos de este mercado ilegal son criminales
violentos con acceso a un flujo persistente de dinero.
Quien quiera revertir esta poderosa fuerza nacida de los
mercados ilegales tendrá que golpear los ingresos exorbitantes,
que permiten a los narcos corromper, reclutar y armarse como
ninguna fuerza ajena al Estado ha podido hacerlo desde la
Revolución mexicana de 1910. No establecemos el símil para
sugerir que el narcotráfico va a hacer una revolución, sino
para subrayar que es un poder con una gran autonomía relativa,
derivada de sus rentas ilegales.
Las posibilidades de cortar esas
rentas por la vía financiera institucional
son tan ilusorias en México
como en los países consumidores.
En los últimos tres años sólo han
sido retenidos como ingresos atribuibles
al narcotráfico unos 411 millones
de dólares.25 El Departamento
de Estado calcula que los cárteles
mexicanos lavan al menos ocho mil
millones de dólares al año. El gobierno
mexicano sólo ha procesado a 90
criminales entre 2006 y 2009 por
lavado de dinero.26
El otro camino para tocar el corazón
económico del narcotráfico es
reducir el margen de ganancia que da la prohibición. La prohibición
es lo que hace que un kilo de mariguana en México
valga 80 dólares, mientras ese mismo kilo vale dos mil dólares
en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza
mexicana 12 mil 500 y 26 mil 500 en la vecina ciudad
estadunidense; que un kilo de heroína valga en México 35 mil
dólares y 71 mil en Estados Unidos.27
Terminar la prohibición, legalizar las drogas, es el único
camino cierto a la reducción de las rentas ilegales del tráfico
y del consiguiente poder, violento y criminal, de los
narcotraficantes.
Los argumentos en favor de la legalización circulan amplia
e inteligentemente por el mundo.
Hay argumentos de principios. Van del alegato liberal
clásico según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y el
Estado no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe
mientras esa conducta no perjudique a terceros (John Stuart
Mill), hasta el argumento económico clásico, según el cual la
represión de la demanda crea mercados paralelos y precios
artificiales que otorgan por la vía del crimen lo que la sociedad
prohíbe con la ley (Milton Friedman).28
Países productores y de paso como México han de añadir el
argumento de los costos adicionales que pagan para reprimir
—–
25 Secretaría de Gobernación, op. cit.
26 U.S. State Department, op. cit.
27 UNODC, op. cit., 2010.
28 “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu el individuo es soberano […] Cada
uno es guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad
sale más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándole a vivir
a la manera de los demás”, John Stuart Mill, Sobre la libertad, 1869.
—–
La capacidad de corrupción, reclutamiento y armamento que
permiten las altas ganancias del mercado ilegal de drogas
han vuelto al narcotráfico mexicano una fuerza criminal extraordinaria.
El narco es a la vez un poder paralelo, una fuerza
económica, una red de oportunidades de riesgo, una fuente
de sociabilidad ilegal y una provincia legendaria del de por sí
legendario territorio de la violencia mexicana.
La violencia del narco es característica de los mercados
ilegales. Prohibición y persecución elevan los precios del
producto ilegal. Los participantes del
mercado corren los riesgos comunes
a todos los negocios y además riesgos
altos de “expropiación” y de “incumplimiento
de contratos”. Pueden ser
interceptados por la policía o tener
un cómplice que no cumple su parte.
En ambos casos cuesta.
La intercepción puede ser legal
o tomar la forma de pactos de extorsión/
corrupción que otorgan
“derechos” informales de paso. De
ahí la aspiración de control territorial
de los cárteles: quieren ejercer
“derechos” monopólicos de paso y
mantener las rentas altas, sin competencia.
Si otro cártel quiere pasar,
debe construir su propia red de protección, corromper a otros
funcionarios públicos o pelear los “derechos” con violencia.
El “incumplimiento de contratos” también cuesta. Los
acuerdos entre criminales son de “honor” porque no hay institución
externa que garantice el cumplimiento de sus acuerdos.
Un traficante puede acordar con otro un precio y una cantidad,
pero ninguno de los dos puede ser obligado por un tercero a
cumplir, como en los contratos legales.
Para que se cumpla un acuerdo “de honor” hay que elevar
los costos de incumplimiento, de modo que convenga cumplir.
El costo más alto a pagar es la vida misma. Por eso, todo
narcotraficante que se dé a “respetar” debe tener una pistola
en la mano y usarla cuanto sea necesario.
El riesgo eleva las rentas de los que evitan la expropiación y
el incumplimiento, pues la demanda es estable: quien salve los
obstáculos, encontrará compradores dispuestos a pagar un alto
(Informe especial
nexos octubre 2010 35)
Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento liberal,
porque el Estado no puede prohibir a nadie que haga lo
que no daña a terceros. Hay que legalizar todas las drogas, dice
el argumento de la seguridad, porque la renta ilegal de una sola
de sus variedades bastaría para sostener el poder de corrupción,
reclutamiento y violencia de los narcotraficantes.
—–
29 A lo largo de la historia han cambiado las diversas evaluaciones científicas que se hacen
sobre los riesgos y daños de cada droga, aunque con cierta lentitud parece que hay aproximaciones
en la ruta de un consenso. Sobre este tema, creemos que una referencia valiosa
es el índice publicado en el año 2007 en la revista académica de medicina The Lancet
sobre los daños físicos, de dependencia, y sociales que puede causar el abuso de ciertas
drogas. Sobre las drogas aquí tratadas, el orden de nivel de daño es el siguiente, según el
índice mencionado: 1) heroína, 2) cocaína, 3) anfetaminas, 4) mariguana, 5) éxtasis. Vale
la pena señalar, que en el mismo índice, el tabaco y el alcohol son considerados drogas
más dañinas que la mariguana. David Nutt, Leslie A. King, William Saulsbur, Colin
Blakemore, “Development of a Rational Scale to Assess the Harm of Drugs of Potential
Misuse”, The Lancet, 2007 (369): 1047-53.
