El naciente culto a Hugo Chávez. Jorge G. Castañeda


El naciente culto a Hugo Chávez
Jorge G. Castañeda
El País
11/03/2013
ELPAIS

Sacar el balance de la gestión de Hugo Chávez en Venezuela tomará tiempo, al igual que cualquier análisis de su legado en América Latina. Más allá del evidente fervor que despertó entre sus millones de seguidores venezolanos, y su notable conexión con los sectores más desfavorecidos de su país, se necesitarán datos duros para saber si sus entristecidos adeptos de hoy realmente se beneficiaron de su magnanimidad petrolera. O tal vez su devoción proviene más bien de una identificación étnica y social intangible —crucial, sin duda— y duradera.

Las cifras tendrán que ser recopiladas por fuentes confiables, las mismas que proporcionan números económicos y sociales de otros países, para ser comparables con el pasado venezolano y con otras sociedades latinoamericanas, sobre todo a la luz del gasto de más de un billón (en castellano) de dólares a lo largo de los 14 años de Gobierno chavista. Los avances deberán ser medidos para poder ser aquilatados y cotejados con los costos, principalmente en materia social: educación, salud, vivienda, pobreza, desigualdad. Me atrevo a sospechar que la raíz del naciente culto a Chávez en Venezuela se origina en la sensación etérea que genera su martirio y la inclusión impresionista de los excluidos, y no tanto en las estadísticas de bienestar, que probablemente resulten ser mucho menos exitosas de lo que se piensa.

En cuanto a su legado latinoamericano, más allá de la fatigada e irritante retórica bolivariana, habrá que ver cómo sobreviven varios países a la posible interrupción, a mediano plazo, del inmenso subsidio chavista a sus economías: Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, y en menor medida la República Dominicana. Como se ha escrito muy bien en estas y otras páginas, una parte de la severa crisis económica —déficit público, desplome de las reservas monetarias, inflación, escasez de todo tipo de bienes— que heredará el nuevo mandatario proviene de la cantidad de barriles de petróleo ya comprometidos con China, Cuba y otros países, y que o bien no generan ingresos, o los que generaron ya fueron dilapidados. Para los beneficiarios de esa generosidad chavista, prescindir de esos barriles dolerá tanto como la pérdida del amigo. El agradecimiento a Chávez por su apoyo difícilmente durará más que el apoyo mismo; este puede tener los días contados, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del mes de abril.

Lo factible desde ahora, entonces, es formular una serie de preguntas sobre lo que sucedió realmente durante estos dos años de trágica agonía y muerte de un gobernante con suerte hasta que se le agotó. Las interrogantes que siguen merecerán una respuesta durante la campaña electoral que comienza en Venezuela, pero también en la conciencia de las personas que siguen acontecimientos como estos y muchos otros.

¿Qué hubiera sucedido en otro país si durante dos años el jefe de Estado en funciones se atendiera médicamente en otra nación, bajo un sigilo completo, que aseguraba que los gobernantes del segundo país supieran más del estado de salud del enfermo que la población, la oposición, los médicos y hasta el Poder Legislativo y Judicial del país propio? ¿Qué pasaría en otro país si las principales decisiones médicas las tomaran no solo galenos extranjeros y en otra nación, sino personas subordinadas por completo al poder político de ese otro país? Una cosa son los jeques y los príncipes del golfo Pérsico que se atienden de sus males cardiacos en la Cleveland Clinic, donde el Gobierno de Estados Unidos sabe obviamente cómo evolucionan, pero donde difícilmente da órdenes a los cardiólogos de lo que deben hacer. ¿Qué hubiera acontecido en otro país si durante dos años un Gobierno extranjero coadyuvara a mantener un velo de silencio y de secreto casi perfectos sobre el destino más elemental del gobernante de una nación? A estas preguntas hipotéticas se suman varias más, de orden factual, emanadas de los mismos acontecimientos.

¿Cuándo supieron Chávez y sus colaboradores que su cáncer era terminal y que le restaban pocos meses de vida? ¿Antes o después de lanzar su candidatura a la presidencia el 11 de junio de 2012? ¿Antes o después de los comicios celebrados el 16 de diciembre del año pasado? ¿Se enteraron a mitad de la campaña? ¿Cómo hubiera reaccionado el electorado venezolano de haber votado sabiendo que la persona a la que iban a elegir a la presidencia no tomaría posesión y fallecería dos meses después de su victoria electoral? ¿Cómo hubieran respondido los votantes venezolanos si a media campaña se hubiera filtrado, con fundamentos y de manera fidedigna, que el verdadero estado médico de Chávez era de encontrarse desahuciado, y que en realidad los electores estaban enviando a Nicolás Maduro a la presidencia y no a Hugo Chávez?

¿Es imaginable hoy en día algo por el estilo en un país democrático? Existe el precedente de Franklin D. Roosevelt en las elecciones norteamericanas de noviembre de 1944, cuando fue electo por cuarta vez, en condiciones de salud guardadas en secreto, y que llevarían a su muerte apenas seis meses más tarde, y en el ínterin, a su extrema debilidad en la Conferencia de Yalta. Pero eso sucedió hace 70 años. Hoy se antoja inconcebible.

Siguen más interrogantes. ¿Bajo qué condiciones de sedación, de dolor, de sufrimiento y angustia, tomó Chávez decisiones importantes a lo largo de los últimos meses, a partir del momento en que se enteró del desenlace fatal que se asomaba en el horizonte? ¿A qué tantas presiones estuvieron sujetos por parte de los cubanos? ¿Con qué autonomía y conciencia pudo resolver asuntos delicados como la devaluación del bolívar, el curso de la campaña presidencial, el apoyo o el sabotaje a las conversaciones de paz en Colombia, y la selección de su sucesor? ¿Fue óptimo el tratamiento sugerido / impuesto / escogido por los cubanos? ¿Se transfirió de verdad el equivalente de la tercera parte de las reservas actuales del Banco Central a La Habana?

Estas son algunas preguntas que deben importarles a los venezolanos y que ojalá obtengan respuesta a lo largo de la breve campaña electoral que comienza, en condiciones terriblemente adversas para la oposición. Las exequias son un acto de campaña chavista; la designación de Maduro como presidente encargado es un acto de campaña chavista; las amenazas del almirante Molero Bellavia, ministro de Defensa, de “darle en la madre a toda esa gente fascista de este país” es un acto de campaña chavista; la asistencia de varios jefes de Estado latinoamericanos al sepelio, en estas condiciones, es un acto de campaña chavista.

Pero aunque la oposición no pueda remontar todas estas tremendas desventajas, si logra arrancarle al chavismo pos-Chávez respuestas a las interrogantes planteadas, habrá avanzado mucho en preparar la reconstrucción del país. Chávez le hereda a su pueblo la veneración que este siente por uno de los suyos, junto con una sociedad polarizada al extremo y una economía devastada. Como escribió Moisés Naím, entrega una oportunidad perdida. Quizás le convenga más a la democracia venezolana que el chavismo recoja los platos rotos; pero ojalá la sociedad venezolana sepa, con pleno conocimiento de causa, cómo y cuándo se rompieron.

¿Y después de la Interna?. Jorge G. Castañeda


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Jorge G. Castañeda

¿Y después de la interna?
Reforma
02/02/2012

Según a quien le crea uno, este domingo habrá candidato o candidata del PAN a la Presidencia o sólo el arranque de la segunda vuelta. Las tesis que sostienen tanto los partidarios de Vázquez Mota como de Cordero son a la vez verosímiles y un poco jaladas de los cabellos. El problema de fondo sin embargo es otro: después de una contienda interna a la vez rasposa y carente de sustancia, ¿cómo le hará la persona ganadora para remontar casi 20 puntos en desventaja en menos de cinco meses de campaña, con una ley electoral que reproduce, casi a la perfección, el status quo ante?

 

La gente de JVM apunta a las encuestas -todas- y alega que por deficiente que sea el padrón, por difícil que sea calcular el porcentaje y características de los “likely voters”, no puede haber una diferencia tan grande entre una encuesta como la de Reforma, que le daba 50 puntos de ventaja, y un resultado muy distinto el domingo. La única explicación, según ellos, de tanta distancia entre las encuestas y el resultado, sería la manipulación. No es absurda la conclusión. El equipo de Cordero responde que no sólo es malo el padrón, sino que las encuestas no pueden medir la tasa de participación general y en particular de los activos, ya que éstos se mueven más por los liderazgos locales y estructura partidista, y que con un total de apenas 400 mil votantes probables, cualquier cosa puede suceder. Sobre todo, puede ocurrir lo inesperado, a saber, que los simpatizantes de JVM no vayan a votar (por el puente, y también la insistencia de JVM de que vayan primero a misa y luego a las urnas) y que los de Cordero sí acudan “masivamente”. En esta hipótesis, si ella no rebasa los 180 mil votos y Cordero alcanza los 150 mil que dice ya tener desde hace semanas, se irían a una segunda vuelta.

 

En esa segunda vuelta podría desempeñar un papel clave quien es probablemente el candidato mejor preparado de todos (no sólo del PAN), Santiago Creel, quien sin embargo, a pesar de lo que ha aprendido y crecido en estos años, no parece haber podido generar carisma. Pero podría ser el fiel de la balanza si saca 70 u 80 mil votos y si opta acercárselos a uno u otro contendiente en la segunda vuelta. Si lo hace con Cordero, y si el liderazgo del SNTE que a lo largo de estos últimos 11 años ha logrado incorporar al PAN a un número significativo de maestros -30 o 40 mil- en estados como Jalisco, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, le alcanzaría a Cordero para superar a JVM el 19 de febrero.

 

No obstante, el drama es que por distintas razones -la personalidad y la estrategia de los candidatos, la aberrante ley electoral, la prudencia de los medios- la interna del PAN careció de sustancia, señalamiento de errores y aciertos, es decir, de lo propio de una campaña, lo que en sí mismo no tendría nada de grave. Pero dado que los dos contendientes más viables del PAN no han estado en una campaña nacional, ni cuentan con un carisma o experiencia notables, se antoja no difícil sino imposible neutralizar la ventaja de casi 20 puntos que lleva hoy Peña Nieto.

 

La razón más poderosa de esta dificultad no radica en los candidatos sino en la ley. Un estudio del IFE-UNAM sobre distribución de tiempos de noticieros en TV muestra cómo los medios le han otorgado exactamente el mismo tiempo a cada uno de los candidatos: 20%. Si el estudio fuera también cualitativo, el resultado sería el mismo: mismos sound bites y tomas, ausencia de sesgos críticos o adulatorios. Los medios están cumpliendo al pie de la letra con una ley absurda. Pero el efecto de cumplir, sea o no su intención, es evidente: se reproduce la correlación de fuerzas vigente al arranque de la campaña ya que ningún error es señalado, ningún acierto es subrayado, ningún golpe es reseñado y en la noche todos los gatos son pardos. En esas condiciones, y con un aspirante del PAN producto de una interna sin mayor chiste, ¿cómo se cancelan 20 puntos de ventaja?

 

LAS REGLAS DEL 2012 EN JUEGO. Jorge G. Castañeda


Las reglas del 2012 en juego

Por Jorge G. Castañeda

Reforma
(20-Ene-2011).-

El lunes fue “listado” para las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de esta semana y la siguiente, el amparo de los llamados “intelectuales” contra la reforma electoral del 2007. Es probable que el tema se resuelva el martes que entra y que esa sea la última oportunidad que tendremos de descartar una pésima reordenación electoral para poder ir al 2012 con una ley que sí funcione. No tiene sentido volver sobre los orígenes de esa reforma, ni sobre la extraña manera en que muchos de los que la votaron, ahora se arrepienten de haber defenestrado al IFE, de prohibir que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil compren tiempo aire, de reglamentar absurdamente los spots para los partidos y de dejarles el enorme financiamiento que ya no tienen que gastar en comprar tiempo aire.
Más sentido tiene explicar las dos pistas por las que corre nuestro amparo. La primera son las violaciones que, en la opinión de nuestro abogado Fabián Aguinaco y de quienes subscribimos el amparo convocado por Federico Reyes Heroles, contiene la fracción tercera del Artículo 41 constitucional, violaciones a la libertad de expresión (Art. 6), al principio de igualdad entre los mexicanos (Art. 13) y a la libertad de asociación (Art. 9). Este es el tema de fondo del amparo sobre el cual la decisión de la Suprema Corte tendrá mayor trascendencia. O bien la decisión da pie a que se acepte la existencia de dos categorías de mexicanos, se fomente la opacidad o la franca corrupción entre gobiernos estatales y medios masivos de comunicación para entrevistas, programas especiales, infomerciales contratados, etcétera, se fortalezca la partidocracia al darle el monopolio de acceso a los medios de comunicación; o bien la Corte se pronuncia de modo tal que el Legislativo cree un sistema ciertamente reglamentado, pero más transparente, accesible y sensato de regulación de campañas. Algunos pensamos que la prohibición en la compra de tiempo aire para los partidos ya es una medida sana, pensamos que el tipo de sistema que hay en Chile, Brasil o Inglaterra es mejor que el norteamericano. En los primeros se da a los partidos durante el periodo de campaña lo que en Chile se llama la franja, es decir, tiempos oficiales reglamentados. En Estados Unidos el tiempo se compra con dinero público o privado. Pero en ninguno de los dos casos se prohíbe por completo a organizaciones de la sociedad civil tener acceso a los medios. Es absurdo querer hacerlo en México: simplemente no ha funcionado y no va a funcionar.
La otra pista es la del procedimiento. Al inicio la menos importante y la menos probable de ser aceptada por la Suprema Corte, pero la que en caso de ser adoptada por el Tribunal Constitucional puede echar abajo la reforma entera. Esta parte del amparo se refiere a todos los vicios de procedimiento en los que incurrió el Congreso Federal y las legislaturas estatales al aprobar modificaciones constitucionales sin cumplir estrictamente con todos los requisitos y trámites previstos. Se aprobaron las modificaciones en el Congreso Federal en sesión ordinaria, no tuvieron los diputados conocimiento con suficiente antelación, los congresos estatales también los aprobaron sin sesiones especiales y sin tiempo para estudiar el texto, en un procedimiento donde le notificaron al Congreso Federal de su decisión, mas no acreditaron los votos en cada caso. Si la Suprema Corte considera que estos vicios de procedimiento sí son graves, y sí invalidan el proceso de ratificación se echaría abajo toda la reforma, sería ganancia, y por tanto también los cambios al Cofipe que se derivan de ella. De ser así, habría que volver a empezar; o bien se tendrían que llevar a cabo las elecciones del año que entra con el Cofipe de antes de 2007 y con la Constitución tal y como estaba. Tampoco sería una buena solución, pero conviene recordar que a principios de julio, un año antes de las elecciones de 2012, se agota el plazo de cualquier modificación de las reglas electorales para el juego del 2012.