30 “After the War on Drugs: Blueprint for Regulation”, Transform Drug Policy Foundation,
2009. http://www.tdpf.org.uk
31 En el Distrito Federal, en marzo de 2008 el entonces diputado local Víctor Hugo Círigo,
presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa (ALDF) para despenalizar el
cultivo, tráfico, y consumo de mariguana manteniendo ciertos controles por parte del
Estado. En la propuesta se incluye un límite de cinco gramos a la venta individual, se
restringe el consumo a lugares cerrados con licencia en los que no se pueden consumir
alcohol, un límite a la producción casera de mariguana de cinco plantas, se prohíbe toda
publicidad, y los puntos de venta y consumo debería de estar por lo menos a un kilómetro
de distancia de los centros escolares. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3º, 4º, 13, 17, 192,
198, 199, 237, 245, EL TÍTULO DEL CAPÍTULO XI DEL TÍTULO DUODÉCIMO Y
SUS ARTÍCULOS 289, 308 BIS, 421Y 464, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD
(ALDF, 2008). CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 289, 308 BIS,
421Y 464, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD (ALDF, 2008).
ese mercado. Al tratar de reprimir lo irreprimible, se pierden
de un bien público, la seguridad, cuya inexistencia hace inimaginables
el desarrollo, el equilibrio social, la vida civilizada
o la libertad.
La seguridad es aquí el piso de la libertad: una sostiene a
la otra.
V. Legalizar: Droga por droga
Quien dice legalizar, dice, en realidad, regular.
Cada una de las drogas que persigue el consenso punitivo
tiene valores psicotrópicos, riesgos médicos y efectos sociales
distintos. No puede darse el mismo trato legal a drogas suaves
como la mariguana, a drogas duras como la cocaína y la
morfina, y a siniestros derivados de las drogas duras como el
crack o el crystal meth.29
Regular implica separar los mercados de drogas y proteger
a los consumidores permitiéndoles consumir con acceso a
buena información sobre los riesgos. La Transform Drug
Policy Foundation ha propuesto en los últimos años distintos
esquemas de regulación según los riesgos.30
Veamos droga por droga.
Mariguana. La mariguana es la más comprobadamente
inocua de las drogas prohibidas, inferior en todas sus consecuencias
al alcohol, al cigarrillo y a muchos fármacos que
se expenden legalmente con receta. Acusa también una
propensión relativamente menor a generar dependencia o
adicción. La regulación de la mariguana debería seguir las
experiencias del mercado legal de tabaco y alcohol. El producto
debe dar al usuario información sobre sus ingredientes
activos (la proporción de THC, tetrahidrocannabinol) y
garantizar la ausencia de productos químicos dañinos en
su elaboración.
Es necesario distinguir entre mariguana ingerida y fumada
y dar al consumidor información sobre la dosis recomendada.
El producto debe alertar explícitamente sobre los daños
a la salud que ocasiona su consumo. Los precios deben estar
gravados con fuertes impuestos y su publicidad debe estar
restringida o prohibida. Debe crearse un sistema de licencias
de venta, como con el alcohol, para que la autoridad pueda
escoger las zonas de comercio (lejos de las escuelas, por ejemplo)
y el número de establecimientos.31
Cocaína. Basada en la hoja de coca, el consumo recurrente
de cocaína genera daño físico y psicológico, en particular en
personas con un consumo problemático y en adictos. Una
de las características del mercado ilegal de cocaína es que
termina siendo un producto caro que pocas veces se consigue
en su forma pura, normalmente se adquiere mezclado con
otros ingredientes tóxicos. Al regular su venta, la autoridad
debe exigir 100% de pureza, como si se tratara de un medicamento,
y el uso de ingredientes no dañinos para diluirla.
Los puntos de venta deberían estar restringidos a farmacias,
su publicidad prohibida y la droga sólo sería accesible a
mayores de edad.
La producción debe estar en manos del Estado o de un solo
intermediario designado por las autoridades sanitarias. Para
dar ayuda médica a los usuarios que pudieran requerirla y
para mantener un control explícito del mercado, es necesaria
la identificación del usuario y un esquema de venta con límites
de consumo. Esto implica un sistema de licencias negativas
para los consumidores: cualquier adulto puede obtener una
licencia de consumo, pero el que incurra en un uso problemático,
consuma en lugares públicos o dañe a terceros (chocar
bajo el efecto de la cocaína, por ejemplo), puede perder el
derecho a la compra legal.
(Legalización
36 octubre 2010 nexos)
La regulación de la cocaína implica la de sus derivados. Algunos
de ellos, más fuertes y peligrosos, como el crack, y otros
con menos riesgos y menos potencia como el té de coca.
Opiáceos. Heroína, morfina. El objetivo principal de la regulación
de productos derivados del opio debe de ser la reducción
del daño y su disponibilidad para efectos terapéuticos.
Se deben tomar las medidas necesarias para que los adictos
puedan tener un acceso seguro y controlado, bajo supervisión
médica. Esto implica que su consumo sería bajo receta médica,
y con el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de los
consumidores. El control sanitario de los consumidores ha
probado ser efectivo para sustituir opiáceos fuertes, como la
heroína, por opiáceos sintéticos que aminoran la dependencia
y el comportamiento criminal asociado a la adicción.
La producción y venta debe mantenerse bajo estricta regulación
estatal, como ya sucede de hecho con
el 50% de la producción mundial de opio:
es parte del mercado farmacéutico.
Una formulación precisa para el mercado
de heroína es la que ha hecho el
académico Jim Leitzel.32 Leitzel propone
que el Estado controle la producción y
venta, y que otorgue a ciertas personas
licencias de consumo que sólo serían
entregadas a quienes cumplieran ciertos
requisitos como el conocimiento sobre
el daño y las implicaciones de su uso. A
su vez, las ventas sólo podrían hacerse
de manera diferida. Así, el usuario no
sólo tendría un límite total de consumo en cierto periodo, y
posible seguimiento médico, sino que tendría que “planear”
su consumo para demostrar que no está incurriendo en un
consumo problemático consecuencia de una adicción.
La regulación de la heroína también permitiría controlar
mejor la epidemia de VIH, como lo han pedido médicos y
científicos en el mundo a través de la Declaración de Viena.33
El cambio de jeringas y la garantía de condiciones sanitarias
por parte del Estado evitaría que los usuarios compartan jeringas
y corran un riesgo innecesario de contagio.