http://www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com

Entrevista a Jorge. G. Castañeda. Ariel Ruiz Mondragón, Milenio Semanal


Jorge G. Castañeda: “El problema es definir qué significa ser nacionalista cuando tu economía es parte de América del Norte”

La primera década del siglo XXI significó un ascenso de la izquierda en el continente, ya que alcanzó el poder en diversos países. En esta conversación nos acercamos a una evaluación de ese ejercicio de gobierno.

Ariel Ruiz Mondragón

2011-01-15

Milenio semanal

Hace ya casi dos décadas Jorge G. Castañeda publicó un libro en el cual señalaba las promisorias rutas de la izquierda en el continente, siempre y cuando ésta aprendiera las lecciones de la Guerra Fría y del fracaso de la vía armada para alcanzar el poder. A modo de balance Castañeda y Marco Antonio Morales publican ahora el libro Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas (Taurus, 2010), donde reunieron 11 textos de especialistas sobre las izquierdas actualmente en el gobierno en Latinoamérica. Sobre este libro M Semanal sostuvo una conversación con quien fuera secretario de Relaciones Exteriores de México entre 2000 y 2003, doctor en Historia Económica por la Universidad de París La Sorbona, profesor en las universidades Nacional Autónoma de México, de Nueva York, Princeton y Berkeley, autor de 15 libros y colaborador de El País y Newsweek.

AR: ¿Cuáles son las razones por las cuales se escribió y se publicó este libro, sobre todo si tomamos en cuenta otros libros suyos relacionados con el tema como La utopía desarmada o La vida en rojo?

JC: Justamente es una especie de regreso, 16 ó 17 años después, a La utopía desarmada, que publiqué en 1993. Esa obra tuvo bastante repercusión en América Latina porque llegó un momento en que ya estaba terminando definitivamente la época de las izquierdas revolucionarias, armadas y violentas; el último sobresalto en este sentido fueron los zapatistas, lo que fue como una pantomima (como dijo Cuauhtémoc Cárdenas a propósito del EPR).

En todos los años que siguieron fueron dándose muchas de las cosas que yo mencionaba en ese libro: la izquierda dura, radical, armada fue desapareciendo y se transformó en una izquierda electoral, socialdemócrata, moderada —aunque no le guste llamarse así, lo que es su problema—, y además ya, hasta cierto punto, globalizada. A partir de 2000 empezamos a ver cómo en varios países, por haber abandonado todo aquello o por haber adoptado muchos de los puntos de vista que yo mencionaba en La utopía desarmada —yo simplemente los retomaba, no los inventaba, y la izquierda solamente hizo suyos planteamientos que yo recogía— empezó a ganar elecciones: en Chile, con Ricardo Lagos en 2000, después en Brasil, con Lula en 2002; en Uruguay, con Tabaré Vázquez en 2004; a su manera, muy extraña, Hugo Chávez en Venezuela en 1999, y así sucesivamente.

Entonces me pareció que era un buen momento (hace dos años el libro se editó en Estados Unidos en inglés) para hacer una especie de revisión de lo que habíamos dicho y en dónde íbamos en toda la región, y eso es lo que hice con este amigo mío, Marco Morales, con quien he publicado ya varios trabajos en revistas y que ahora trabaja en la Presidencia de la República, donde es el director de Análisis Político, y que fue, además de colega, mi asistente y profesor en Nueva York durante muchos años; él, sobre todo, consiguió a los distintos autores que hicieron este libro.

AR: La izquierda ha dicho que su principal lucha es contra la desigualdad y por la justicia social; sin embargo, el ensayo de José Merino enseña que sus políticas sociales no han sido muy superiores a las de la derecha. ¿Cómo se explica esto?

JC: Es difícil saber si los avances indudables que ha habido provienen de políticas específicas que ciertos gobiernos de izquierda han puesto en práctica, o si proceden de políticas sociales más o menos generalizadas en América Latina desde hace ya unos 15 años, y que con el tiempo y el crecimiento empezaron a surtir efecto. Es cierto que vemos resultados muy semejantes, por ejemplo, en México, donde en los últimos 10 años ha gobernado el centro derecha, que en Brasil, donde en los ocho años más recientes ha gobernado el centro izquierda, y son políticas sociales casi idénticas. Luego tenemos un tercer caso, todavía más complicado, que es Chile, donde una especie de centro izquierda lleva 20 años gobernando con muchas de las políticas incluso de la dictadura, políticas más ortodoxas o neoliberales que no tienen ninguna política social o muy poca, pero donde el crecimiento económico ha sido tal que la reducción de la pobreza ha sido inmensa; es decir, no ha sido tanto por una política social antipobreza, sino por 25 años de crecimiento económico. No es fácil saberlo, y es lo que un poco Merino plantea al hacer una pregunta: “¿Hay una política social de izquierda?”. No es evidente; hay una intención, una voluntad, un énfasis, pero más allá de eso es muy difícil determinarlo.

ADOPCIÓN DEL MERCADO

AR: En dos de los trabajos, uno sobre Brasil y otro sobre Chile, que son dos experiencias exitosas de la izquierda, se destaca su política económica neoliberal. ¿Por qué han seguido esa política, tan criticada por muchos intelectuales de izquierda? ¿Qué márgenes de maniobra han tenido esos gobiernos para cambiarla?

JC: Bueno, los intelectuales que critican esas políticas se pueden permitir el lujo de hacerlo porque no están gobernando; pero los que están en los gobiernos no pueden permitirse lujos de ese tipo a menos de que quieran, digamos, cambiar de paradigma. Lo que yo planteaba desde La utopía desarmada y que todosplanteamos en este libro es que la izquierda básicamente ha adoptado, y se ha resignado, con mayor o menor entusiasmo, al mercado; eso de más o menos mercado son puros cuentos. La izquierda en América Latina sigue una política de mercado, libre comercio, globalización, finanzas públicas estables, privatizaciones, etcétera. ¿Por qué? En primer lugar, porque si esos partidos y gobiernos de izquierda no se hubieran comprometido con esas políticas no hubieran ganado, porque las clases medias que ya habían empezado a surgir, e incluso los sectores más populares que ya tenían cosas que perder, lo último que querían eran debacles financieras como las que gobiernos populistas en el pasado habían generado. Entonces, si no se hubieran comprometido Lula, la Concertación y todos los demás a seguir el esquema, la gente no hubiera votado por ellos, en primer lugar.

En segundo lugar, ya en el gobierno, la izquierda se da muy bien cuenta de que el margen es tremendamente estrecho: pagas un precio inmediato al dispararse tu riesgo país en los mercados internacionales, y cualquier desviación te cuesta en pesos y centavos una fortuna al día siguiente. Sube tu riesgo país, tienes que aumentar las tasas de interés internas para que no se te vaya el dinero; eso quiere decir que incrementas la tasa de interés para la vivienda, tarjetas de crédito, coches, televisiones, refrigeradores, y al aumentarlas para todo eso pues encareces los productos y disminuye el consumo. ¿Consumo de quién? De los que te eligieron. Entonces, tampoco tienes ese margen. Por eso todos estos gobiernos de izquierda de algún modo se han resignado, unos con más entusiasmo que otros, a seguir básicamente los cánones del neoliberalismo, Consenso de Washington o como se le quiera llamar, no importa. Los gobiernos saben de qué se trata; si no, no llegaban.

AR: Hay una lección que se pudiera sacar de muchos de los casos donde la izquierda ha ganado las elecciones, como la de que sus partidos y candidatos entendieron que no todos sus votantes son de izquierda, y que durante las campañas electorales no hay que prender grandes conflictos sino tratar de establecer alianzas muy amplias. ¿La falla en México de López Obrador y de Ollanta Humala en Perú fue faltar a esto?

JC: Yo creo que allí fueron dos casos, el de México y el de Humala, en los que no se dio el proceso de actualización (o como se le quiera llamar) de la izquierda. El caso de Humala es distinto, porque no es propiamente de la izquierda peruana, sino que se volvió un fenómeno populista bastante tradicional, que en el fondo no creo que pueda fácilmente asimilarse a los otros que tratamos.

En el caso de México y del PRD, su gran drama es que no ha hecho esa actualización de la que yo hablaba desde La utopía desarmada, de la que todo el mundo habla ahora y que han hecho todas las izquierdas latinoamericanas. El PRD aún cree en la revolución, en Cuba (no es que tenga buenas relaciones con Cuba, que es distinto, sino que cree que ese es un proyecto exitoso), y sigue siendo muy antiestadunidense. Al contrario, ahora ya sabemos, por WikiLeaks, qué grado de cercanía en secreto había entre el gobierno de Lula y el de George W. Bush (no el de Obama): cooperación en materias como seguridad, terrorismo, el Amazonas o moderar al loco de Chávez. En México todo eso no se ha dado: a López Obrador el PRD lo siguió, aunque se empezó a distanciar de él con el plantón de Reforma. Pero la izquierda mexicana no ha dado ese paso al día de hoy.

AR: Sobre ese aspecto de la actualización, hay un ensayo de usted, Morales y Patricio Navia sobre el nacionalismo que siguen enarbolando varias izquierdas latinoamericanas, y que tiene como su “bestia negra” a Estados Unidos. Sin embargo, usted no plantea un rompimiento radical con el nacionalismo.

JC: Yo en lo personal, más allá de lo que dice este texto y otros, no creo que pueda haber un nacionalismo “moderno”, no lo entiendo. En Europa, por ejemplo, ¿qué es? Pues se es parte de la comunidad o no. Los nacionalismos fuertes en Europa son cada vez más regionales: el País Vasco, Cataluña, partes de Alemania, etcétera, pero ya no son nacionalismos de países. ¿Por qué? Porque llevan medio siglo de integración económica europea que ha ido cambiando las cosas y porque también los europeos saben bien el costo del nacionalismo —del nacionalsocialismo, por ejemplo. Ya lo vivieron.

En otras partes sí hay cierta base para el nacionalismo, pero realmente uno se tiene que preguntar qué quiere decir hoy en un país de América Latina. ¿Qué es? ¿Es anti-Estados Unidos, principalmente, o es una afirmación de identidad propia? Con excepción de Brasil, por su tamaño, ningún otro país latinoamericano tiene las dimensiones para traducir en hechos un supuesto nacionalismo, salvo en la retórica, porque son países demasiado pequeños. A ver, Rafael Correa en Ecuador: muy nacionalista, muy resentido con los estadunidenses porque metieron a su papá a la cárcel, bla, bla, bla, pero lleva tres años de gobierno y el dólar sigue siendo la moneda nacional de ese país. El FMLN en El Salvador lleva un año en el gobierno, y el dólar sigue siendo la moneda, es lo único que circula. La divisa de esos dos países es el dólar de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir nacionalismo ecuatoriano o salvadoreño cuando tu moneda es el dólar? En Chile, con el grado de apertura de esa economía, ¿qué es un nacionalismo chileno? Pues es el futbol, algo de nostalgia por algunas cosas chilenas medio folclóricas, porque no tienen una gran cultura precolombina ya que era nómada todavía la población indígena. Argentina: muy nacionalistas, pero hay una enorme cantidad de argentinos que tienen la doble nacionalidad italiana. ¿Qué quiere decir eso más allá de la retórica peronista, de Maradona, del futbol y todo eso? Y en México el problema es definir qué significa ser nacionalista cuando para todos fines prácticos tu economía es parte del espacio económico de América del Norte.

EL RETO DEMOCRÁTICO

AR: En términos políticos, la izquierda siempre señala que procurará una profundización de la democracia. ¿Efectivamente ha avanzado en términos democráticos en los países que gobierna? Un punto al que ha dado énfasis es al de la democracia participativa, casi directa.

JC: No estoy tan convencido, no creo que haya habido grandes avances. Me da la impresión de que a todos los presupuestos participativos brasileños los han ido dejando fuera porque no funcionaron demasiado bien. Creo que sí ha habido avances a nivel de cierta regionalización, de bajar los niveles de decisión a una escala más cercana a la ciudadanía; pero muchos gobiernos de izquierda también se han dado cuenta que a veces lo que mejor funciona es el Estado central, federal, que el gobierno nacional funciona mejor que los gobiernos regionales y municipales. Hay menos corrupción, hay más eficacia y más transparencia. Pero no estoy seguro de que la izquierda en América Latina realmente haya encontrado fórmulas nuevas de participación.

En otros casos, como el de Venezuela, hay retrocesos muy serios en materia de democracia, ya que allí no sólo es una tentación sino ya una deriva autoritaria que se ha agudizado enormemente en los últimos meses, y que está planteándole un reto muy serio a la izquierda latinoamericana: volver a la política que siempre sostuvo con Cuba, a saber, que el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos en ese país no son un tema legítimo de preocupación. Eso ahora se vuelve a presentar con Venezuela, donde ya es más serio: control de internet y los medios de comunicación, las expropiaciones y la ley habilitante de Chávez que para todos fines prácticos equivale a disolver el Congreso: tienes una elección, la pierdes y la oposición gana una mayoría, pero usas a la Cámara saliente para inhabilitar para todos fines prácticos al Congreso entrante, lo que es el equivalente de cerrar el Congreso. ¿Qué van a decir Correa, Evo Morales o Dilma Rousseff? ¿Que no es asunto suyo, que no importa?

AR: Allí viene lo de la cláusula democrática del Mercosur.