Un apunte aparte merecen opiáceos como la morfina
que, por extensiones ciegas de la prohibición, no llegan a
enfermos terminales para aliviar agonías irremisiblemente
dolorosas. Actualmente, cerca del 80% de los enfermos no
tiene el acceso necesario a medicamentos para atender el
dolor moderado o severo. Esto representa una violación de
derechos humanos pues, según Naciones Unidas, los Estados
tienen la obligación de evitar que las personas sufran tratos
crueles e inhumanos.34
El 93% de la producción global de morfina se consume en
Norteamérica, Japón y Europa.35 En el año 2000, México estaba
en la lista de los países con menor acceso a medicamentos
para el dolor. El contraste es impactante. El uso per cápita de
morfina legal al año en Dinarmarca era de 69 miligramos, el
promedio global era de seis mligramos y en México de .01
miligramos.36
Las variantes menos riesgosas y dañinas del consumo de
opio, como el opio fumado, pueden pensarse dentro de esquemas
de regulación menos restrictivos.
Metanfetaminas. Aunque es un mercado más pequeño, el de
las metanfetaminas puede ser más difícil de regular, porque
muchas de ellas de hecho son legales y
ya están reguladas como medicamentos
cuya venta requiere receta médica. Sin
embargo, la excesiva regulación hace que
dominen el mercado ilegal las variantes
más potentes y las de contenido más incierto.
Una forma de disminuir la venta
ilegal es permitiendo la venta sin receta
de las variantes más débiles y de efecto
retardado, para que quienes decidan
consumir anfetaminas, antes de recurrir
al mercado ilegal, acudan a un mercado
legal en el que pueden obtener información
sobre los usos de mayor riesgo.
El éxtasis debe ser tratado de manera distinta debido a que
sus efectos físicos y psicológicos no son los mismos que los
de otras anfetaminas. Hay poca información sobre los efectos
de largo plazo del éxtasis debido a su prohibición, pero lo
que se sabe hasta el momento es que en muy pocas personas
genera daño físico o psicológico permanente. El riesgo más
grave vinculado al éxtasis es la ausencia total de información
sobre su contenido. Considerando esto, su producción legal
podría por lo menos garantizar que el producto consumido
sea MDMA,37 y se pueda ofrecer información sobre el riesgo
y daño que implica su consumo.
Un riesgo mayor es la deshidratación. Otro, contraer matrimonio
bajo su influencia, pues el efecto del éxtasis es borrar
barreras emocionales y potenciar adhesiones afectivas. Se
aconseja informalmente esperar seis semanas luego de haberlo
probado antes de casarse.
—–
32 Jim Leitzel, Regulating Vice: Misguided Prohibitions and Realistic Controls, Cambridge
University Press, 2007.
33 Declaración Oficial de la XVIII Conferencia Internacional de SIDA 2010. http://www.
ladeclaraciondeviena.com
34 “Por favor, no nos hagan sufrir más… El acceso al tratamiento del dolor como derecho
humano”, Human Rights Watch, 2009. www. hrw. org/es/node/ 81898/ section/1
35 “Estimated World Requirements of Narcotic Drugs for 2009”, International Narcotics
Control Board, United Nations, 2009.
36 David E. Joransen, “Improving Availability of Opioid Pain Medications: Testing the
Principle of Balance in Latin America”, Innovations in End-of-Life Care. 2003; 5(1).
37 Metilendioximetanfetamina, la sustancia activa en el éxtasis.
(Informe especial
nexos octubre 2010 37)
Los beneficios de la legalización pueden enunciarse con
relativa sencillez, lo que no quiere decir que sean inobjetables.
Son, sí, otra perspectiva del problema, un camino
alternativo al aparente callejón de salida de las sociedades
contemporáneas que combinan avidez privada y prohibición
pública de drogas.
Convendría reconocer que no existe ni existirá un mundo
sin drogas. Puede existir sólo un mundo con control razonable
sobre las drogas.
Beneficios. La legalización tendría un efecto serio sobre los
márgenes de ganancia del crimen organizado: reduciría su
capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia.
Reduciría también los conflictos y la inestabilidad política
en los países productores y de paso.
Reduciría los costos sociales poniendo fin a una de las causas
principales del crimen y de la prostitución callejeros.
Reduciría el tamaño de la población carcelaria no violenta.
Abriría un espacio a la regeneración de barrios pobres,
tomados por el narcomenudeo en innumerables ciudades del
mundo desarrollado y del no desarrollado.
Liberaría una enorme cantidad de recursos públicos dedicados
hoy a la persecución, para canalizarlos a la educación
y la salud, en un entorno de mayor transparencia sobre los
efectos del consumo de drogas en las costumbres y la conducta
de la población.
Países de producción y paso como México podrían concentrar
sus esfuerzos de seguridad pública no en perseguir
el tráfico, sino en contener los crímenes que afectan la vida
diaria de los ciudadanos: homicidio, secuestro, extorsión. Y a
contener las actividades de un crimen organizado de proporciones
controlables.
Garantizaría, como sucede con el alcohol, la calidad industrial
o química de los estupefacientes, y la responsabilidad
pública, como negociantes legales, de los encargados de satisfacer
la demanda.
Para México la legalización tendría un beneficio político
adicional: las drogas desaparecerían de la agenda bilateral con
Estados Unidos, reduciendo significativamente los conflictos
con ese gobierno.
Lo que la legalización no puede resolver es la existencia de
usuarios de consumo problemático o adictivo, que se enganchan
en las drogas con daños irreparables, a veces mortales,
para su salud.
Tampoco resuelve los problemas subyacentes al abuso
de las drogas: pobreza, desempleo, falta de oportunidades,
trastornos mentales.
Tampoco termina con el crimen organizado. Puede suceder
incluso que durante un tiempo aumenten las actividades
criminales de grupos despojados de sus rentas y ansiosos de
volver a ellas. Pero los gobiernos dispondrán de más recursos
para lidiar con el problema y el crimen organizado tendrá
menos para crearlo.
En todo caso, nadie propone la legalización como una panacea,
sino como una elección pública de un “mal menor”.
Legalizar las drogas en el sentido apuntado de regularlas
implica un riesgo y tiene un costo. Nadie puede decir que es
inocua y que no planteará problemas de consumo, adicciones
y otras “consecuencias no buscadas”.