JC: Como no ha entrado Venezuela, por más que Chávez se presente en todas las reuniones, formalmente no ha accedido al Mercosur porque falta la ratificación del Senado paraguayo. Entonces no se le puede aplicar la cláusula democrática porque no forma parte, pero, ¿qué va a pasar si lo es? ¿Qué va a pasar con una serie de condicionalidades democráticas que existen en el sistema interamericano? Allí hay un reto democrático para la izquierda que se está volviendo mucho más complicado que cuando publicamos el libro en Estados Unidos hace más de dos años.

AR: Otro asunto importantes es cómo ha cambiado el poder a la izquierda. Al interior de los partidos ha habido conflictos internos fuertes. ¿Cómo ha transformado el poder a la izquierda en América Latina?

JC: Creo que ha habido un problema de corrupción indudable —en algunos casos, no en todos, pero sí en muchos—, no necesariamente mayor que la de otros gobiernos, pero sí más que cuando los partidos de izquierda no eran gobierno. ¿Por qué? Porque no es fácil robar cuando no se está en el gobierno, y cuando se está en él es más fácil. Entonces hay una verdadera transformación, hasta cierto punto inevitable, que ha sido la corrupción.

También ha habido tentaciones autoritarias que casi nunca se han cumplido, ya que han sabido resistir a ellas la mayoría de los gobiernos; siempre allí el caso ambiguo es el de Argentina, que nunca sabe uno dónde poner.

Otro elemento, sin duda, es cierta responsabilidad —en el buen sentido de la palabra—; es decir, han llegado a entender que no pueden hacer cualquier locura ni en materia económica ni internacional ni de planificación —lo que les encanta. Se han vuelto muy responsables, y daba yo el ejemplo, insisto, del dólar: Correa y Mauricio Funes no van a correr el riesgo de desdolarizar, porque saben que sería una irresponsabilidad y también contrario a los intereses y aspiraciones de sus electorados. Se han vuelto responsables, quizás a pesar de sí mismos: si uno le hubiera preguntado a Correa o al FMLN hace cinco años: “Oye, ¿vas a mantener el dólar como divisa?”, te hubieran dicho que por ningún motivo, pero ya lo han hecho y no van a cambiar. Lo mismo Brasil, por ejemplo, al mantener un tipo de cambio flotante que va y viene, chicotea y hace todo lo que sea, pero el gobierno no se ha casado con la defensa de un tipo de cambio a ultranza; han sido muy responsables, como también con el déficit fiscal.

Ésta es parte de la transformación, la buena; y por la parte mala, inevitable, pues sí hay corrupción, sí hay tentaciones autoritarias, y también hay aventuras internacionales un poco irresponsables, como lo de Brasil con Irán y Turquía, y como lo de Argentina (que a veces dudo llamar de izquierda), que hace cosas raras como pelearse con el Fondo Monetario y con los acreedores, y luego tener que regresar con ellos. A veces allí sí hay un poquito de irresponsabilidad.

CONTRADICCIÓN EN MONOPOLIOS

AR: ¿Cuáles de las experiencias exitosas que se encuentran en el libro podrían ser recuperadas por la izquierda mexicana? ¿Alguna de carácter social, como Bolsa Familiar, de Brasil?

JC: Bueno, son cosas distintas. Por ejemplo, Bolsa Familiar, programa de Brasil, viene del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que era Bolsa Escola, que a su vez viene de Progresa y Oportunidades de México, que fueron inventados, además de por Santiago Levy, por José Gómez de León (quien ya murió) en la época de Ernesto Zedillo, y que es lo que se llama transferencia de efectivo condicional contingente, que es hacer transferencias directas a las familias más pobres pero con una condicionalidad que tiene que ver con que los niños vayan a la escuela y que tengan las vacunas. Esto lo llevó Lula a una dimensión que todavía no sabemos si va a resultar o no; en Brasil son ya casi 15 millones de familias que reciben este estipendio, y se dice (a mí no me consta) que la condicionalidad ha disminuido enormemente y que en los hechos ya nada más andan repartiendo el dinero y ya no hay realmente la insistencia en verificar que las mamás sí estén llevando a los niños a la escuela, a vacunarlos a las clínicas, etcétera. Entonces, hay un primer problema allí.

Un segundo problema: cuando estas políticas fueron diseñadas siempre se pensó que no eran para sacar a las personas de pobres, sino para cercenar el vínculo transgeneracional de la pobreza, es decir, dando de comer, llevando la salud y la escuela a los niños, y éstos, 10 ó 15 años después, iban a ser menos pobres que sus papás. En realidad no son programas para sacar a los padres de la pobreza, se sabe que más o menos eso es imposible; la idea era que los niños tuvieran un capital humano mayor, y cuando llegaran al mercado de trabajo pudieran obtener ingresos superiores a los que obtuvieron sus papás o a los que hubieran obtenido sin el programa de Bolsa Familiar o como se le quiera llamar. Todo esto no nos consta todavía, porque no han llegado aún esos niños al mercado de trabajo; los primeros están llegando en México, donde el programa empezó en 1998 con niños de seis años, y que ahora tienen 18.

Las primeras evaluaciones sugieren (yo no lo he seguido suficientemente de cerca) que no ha funcionado; es decir, al darle un dinero a los papás y a las mamás, pues claro, salen un poco de la pobreza, pero lo hacen porque les entregas dinero, pero no les das empleo, no los educas ni los curas. Se suponía que estabas realmente invirtiendo en los niños, y que a esos niños hoy les iría mejor que a los papás o a niños que no hubieran recibido este apoyo. Pero parece que no. Allí tenemos un problema muy complicado en Brasil, en México, en Perú, que son los tres países donde más se hizo, y creo que para la izquierda mexicana —que no piensa mucho en esas cosas ni en ninguna otra salvo en sus pleitos— pues allí hay un terreno muy fértil para pensar y trabajar.

La otra experiencia, que a mí me parece la más interesante de todas, es la de las computadoras en Uruguay: Tabaré Vázquez entregó una computadora a cada alumno de la escuela primaria en el país: a todos. Son computadoras para niños de primaria, no para jóvenes, y se regalan. Eso me parece una experiencia interesantísima de la que mucha gente de México, de izquierda o no, podría aprender.

AR: Para finalizar. Al final del libro usted plantea algunos grandes temas, entre ellos la política antimonopolios. ¿Usted observa que alguna de las izquierdas en el poder actualmente trabaje en esto?

JC: Lo que creo es que los partidos en el gobierno de izquierda tienen una contradicción, por ejemplo, en Brasil: son, hasta cierto punto, antimonopólicos, y han creado ciertas condiciones de regulación más rigurosas, pero son muy partidarios de los monopolios estatales. Entonces, es muy difícil ser antimonopólico en lo privado y promonopolio en el Estado, contradicción que en algún momento va a generarles dificultades en Brasil; en Chile ya no porque perdieron, pero les generó problemas durante un tiempo, y nunca pudieron realmente entrarle a fondo al tema del cobre en Chile para decidir qué hacer. En México es un problema enorme porque, ¿cómo se puede ser antimonopólico con Slim, pero no con Pemex? No se puede, o si se puede revela tal grado de contradicción que la gente dice “yo con este no voy”, como de hecho sucede con la izquierda en México.