Quizá el alegato más sólido contra la legalización de la
heroína y cocaína sea el de James Q. Wilson: “Against Legalization
on Drugs”, cuya lectura es obligada para los interesados
en el debate sobre el tema.38
Maleficios. Los argumentos inteligentes contra de la legalización
suelen basarse en dudas sobre sus beneficios.
En primer lugar, está el argumento de qué hará el crimen
organizado cuando se vea ahogado por la falta de grandes ganancias.
¿Se extenderá criminalmente a otros delitos como el
secuestro y la extorsión? ¿La legalización puede traer consigo
un aumento de crímenes distintos al narcotráfico? ¿Veremos
consolidarse una gigantesca astronomía de mafias dedicadas
a extorsionar a los ciudadanos ya que no obtienen ganancias
de los consumidores de enervantes?
—–
38 James Q. Wilson, “Against the Legalization of Drugs”, Commentary Magazine, febrero,
1990.
VI. Legalizar: Beneficios y maleficios
(Legalización
38 octubre 2010 nexos)
Creemos que no, por la naturaleza misma del crimen que
se persigue. La diferencia entre el narcotráfico y crímenes
como la extorsión o el secuestro, es que en la narcoventa
los delincuentes gozan de la complicidad de sus víctimas.
Los consumidores de drogas prohibidas quieren consumir,
buscan a sus proveedores: son la mitad activa del delito. Los
secuestrados y extorsionados, no. Todo lo contrario: huyen de
sus victimarios. Para los criminales es más riesgoso, y al final
menos rentable, obtener una ganancia de quien los rehúye
que de quienes establecen con ellos un acuerdo voluntario de
comercio para comprar drogas ilegales.
A diferencia del consumidor de drogas, las víctimas de
secuestro o extorsión buscan como aliada a la autoridad que
puede protegerlos, no a los narcotraficantes que les venden
lo que quieren.
Si se legalizan las drogas, quizá los narcotraficantes busquen
el negocio en otros crímenes. Pero la diferencia en las rentas,
en los riesgos y en el interés de las víctimas, permite suponer
que fuera de la lógica de las drogas prohibidas el crimen organizado
no tendrá el poder corruptor, la capacidad de violencia
ni la complicidad social de que goza.
En segundo lugar está la pregunta obvia: ¿por qué un
mercado legal regulado no daría lugar también a un mercado
negro no regulado?
Seguramente sí. Pero los volúmenes, los márgenes de ganancia
y la cantidad de personas involucradas en el crimen
organizado serían mucho menores. Quienes decidan participar
en el mercado enfrentarán menos costos si lo hacen legalmente
y tendrán ganancias menores pero más estables. Querrán evitar
los costos de violencia que hay en los mercados ilegales.
Habrá, sin duda, mercados negros, como los hay del alcohol,
del tabaco, de las medicinas, y piratería de otros productos.
Pero, ¿tienen esos mercados negros las mismas consecuencias
que el mercado ilegal de drogas? Es obvio que no, porque la
regulación y las leyes importan. Pueden no cumplirse, pero
eso no implica que su cumplimiento no genere beneficios, y
su incumplimiento, costos.
En tercer lugar, está el argumento del efecto de largo plazo
de un mercado legal de más sustancias tóxicas disponibles
para una sociedad que de por sí vive en altos niveles tóxicos y
con severas consecuencias de adicciones con sustancias que
ya son legales.
Aunado a esto, hay indicios de que el consumo de ciertas
drogas, incluyendo el alcohol, generan cierto tipo de crímenes,
violentos o imprudenciales.
Quienes abogamos por legalizar el mercado de drogas
pensamos que sus riesgos y daños pueden ser mejor atendidos
mediante la regulación, la información y la educación.
El esquema prohibitivo ha hecho que nuestras sociedades
renuncien a educarse a sí mismas en el daño que pueden
causarle las drogas. La experiencia del tabaco y el alcohol, que
generan daños a la salud, es que con información y políticas
públicas pueden controlarse las consecuencias negativas.
En el largo plazo, tal vez una de las lecciones más interesantes
es que el consuno de drogas no depende sólo de su
disponibilidad. Hay pruebas en diferentes sociedades de que
las drogas, pese a ser muy accesibles, mantienen un nivel de
consumo bajo. Hay casos también de países en que la prohibición
y las medidas punitivas han sido estrictas y, pese a ello,
el consumo siguió elevándose.
Por lo demás, es la prohibición lo que ha dado paso a las
drogas más dañinas del mercado ilegal. Drogas rebajadas y
de elaboración casera, como el crack y el crystal meth, que
son más nocivas que otras, probablemente nunca se hubieran
inventado si la prohibición no hubiera elevado los costos de
consumir drogas más puras.
En cuarto lugar está la preocupación del efecto que la oferta
legal de enervantes podría tener sobre los jóvenes.
Es una preocupación válida. Si algo hay que regular con
cuidado es precisamente el acceso de los jóvenes a las drogas.
Entre más joven empieza una persona a consumir drogas legales
o ilegales, mayores son las posibilidades de que desarrolle
hábito o adicción. El fin de la prohibición implicaría que los
espacios de socialización de los niños y adolescentes ofrezcan
información abundante sobre el peligro que entraña el consumo
de drogas. El entorno familiar y la escuela deben jugar
un papel fundamental en la educación relativa al consumo de
drogas, y no sólo, como hoy, en ignorarlas.
VII. Espejos: Holanda y Portugal
No se puede proponer un cambio de política pública sin
tener una idea clara de sus consecuencias. La prohibición
universal, en el último siglo, ha dejado poco espacio a la
experiencia. A la pobreza de información se suma la escasez
de ejemplos comparables de legalización y regulación en las
sociedades modernas.La experiencia mexicana es particularmente
limitada. Hay información de que la regulación del
tabaco está cumpliendo sus objetivos en materia de protección
a la salud. Durante la última década se ha usado una
combinación de estrategias para reducir el tabaquismo: alza
de impuestos, campañas de concientización, restricciones
publicitarias y de lugares de consumo. El resultado ha sido
una reducción del número de fumadores activos. Entre 2002
y 2008 se redujeron cerca de 5%.39
(Informe especial
nexos octubre 2010 39)
La experiencia del tabaco nos muestra que es mejor regular
de manera inteligente que prohibir a ciegas. En el Distrito
Federal, en donde está prohibido fumar en restaurantes,
bares y otros lugares cerrados, tras dos años de aprobada la
regulación, diversos estudios muestran que se ha reducido
sustancialmente el número de personas expuestas al humo de
tabaco cotidianamente, que han disminuido las concentraciones
de nicotina en restaurantes y
bares, y que el Estado ha tenido
la capacidad de aplicar las disposiciones
regulatorias.40
Los límites de esta analogía
estriban en que, más allá de
los daños a la salud, en la regulación
del tabaco no existen
consecuencias comparables
con la prohibición de drogas.
Debemos acudir a experiencias
de otros países y a las lecciones
de la historia.
Referimos en este apartado
la experiencia de los Países
Bajos y Portugal. El tema del
siguiente son las lecciones de
la prohibición del alcohol en
Estados Unidos. Por último, establecemos
una analogía con las
apuestas y juegos de azar que en México estuvieron sometidos
a un régimen de prohibición.
Holanda: 1976-2010. Uno de los casos más famosos de legalización
de facto del consumo, posesión y venta de mariguana
es el de Holanda. A mediados de los años setenta, tras los reportes
de dos comisiones especializadas, el gobierno holandés
llegó a la conclusión de que la mariguana y el hashish seguirían
siendo ilegales pero no se perseguiría su venta individual, ni
tampoco su posesión y consumo. Así empezó una política de
no persecución penal que con el tiempo se convirtió en una
legalización de facto a través de una regulación estricta. Esta
regulación impuso a los puntos de venta y consumo (los llamados
coffee shops), cinco reglas básicas para ser tolerados: 1)
estaba prohibido anunciarlos, 2) en esos locales no se podría
consumir alcohol, tabaco y otras drogas legales, 3) las ventas
por persona (mayores de edad) no deberían exceder de cinco
gramos, y el establecimiento no podría tener más de 300
gramos del producto, 5) no se tolerarían disturbios públicos
en o alrededor de los establecimientos. La regulación es descentralizada:
son los gobiernos locales los que deciden cuántas
licencias distribuyen y con qué requisitos.
¿Consecuencias? Hay dos lecturas, no necesariamente incompatibles.
La primera es que al aceptar un “oasis de drogas”
en un contexto global de prohibición, se generó una corriente
de “narcoturismo”, y se degradaron la aplicación de la ley y las
reglas de convivencia alrededor
de los coffee shops. Distintos
gobiernos locales decidieron
imponer más restricciones y reducir
el número de licencias.
La segunda lectura es que
desde la legalización de facto en
1976, la incidencia en el consumo
de mariguana en el año 2000 era
básicamente igual en Ámsterdam
que en Estados Unidos.41 En 2004
la incidencia anual y la prevalencia
a lo largo de la vida de uso de
mariguana en Holanda eran más
bajas que en Francia, Inglaterra,
Estados Unidos y Canadá.42
Una consecuencia digna de
subrayarse es la separación de
los mercados de drogas duras
y drogas suaves. Quien busca
consumir mariguana en Holanda no tiene que entrar en
contacto con el mercado de drogas duras (cocaína y heroína),
como sucede cuando todas circulan dentro del mismo
mercado ilegal.
Buena parte de los problemas en torno a los coffee shops
están vinculados al carácter ilegal del cultivo y la venta al mayoreo.
Este problema se conoce como el de la “puerta de atrás”: los
coffee shops venden por la puerta de enfrente “legalmente” un
producto que por la puerta de atrás adquieren ilegalmente.43
Portugal: 2001-2010. El caso de Portugal ha cobrado relevancia
a partir de la publicación, el año pasado, por parte del
prestigiado, conservador, Instituto CATO,44 de una evaluación
de la política de descriminalización de las drogas.
En 2001 el gobierno portugués promulgó una ley en la que
explícitamente descriminaliza el consumo y la posesión para
consumo personal de todas las drogas. “Consumo personal”
se entiende como la cantidad promedio para el uso de una
persona por 10 días. Descriminalizar significa que aunque
—–
39 Encuesta Nacional de Salud, 2002.
40 Alejandro Madrazo Lajous, “Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el
Distrito Federal: marcando la pauta en la protección de la salud”. Para la Libertad; Siete
Leyes Históricas de la IV Legislatura, ALDF, 2009.
41 Estas son las conclusiones extraídas a partir del análisis de varias encuestas comparadas
en MacCoun y Reuter, op. cit., 2001.
42 Reuter y Trautmann, op. cit.
43 Tom Blickman y Martin Jelsma, “La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas
en Europa y Estados Unidos”, Nueva Sociedad, no. 222, julio-agosto de 2009.
44 Glenn Greenwald, “Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and
Successful Drug Policies”, CATO Institute, 2009.
—–
(Legalización
40 octubre 2010 nexos)
se mantiene una sanción, ésta no pertenece al campo de la
justicia criminal. Cuando un policía encuentra a alguien consumiendo
en flagrancia le da un citatorio para que se presente
en la Comisión de Disuasión. Esta comisión puede imponer
sanciones en forma de multas, enviar a tratamiento a quien
esté incurriendo en un uso problemático de drogas, o simplemente
suspender el procedimiento sancionatorio y entregar
información al infractor sobre los riesgos del uso de drogas,
advirtiéndole sobre las sanciones en caso de reincidencia.
Hasta 2005, en la gran mayoría de los casos, el procedimiento
se había suspendido. El gobierno portugués impuso
el sistema de descriminalización con el objetivo de mejorar
la atención del problema de salud pública de las drogas y
controlar mejor su consumo.
Según el reporte del Instituto CATO, el uso de drogas ha
disminuido en casi todas las categorías en Portugal y aumentado
levemente sólo en algunas, entre personas mayores.
Entre los jóvenes de 13 a 15 años la prevalencia se redujo de
14.1% a 10.6%. Entre los jóvenes de 16 a 18 años en el mismo
periodo se redujo de 27% a 21%. Estos son los grupos de
edad que se consideran más propensos a adquirir hábitos de
consumo o adicciones.