BALANCE LATINOAMERICANO. Jorge. G. Castañeda


EL PAÍS/ Balance latinoamericano/ Enero 4 de 2011
de Jorge G. Castañeda, el Martes, 04 de enero de 2011 a las 10:54

Balance latinoamericano

TRIBUNA: JORGE CASTAÑEDA
El País
04/01/2011

América Latina cierra un buen año, uno de los menos malos en mucho tiempo. Nos tocó un Premio Nobel de Literatura; elecciones equitativas, detalles más detalles menos, en varios países; mineros rescatados; una recuperación económica más vigorosa que la esperada, y ningún gran contratiempo político mayor. Para una región acostumbrada al desastre, natural y humano, no está mal.
Claro: el terremoto de Haití se transformó en una de las peores tragedias de la historia moderna de la región; países como Guatemala, Honduras y Nicaragua se acercan peligrosamente al umbral del narco-Estado fallido, y la guerra optativa de Felipe Calderón contra el crimen organizado en México se cobró más de 10.000 muertes adicionales. Pero son excepciones, que no deben distraer la atención de las tendencias más profundas que las buenas noticias de hoy permiten discernir con mayor claridad.
La primera tendencia, que obviamente venía de atrás pero que en el 2010 se perfiló con mayor nitidez, consiste en la división cada vez más tajante y duradera de América Latina en dos regiones diferentes, separadas por dos formas muy distintas de integración a la economía global. Con la posible exclusión de Colombia, que se encuentra a caballo sobre ambas esferas, América del Sur ha emprendido un camino económico internacional radicalmente distinto al de México, Centroamérica y el Caribe. Sus elevadas tasas de crecimiento en 2010 y su rápida recuperación provienen esencialmente del mismo boom de commodities que dio lugar a la expansión de 2003-2008, la más prolongada e intensa desde la década de los setenta. Gracias a la insaciable demanda china e india de materias primas, alimentos y otros bienes semiprocesados, los países del área bendecidos por una dotación extraordinaria de recursos naturales en relación a su población crecen a tasas desconocidas desde hace 40 años. Chile y Perú con cobre y hierro, la Argentina y Uruguay con soja, Colombia con carbón y café, varios con petróleo y Brasil con casi todo, hoy vuelven a la época de oro de justo antes y después de la I Guerra Mundial. Mientras la demanda asiática se mantenga, y por tanto los precios de las materias primas también, estas economías seguirán expandiéndose. Vale la pena subrayar un dato: incluso Brasil, el exportador de manufacturas más importante de Sudamérica, hoy padece la proporción de productos básicos sobre exportaciones totales más alta desde 1978, a pesar de los aviones Embraer y los automóviles Flex.
Estos países crecen, gozan de un comercio exterior e inversión extranjera diversificados, y su inserción en la economía global es más simple y plural que la del resto de la región. El principal socio comercial de Brasil y Chile es China, mientras que Estados Unidos,al igual que desde los años treinta, no rebasa un tercio de las ventas externas brasileñas, y en ocasiones hasta menos del 20%. Lo mismo sucede con Argentina, Perú y Venezuela, que han visto disminuir, por razones medio incomprensibles, sus ventas de petróleo a las refinerías del golfo de México. Por otro lado, todas estas naciones, unas más que otras, reciben inversiones del mundo entero, pero con la excepción de Uruguay y Ecuador, el turismo y las remesas procedentes de países ricos no pesan. En síntesis, América del Sur disfruta ahora las delicias del commodity-boom generado por China e India, depende menos que antes de la economía norteamericana y posee una agenda limitada con Washington: el acuerdo de libre comercio de Colombia, la renegociación de la deuda argentina, algo de narcotráfico en Perú, Bolivia y, nuevamente, Colombia.
La situación en México, Centroamérica y el Caribe es otra. Para empezar, no se trata de exportadores de productos básicos: México tiene petróleo, pero este representa un porcentaje mínimo de sus ventas externas; los países centroamericanos son pequeños productores de azúcar, café, algodón y banano, pero los ingresos generados por dichos productos palidecen comparados con otros. Son -México, más que otros- exportadores o maquiladores de confección, textiles, automóviles, y en general productos manufacturados o semiprocesados, destinados en gran medida a Estados Unidos. Pero también son receptores de turismo norteamericano (México, República Dominicana, Costa Rica), de remesas enviadas por sus migrantes desde Estados Unidos (México, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana) y ventas o tránsito de drogas hacia Estados Unidos (México, Centroamérica y República Dominicana).
Estos países no solo poseen una intensa y enorme agenda con Estados Unidos, sino que la solución de muchos de sus retos y el desempeño de sus economías se ven estrechamente vinculados a la evolución de la economía y la política norteamericanas. Para bien o para mal, pertenecen a un espacio económico y social (entre el 10% y el 25% de su población reside en Estados Unidos) distinto al de América del Sur, cada vez más integrado en América del Norte. Cuando a Estados Unidos le va bien, a ellos también; cuando no, a ellos tampoco. Esta división no parece reversible: la Cuenca del Caribe es una; América del Sur, otra.
La segunda gran tendencia reside en la expansión continua y también, aparentemente, irreversible de la clase media latinoamericana. Por distintas razones, en diversos países, en mayor o menor grado, con una precariedad superior o acotada, algunas sociedades de la región ya son mayoritariamente de clase media, y otras van que vuelan hacia ese estatus. Los casos más notorios son Chile, Brasil, Uruguay y México, donde, a pesar de leves retrocesos debido a la recesión de 2009, más de la mitad de la población puede y debe ser considerada de clase media, tanto por su ingreso como por su forma de vida y sus niveles de consumo.
Acceso a crédito, hipotecario en particular; capacidad de compra de automóviles, televisores de plasma, teléfonos móviles, vacaciones, seguros médicos privados, educación superior privada para los hijos; grados de educación básica e información por un lado lamentables, pero por el otro inmensamente superiores a los de hace 15 años; exigencias de seguridad y orden anteriormente inalcanzables: he aquí las características de la nueva clase media baja latinoamericana, producto de tres lustros de crecimiento económico acelerado (Chile) o mediocre pero sostenido (México, Brasil).
De acuerdo con cifras de la OCDE, en 2008, el 53% de la población mexicana se colocó dentro de la clase media; el promedio de América Latina fue del 46%. Las cifras de Uruguay son mejores, según el club de los países ricos; las de Chile y Brasil ligeramente inferiores, aunque según instituciones como la Fundaçao Getulio Vargas, la clase media brasileña ya alcanza más del 55% de la población. Aunque en varios casos el deterioro económico de 2009 puede haber implicado un retroceso, solo una debacle prolongada interrumpiría esta tendencia: es producto de más de 15 años de estabilidad económica y financiera, de inflación controlada y de tasas de interés y precios de bienes y servicios cada vez menores.
De esta tendencia se deriva la tercera, igual de trascendente. Esta nueva clase media baja, aunque en ocasiones presa todavía de la informalidad y la ausencia de protección social, con acceso aún a una educación deficiente para sí y sus hijos, se ha convertido en la tan demorada y anhelada base social de la democracia en América Latina. Tiene mucho que perder con aventuras populistas y desequilibrios financieros, con golpes de timón abruptos y pleitos internacionales, con una retórica desmedida y una corrupción rampante. Vota por Gobiernos de centro-izquierda, cuando gobiernan bien, o por regímenes de centro-derecha cuando se hartan o se espantan, pero obligan al que sea a mantenerse en la gobernación democrática, en el centro ideológico, en la ortodoxia macroeconómica, en la moderación internacional y en la sensibilidad social para seguir expandiendo la clase media y seguir reduciendo la pobreza.
No hay garantías en esta materia: nunca se sabe cuándo un nuevo descalabro económico, interno o exógeno, lleve a estas clases medias a la desesperación. Por el momento, se han transformado en el mejor baluarte de la democracia y la sensatez en América Latina, dos rasgos que siempre habían brillado por su ausencia en la región, y que hoy sorprenden por su vigor y omnipresencia. Son como el pesado vallaste, o la quilla profunda de la gran embarcación latinoamericana, que por fin parece haber hallado su rumbo.

Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, es profesor de la Universidad de Nueva York.

Jorge G. Castañeda. PARA INTERPRETAR A WikiLeaks. Y Entrevista con EL MERCURIO


De Jorge G. Castañeda, el jueves, 02 de diciembre de 2010 a las 9:43

Para interpretar a WikiLeaks

Por Jorge G. Castañeda
Reforma
(02-Dic-2010).-

La filtración de WikiLeaks ha desatado una tormenta en las relaciones internacionales, en el aparato de seguridad de Estados Unidos y en muchos gobiernos que se han visto o saben que se verán en situaciones, en el mejor de los casos bochornosas, y en el peor inmanejables. Conforme se procesen los documentos habrá revelaciones que carezcan de importancia mundial o histórica, pero que pueden tener cierta pertinencia y estridencia, principalmente dentro de cada país: los de México armarán escándalo en México, los de Brasil en Brasil, etcétera.

Para poder entender lo que viene es pertinente esclarecer rápidamente el protocolo seguido para estos documentos, y otro tipo de comunicaciones, entre representaciones y capitales en todas las cancillerías. Primero hay que señalar que los 250 mil documentos filtrados son del Departamento de Estado incluyendo su sección de inteligencia (INR), pero no hay documentos de la CIA, la NSA o la DEA: el aparato formal de inteligencia. Esto no significa que algunos de los autores -el consejero político, el segundo de la misión o el embajador- no sean parte de la inteligencia, sólo significa que son documentos más bien diplomáticos que de espionaje. También hay que hacer notar que la mayoría de los documentos en el Departamento de Estado tienen tres propósitos: a) informar a Washington de una conversación con un funcionario, un empresario o un político de oposición de cierto país (MEMCON); b) son informes que reportan a Washington lo que la prensa de un país dice sobre tal o cual acontecimiento, anuncio o visita de un alto funcionario; y c) algunos textos -los más divertidos e interesantes pero los menos frecuentes- incluyen opiniones del autor sobre la persona con la que se reunió, el suceso o sobre la postura del gobierno local.

Todo esto se sabe porque documentos similares a los de WikiLeaks ya han sido consultados antes a través de la Freedom of Information Act; o bien al revisar archivos con 20 o 25 años de reserva (en algunos casos antes por historiadores que necesitan saber el punto de vista de la embajada de Estados Unidos -por ejemplo, la de La Paz, Bolivia, cuando falleció el Che). Otra acotación que conviene señalar es que, aparentemente y con excepciones, los documentos de WikiLeaks, a diferencia de los que se consultan en archivos, vienen sin taches. En otras palabras, se mantienen los nombres y las partes editoriales o personales más jugosas.

El problema de todo esto estriba en lo que sigue: si un funcionario, un empresario, un periodista, un intelectual o un narco ya no puede sentarse a platicar con un diplomático de Estados Unidos sin correr el riesgo de que su conversación aparezca en los periódicos semanas o meses después, entonces esas conversaciones dejarán de tener sustancia. Quienes hemos estado en situaciones en las que los interlocutores hacen público el contenido de conversaciones celebradas bajo la premisa explícita de secrecía y confidencialidad, sabemos lo peligrosa que puede llegar a ser una filtración.

Me congratulo de que Julian Assange haya filtrado estos documentos, porque creo que al final la transparencia es preferible a la opacidad. Pero sólo al final. La inmensa mayoría de los informes van a ser ciertos: no hay razón para que un funcionario norteamericano reporte a su jefe una conversación de manera fabricada. Habrá muchos osos, pero no mayores a los que ya han causado en el pasado funcionarios norteamericanos, mexicanos, cubanos y de otras estirpes que han filtrado documentos y conversaciones secretas. En WikiLeaks quedarán comprometidos personajes de izquierda, como Nelson Jobim, el actual ministro de Defensa de Brasil (que puede perder su ratificación por reunirse demasiado con el embajador de Estados Unidos), o nacionalistas empedernidos del PRD y del PRI que, en conversaciones con funcionarios diplomáticos en la embajada de Estados Unidos en México, habrán dicho palabras impronunciables afuera. Nadie se puede quejar: sopa de su propio chocolate.

http://www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com

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EL MERCURIO/ Jorge Castañeda comenta impasse diplomático/ Diciembre 3 de 2010
de Jorge G. Castañeda, el Viernes, 03 de diciembre de 2010 a las 12:37
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, comenta impasse diplomático: “El corolario inevitable de la guerra de Calderón es que Estados Unidos está metido hasta la cocina”

Estima que el error del gobierno de su país fue mantener en secreto la información que se destapó ayer.

GASPAR RAMÍREZ
El Mercurio
3 de dicimiembre de 2010

“Tienen una cagada monumental. Eso puedes ponerlo así”. El castellano antiguo pertenece al ex canciller mexicano Jorge Castañeda, y se refiere a los cables que la embajada estadounidense en el DF envió a Washington en 2009 y que fueron conocidos ayer en la tarde.

Castañeda luce sorprendido por las filtraciones de WikiLeaks, que él anticipó se venían fuertes por el lado mexicano en una columna publicada ayer por el diario Reforma. Es que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón admitieron que han perdido control de parte del país a manos de los narcos y que el Ejército es inoperante, entre otros temas.

“Si tú dejas entrar a los americanos a este nivel de cooperación -y yo estoy de acuerdo con que sea así-, van a ver cosas que de otro modo no verían. Y las van a decir. O en público, o en privado, o en secreto, y luego los secretos se vuelven públicos”, dice el académico de la Universidad de Nueva York a “El Mercurio”.

Castañeda cree que pronto se sabrán más secretos de la colaboración, y que hay mucha gente que dice, por ejemplo, que hay elementos norteamericanos de origen mexicano, de piel morena, que hablan español perfecto, participando en los operativos.

“No me consta, pero sí sé que si es cierto, se va a saber. En lo personal no me parece mal que suceda, si Calderón mañana anunciara este tipo de medidas, yo lo apoyaría. El problema es otro: me parece una imbecilidad hacerlo en secreto”.

En el lobby del hotel plaza San Francisco suena fuerte David Bowie. Hay mucho trajín. Castañeda está sentado ante un pisco sour.

Castañeda terminó ayer una visita de dos días a Chile: fue uno de los expositores en el seminario organizado por el gobierno para analizar el estado de la Carta Democrática Interamericana, que el próximo año cumple una década de vida y que será revisada en 2011 en la OEA.