En términos relativos frente a Estados Unidos y el promedio
europeo, Portugal mantiene índices de incidencia particularmente
bajos. Se han reducido de manera importante las
detenciones por tráfico de drogas, como consecuencia de una
reducción del tamaño del mercado ilegal.
En México se dieron pasos importantes hacia este tipo de
legislación. La ley de 2009 buscó romper con la estigmatización
criminal de consumidores y adictos que poseía el esquema
anterior. Sin embargo, algunos analistas consideran que los
límites legales de posesión y consumo en México son ridículamente
bajos (cinco gramos de mariguana, dos gramos de
opio, cinco gramos de cocaína, .05 gramos de heroína y .04
de anfetaminas) y que la penalización para quienes rompen de
manera moderada estos límites es excesiva.45
—–
45 Blickman, op. cit. Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio Angles, “México: Ley
contra el narcomenudeo, una apuesta dudosa”, Transnational Institute, Washington Office
on Latin America, octubre, 2009.
46 La adicción al juego, al igual que la adicción a las drogas, está relacionada con la
reducción del impulso del control. Patricia Ortega, Beatriz Vázquez y Lucy Reidl, “Ludopatía”,
en Juegos de azar. Una visión multidisciplinaria, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, 2010.
47 Leitzel, op. cit.
48 Daniel Okerent, Last Call: The rise and fall of prohibition, Scribner, 2010.
—–
VIII. Espejos: El alcohol y el juego
Los mercados ilegales de productos que pueden ser dañinos
para la salud son particularmente difíciles de controlar.
Esto se debe, como hemos apuntado, a que son mercados de
delitos “transaccionales”, es decir, crímenes en los que las víctimas
no se alejan ni huyen de sus victimarios; por el contrario,
ambos se buscan tratando de evadir a un tercero. La “víctima”
es cómplice del “victimario”, y los dos huyen de la autoridad
para llevar a cabo su trato.
Abordamos a continuación dos ejemplos cercanos: uno
celebérrimo, el de la prohibición de alcohol en Estados Unidos;
otro, apenas conocido, el de las apuestas y juegos de azar
en México. Ambos “productos”, el alcohol y el juego, pueden
generar hábitos o dependencia (alcoholismo, ludopatía46), y su
prohibición hace que las transacciones relacionadas con ellos
se lleven a cabo en un contexto de desconfianza, intercambio
de grandes sumas de dinero y el posible incumplimiento de
acuerdos, al igual que en el mercado de drogas.
La prohibición de alcohol en Estados Unidos: 1920-1933. Es
muy frecuente la analogía entre la prohibición de alcohol en
Estados Unidos en los años veinte y la política actual contra
las drogas. En 1920 el Congreso estadunidense aprobó una
enmienda constitucional que prohibió la venta de alcohol en
el país, aunque dejó el grueso de la regulación en manos de los
gobiernos locales. No se prohibió el consumo o la posesión de
alcohol, pero sí su producción y venta.
Las evaluaciones que se han hecho sobre el tema muestran
que hubo una reducción sustancial en el consumo de alcohol
en los primeros años. También, una caída importante en las
muertes y enfermedades crónicas vinculadas al alcoholismo.
La prohibición, aunque no erradicó el alcohol, sí hizo más
difícil y caro su consumo.47
Hubo, sin embargo, “consecuencias no buscadas”.
La primera y más documentada fue la aparición de organizaciones
criminales de alcance nacional. Crimen organizado
había antes de la prohibición. Pero cuando la ley estableció el
mismo mercado prohibido para todos los rincones del país,
las organizaciones criminales capturaron el mercado nacional
de tráfico. De este modo adquirieron la forma de “mafias” o
“cárteles”: no eran pequeños grupos actuando de manera aislada,
sino organizaciones con aspiraciones oligopólicas basadas
en el control de territorios y rutas, mediante la corrupción
del sistema policial y el uso de la violencia.48 La prohibición
permitió que la Mafia deviniera organización nacional.
La segunda consecuencia no deseada fue el aumento en el
nivel de homicidios en Estados Unidos conforme la prohibi
(Informe
especial
nexos octubre 2010 41)
ción se ejecutaba por la fuerza. El aumento cuantitativo fue
acompañado por formas terribles de ejecución, y de “envío” de
mensajes entre las bandas criminales, los cuales fueron cada
vez más creativos y grotescos.
La tasa de homicidios pasó de 12 por cada 100 mil habitantes
en 1929, a 16 por cada 100 mil habitantes en 1933.49 Hay
distintas interpretaciones sobre el descenso en el número de
homicidios a partir de este último año, pues es difícil atribuir
el cambio a un solo factor. El hecho es que los homicidios
crecieron durante la prohibición, entre 1920 y 1933, y descendieron
al terminar ésta,
hasta llegar en 1940 a una
tasa menor a la de 1920.50
Las rentas anuales de
las mafias que controlaban
el tráfico de alcohol se han
calculado en tres mil 600
millones de dólares. Daniel
Okerent, autor del libro más
reciente sobre la prohibición,
explica: “Con tres mil 600
millones de dólares en juego,
¿qué más podía esperarse? El
asesinato parecía un requisito
administrativo para asegurar
ese flujo de dinero, un trámite
para mantener el negocio”.
La tercera consecuencia
no buscada fue la sustitución
de bebidas con menor
contenido alcohólico, como
la cerveza, por licores que
ocupaban menos espacio para transportarse clandestinamente.
Esto trajo la adulteración del alcohol y la desaparición de
cualquier control de calidad en las tabernas toleradas. Un caso
ilustrativo: en 1930 el consumo de un cargamento de “Jamaica
Ginger”, una bebida con alto contenido de alcohol, dejó parcialmente
paralizados a 50 mil estadunidenses.51
¿Qué pasó con estas consecuencias no deseadas una vez que
se eliminó la prohibición? Algunas de las bandas criminales
se desarticularon o se dedicaron a otros negocios legales.
Dos ejemplos de incorporación de ex traficantes al mercado
legal fueron, primero, los hermanos Bronfman, dueños de
Seagram’s, una destilería canadiense; segundo, la construcción
de Las Vegas como una ciudad primordialmente dedicada a
las apuestas a partir de la inversión y administración de integrantes
de la Mafia.
Los homicidios y la violencia descendieron, como se
dijo, pero hubo sobre todo una disminución en las grandes
y sórdidas historias de nota roja que habían convertido a
los traficantes de alcohol en personajes a la vez temidos
y respetados.
Sonrían: cuando se acabó el negocio, algunos de los traficantes
que movían alcohol ilegal en coches se convirtieron en
pilotos de la asociación de carreras NASCAR.
Por lo que hace al consumo, la legalización no lo hizo subir
de modo exorbitante. Se mantuvo hasta los años setenta por
abajo del consumo anterior a la prohibición. Los estudiosos
atribuyen el hecho a que la relegalización depositó en los
gobiernos locales la obligación de regular estrictamente las
licencias y requisitos de venta. Incluso se decía que al terminar
la prohibición era más seguro conseguir alcohol, pero
más complicado.
México: Apuestas y juegos
de azar: 1947-2010. Los
juegos de azar son ilegales
en México desde los años
cuarenta del siglo pasado.
Sin embargo, bajo un esquema
prohibitivo, la ley da
cierta discrecionalidad a la
Secretaría de Gobernación
para interpretarla, desarrollar
reglamentos y asignar permisos
de juego. El régimen ha
desembocado en la existencia
de tres tipos de apuestas y
juegos de azar:
1. Los juegos de apuestas
legales como los sorteos de
números, las apuestas deportivas,
hipódromos, galgódromos
y rifas. 2. Los juegos de
azar temporales tipo casino, palenques y carreras de caballos
parejeras, bajo la forma de permisos para ferias de por los
menos 250 mil asistentes. 3. Los casinos ilegales conocidos
como “brincos”.52
El proceso de legalización de las apuestas deportivas y
de números ha dado al Estado la capacidad de regular estos
negocios y cobrar impuestos por ellos. En 2009 la Secretaría
de Hacienda recaudó dos mil 300 millones de pesos entre permisos
e impuestos especiales en centros de apuestas operados
por empresas públicamente conocidas como YAK, Caliente
y Playcity. Aparte de pagar impuestos y derechos especiales,
estas empresas deben cumplir con la regulación estatal en
materia fiscal y sanitaria, igual que otros establecimientos que
ofrecen servicios al público.53
—–
49 Ídem.
50 MacCoun y Reuter, op. cit.
51 Leitzel, op. cit.
52 Erika Rueda, “¿Casinos en México? Análisis sobre su apertura”, en Juegos de azar. Una
visión multidisciplinaria, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010. Ezequiel
González Matus, “El juego en México”, nexos, marzo de 2007.
53 El Universal, 12/09/09.
(Legalización
42 octubre 2010 nexos)
El casino que históricamente ha mantenido un permiso a
veces formal, a veces informal, por parte de la Secretaría de
Gobernación, es el de la Feria de San Marcos en Aguascalientes.
Continuando el proceso de regulación y legalización de
los juegos de apuestas, la Secretaría de Gobernación otorgó
en 2005 el primer permiso para operar un casino temporal en
la Feria de San Marcos. Esto sucedió una vez que se emitió,
después de 56 años, un reglamento a la Ley Federal de Juegos
y Sorteos, el cual fue discutido y al final ratificado por la Suprema
Corte de Justicia de Nación.
En el caso de los “brincos”, no existen datos oficiales sobre
su número ni sobre su control. Una revisión superficial de
notas de prensa da cuenta de casos de intervención de la policía
por violencia, posesión ilegal de armas y corrupción para
permitir el funcionamiento ilegal del “brinco”.
Por ejemplo, en noviembre del 2004 se reportó un casino
en Guadalajara que operaba solapado por la policía municipal.
En palabras de uno de los “operadores” del casino: “Aquí
estamos bien parados con [Arturo] Zamora [presidente municipal
de Zapopan], la AFI y la Policía”. Un año antes, contó,
unas personas buscaban al dueño del casino ilegal por problemas
entre jugadores: al no encontrarlo, decidieron ejecutar a
cuatro trabajadores. En Monterrey, una redada de la Policía
Federal realizada en un casino ilegal en 2006, culminó con
el hallazgo de una escopeta recortada, una subametralladora
.9mm, y dos revólveres.54
El caso de los juegos de azar ofrece lecciones aplicables al
mercado ilegal de drogas.
La primera es que una ventaja de la legalización es que
da al Estado la facultad de regular la operación de un centro
de apuestas y la capacidad para recaudar impuestos sobre
estos productos.
La segunda lección deriva de la primera: la Feria de San
Marcos lleva operando casi 200 años, bajo un esquema de
legalización de facto que no genera las consecuencias no deseadas
de la prohibición, aunque tampoco trae los beneficios
de la regulación y fiscalización plena.
La tercera lección es que los mercados ilegales están vinculados
a comportamientos ilegales, en particular a la violencia.
En San Marcos no hay violencia. En los “brincos”, sí.
—–
54 Reforma, 29/11/04 y 13/01/03.
—–
IX. ¿Podemos legalizar? Las razones de México
Eegalizar las drogas ilícitas regulando su consumo es
una opción deseable para México y para el mundo. La
camisa de fuerza del consenso punitivo es, sin embargo,
difícil de romper.
Se trata de un acuerdo mundial suscrito en convenciones
internacionales de las que es imposible sustraerse unilateralmente.
Hay espacio de maniobra dentro de la ley, como lo
muestran los casos de Holanda y Portugal, porque las convenciones
prohíben las drogas ilícitas pero dejan a cada país
establecer las sanciones. Los países pueden despenalizar sin
violar su adhesión a las convenciones prohibitivas.
La camisa de fuerza de las convenciones internacionales
tiene para México la forma adicional de la presión vecina de
Estados Unidos.
Incluso los adversarios de la estrategia punitiva sostienen
que sin Estados Unidos cualquier intento de legalización
mexicana topará con un insalvable rechazo político, jurídico,
logístico y económico: si México no actúa en esto de la mano
de su vecino, no irá a ningún lado.
La Proposición 19 para legalizar la mariguana en California,
que se somete a referéndum el próximo 2 de noviembre,
puede cambiar los términos de la ecuación. Se presentan tres
opciones para México.
En el caso del Sí: 1. Utilizar la decisión californiana para
legalizar también la mariguana en México. 2. Mantener el
estatuto legal vigente e iniciar un cabildeo público a favor de
la legalización en Estados Unidos.
En el caso del No: Aprovechar la visibilidad del hecho para
detonar un debate en torno a la legalización como posible
salida al callejón actual.
Veamos estas opciones:
1. Si la Proposición 19 gana, México tendría una magnífica
oportunidad para legalizar el ciclo de la mariguana en
su territorio: cultivo, comercio, consumo y exportación. El
razonamiento sería sencillo: nuestro país no puede seguir
combatiendo un delito que no lo es a 50 metros de la frontera,
en el estado más poblado, más rico y más “adelantado” de la
Unión Americana. México no podría seguir dando una batalla
que los californianos han decidido clausurar.
El presidente de México, Felipe Calderón, podría colocar en
la balanza una autoridad ganada ante Estados Unidos al cabo
de cuatro años de guerra, 28 mil muertos y 40 mil millones de
dólares gastados. La decisión pudiera darse en compañía de
países como Colombia, cuyo nuevo presidente, Juan Manuel
Santos, comparte la convicción de que la estrategia prohibicionista
no funciona. Perú podría asociarse a este esfuerzo.
Desde luego, México tendría que ir abandonando su postura
(Informe especial
nexos octubre 2010 43)
punitiva frente a las diversas instancias de Naciones Unidas y
la OEA. Washington, también.
Si la Proposición 19 fuera aprobada por los californianos,
el presidente Barack Obama tendría que decidir si aplica o
no la ley federal en ese estado; es decir, tendría que decidir si
desconoce la ley estatal de California y ordena a sus agencias
federales detener a productores, comerciantes y consumidores
de mariguana. Como hemos dicho, el espacio de maniobra que
dejan las convenciones internacionales es interesante, como
lo muestra el caso de Portugal, pero nadie puede sustraerse
de esas convenciones sin más,
hasta que no cambie el consenso
mundial. Ni siquiera Estados
Unidos: Washington no podría
tolerar la legalización plena
de la mariguana sin violar sus
compromisos con el consenso
punitivo y las convenciones internacionales
que ha promovido
y suscrito. El presidente Obama
ha dado muestras de que no
piensa aplicar la ley federal en
los estados o condados que han
legalizado la mariguana para
fines terapéuticos, incluyendo
el Distrito de Columbia, sede
federal donde la legalización de
la mariguana terapéutica entra
en vigor en diciembre.
Si el gobierno federal rechaza
la aprobación de la mariguana en California, la legalización
en México quedaría sujeta a un doble fuego cruzado. Por un
lado, el país estaría de acuerdo con California, pero en contra
de Washington. Por el otro, legalizaría la mariguana pero
tendría que mantener la guerra contra el resto de las drogas.
Para esto seguiría recibiendo fondos de Washington mediante
la Iniciativa Mérida. Se trataría de un doble discurso, difícil
de aceptar por el Congreso estadunidense.
2. Más viable parece, en caso de que la Proposición 19 sea
aprobada y desate un torrente de iniciativas análogas en otros
estados, dejar intacto el statu quo de la mariguana mexicana,
pero aprovechar la legalización en California para lanzar una
ofensiva mediática, política, cultural y diplomática en Estados
Unidos sobre la necesidad de realizar una legalización a ambos
lados del río Bravo. Esta revisión del consenso punitivo
podría incluir la convocatoria a una conferencia internacional
de países productores y consumidores de drogas prohibidas,
en la que se exploren vías posibles de despenalización. Este
camino tendría la ventaja de no enfrentar a México con Estados
Unidos, pero adolecería de un defecto: le haría perder la
oportunidad de empezar, desde ya, a buscar salida a la crisis
mexicana provocada por el narco.
3. La tercera opción de México es menos espectacular y
efectiva, pero quizás es la que más se acomode a la realidad
política. No se puede descartar un rechazo a la Proposición
19. Sobre todo si se confirma el triunfo de la ola conservadora
en las elecciones de noviembre. El triunfo del No en California
no pondría fin al debate sobre la legalización. Existe una
propuesta de ley ya presentada ante la legislatura estatal en el
mismo sentido, y otros estados caminan en la misma dirección.
Por tanto, México podría sacar partido del referéndum
en sí, más allá del desenlace de la votación, para dar paso a
tres debates:
En primer lugar, el debate
interno, preguntando a los mexicanos
si vale la pena seguir combatiendo
el narcotráfico cuando
la tendencia estadunidense y
mundial es legalizar.
En segundo lugar, el debate
norteamericano, diciendo a
los estadunidenses que no tiene
sentido insistir en que los
demás hagan lo que ellos no
quieren hacer.
En tercer lugar el debate latinoamericano,
diciendo a colombianos,
peruanos y bolivianos
cómo contribuir juntos a que
Washington cambie de actitud.
En los tres casos, México
tiene todo que ganar, si toma
el toro por los cuernos. Donde perdería es colocándose en
el bando más conservador de la sociedad y la clase política
estadunidense, del lado de los que prefieren mantener en la
cárcel a cientos de miles por delitos menores, aferrados a una
estrategia de prohibición hipócrita e ineficaz.
Haciendo un balance de costos y beneficios es claro que lo
que conviene a los intereses y las posibilidades de México no
es seguir con la estrategia punitiva, sino legalizar.
Otra cosa es que pueda hacerlo. Pero México tiene la obligación
de plantearse al menos esta alternativa con seriedad y
responsabilidad.
Se trata de pensar abierta y libremente cuál es la mejor
política de drogas que puede México tener en servicio de sus
propios intereses, de su peculiar sociedad, de las deficiencias
institucionales de su Estado de derecho, y de la salud y seguridad
de sus ciudadanos. N
—–
El presente informe sobre la legalización de las drogas fue elaborado por el
staff de nexos, con base en la investigación de Andrés Lajous y las
aportaciones de José Antonio Aguilar, Rubén Aguilar Valenzuela,
Jorge G. Castañeda, Gerardo Esquivel, Eduardo Guerrero, Jorge
Hernández Tinajero, Alejandro Madrazo y Carlos Zamudio.
—–
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