El ex canciller opina que Gerónimo Gutiérrez era uno de los mejores proyectos que tenía el Partido de Acción Nacional (PAN, del Presidente Calderón) antes de que hace poco pasara al sector privado. Se refiere al entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación citado en los cables de 2009 como el personero que confidencia que la cosa no va bien.

“Él dice lo que todos decimos desde hace cuatro años: que esto no está funcionando y si no hay éxito la sociedad mexicana no va a aguantar, y que se necesita más ayuda, más rápido y más clara, si no esto no funciona”. Lo nuevo es que lo dijo alguien de adentro.

Para el intelectual mexicano, el sello del presente gobierno, ya está escrito: “El corolario de la guerra de Calderón es que Estados Unidos está metido hasta la cocina. Y eso tiene que decírselo a la sociedad mexicana”.

El Presidente Calderón cumplió el jueves cuatro años en el poder y le quedan dos por delante. ¿Puede hacer algo para cambiar la situación? “Ya no tiene salida, no va a poder recular, no va a poder ganar. Lo único que puede esperar es que quizás se empiece a estabilizar el nivel de la violencia a un nivel más alto que al principio, pero menor que los momentos pico”.

Una encuesta de hace un par de semanas mostró que el 54% de los mexicanos está a favor de la participación de militares en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. “La gente en México se siente más insegura que nunca, cree menos que nunca que el gobierno está ganando la guerra y apoyan menos que nunca la participación del Ejército”.

Según un cable conocido ayer, Hillary Clinton quería saber qué tipo de gobernante era Calderón y si estaba afectado por el estrés. “Ahí sí que no me voy a meter”, se excusa Castañeda.

“Los americanos saben perfectamente bien que la Marina es mucho más confiable que el Ejército, porque llevan varios años, desde 2005, entrenando a efectivos de la Marina sin conocimiento pleno del público americano ni mexicano.

“Va a haber más (filtraciones), sobre todo por que (Carlos) Pascual (embajador de EE.UU. en México) informa muy bien y mucho, porque está metido hasta la cocina y es bueno que sea así”.

La guardia cubana en Caracas
Otra de las revelaciones de WikiLeaks es que el círculo de seguridad del Presidente venezolano Hugo Chávez está compuesto por cubanos. Jorge Castañeda, como ex canciller y estudioso del tema -escribió una biografía del Che Guevara, “La vida en Rojo-, opina que no hay mucho de nuevo en el asunto.

“Ya sabíamos desde hace tiempo que el quid pro quo Venezuela-Cuba es: Caracas entrega dinero y petróleo, y La Habana, médicos y los anillos de seguridad de Chávez”. Castañeda señala que todos saben que desde hace mucho tiempo que Chávez no puede depender únicamente de la seguridad venezolana porque los riesgos de una traición son elevadísimos.

En cambio, la seguridad cubana no sólo es muy competente, sino que es de una “extrema lealtad a La Habana. Ahí siempre entra el riesgo de que ellos harán lo que La Habana les diga, y si algún día cambian de idea…”.

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Os desafios para Dilma Rousseff. Jorge G.Castañeda


(Tomado de su sitio web)
Os desafios para Dilma Rousseff

Jorge G. Castañeda
New York Times Syndicate
Notícias UOL
19 de Noviembre de 2010

Como esperado, Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil no segundo turno eleitoral em 31 de outubro, a primeira mulher a governar o país.

A liderança de Rousseff por 13 pontos percentuais no primeiro turno se mostrou insuperável pelo adversário José Serra, apesar dos tropeços da campanha de Rousseff e da falta de apoio da candidata do Partido Verde, Marina Silva.

O trabalho de Rousseff foi predeterminado para ela. O presidente imensamente popular Luis Inácio Lula da Silva deixou desafios que se tornam mais difíceis a cada dia.

A economia brasileira pode estar superaquecendo, estimulada pelos afluxos de capital, gerados em parte pela badalação da ascensão do Brasil e em parte pelas políticas recentes do Federal Reserve (Fed, o banco central) dos Estados Unidos, que visam baixar as taxas de juros americanas –o que leva os investidores a buscarem outros horizontes e maiores retornos em países como o Brasil.

O afluxo de capital pode reacender a inflação no Brasil, manter as taxas de juros de longo prazo anormalmente altas e forçar uma desaceleração econômica. Não é de se estranhar que Lula tenha sido um dos principais críticos do Fed (e do presidente Obama) na cúpula do Grupo dos 20 em Seul, neste mês, e na mídia internacional.

Há uma profunda fraqueza estrutural na economia, causada pelo fracasso do Brasil em investir em seu próprio crescimento. A taxa de investimento do país é de aproximadamente 18% do PIB. A taxa do México é de 22%; a da China é de 45%.

Dadas as deficiências do Brasil em infraestrutura, educação e proteção ambiental, uma taxa de investimento insuficiente trabalha contra o alto crescimento. Sem a elevação dessa taxa, o Brasil não estará à altura das expectativas. O Brasil está desfrutando de um boom nas exportações de commodities, alimentado pela demanda colossal da China e da Índia –que poderá não durar.

Rousseff deseja que o Estado exerça um maior papel no investimento, principalmente por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento, ou BNDES, o que não é necessariamente a melhor solução. A tradição do Brasil de alto investimento do setor público nem sempre foi bem-sucedida –frequentemente empurrando para fora o setor privado e estimulando a burocracia e corrupção.

Um desafio acaba causando outro. A política social de Lula se apoiou na Bolsa Família, onde famílias de baixa renda recebem um ajuda mensal caso suas crianças sejam vacinadas e frequentem a escola.

Criado em 2003, o Bolsa Família reduziu dramaticamente a pobreza no Brasil –mas a um enorme custo para o governo. O programa foi projetado para quebrar o ciclo de pobreza de gerações, desenvolvendo capital humano para o futuro. Os filhos dos pobres, graças a uma melhor saúde, nutrição e educação, se sairiam melhor do que seus pais ao ingressarem no mercado de trabalho.

Há treze anos, o México implantou um programa semelhante, agora conhecido como Progresa-Oportunidades. Ainda não há uma avaliação. O economista mexicano Santiago Levy, um fundador do programa, não está convencido de que os resultados serão conclusivos. Sejam quais forem os méritos do programa, o crescimento da economia informal do México também exerce um papel.

O Brasil precisa de um crescimento comparável para sustentar o Bolsa Família.
Rousseff também enfrenta desafios políticos, começando pela formação de seu governo. Por um lado, Rousseff deveria reduzir o número de ministérios criados por Lula; por outro, ela precisa pagar os favores, acomodar os aliados e rechaçar as pressões.

Um ponto de pressão é o próprio Lula, que, independente do que diga, vai querer alguns assessores e aliados no novo gabinete. Outras reivindicações de cargos, ministérios e recursos virão do PMDB, que apoiou Rousseff na eleição; e de todas as facções dentro de seu próprio partido (e o de Lula), o Partido dos Trabalhadores (PT).

Além disso, Rousseff precisa demonstrar sua independência, que não é uma Lula 2.

O que leva ao seu próximo desafio: Rousseff carece da história de Lula com o PT e do poder dele sobre o PT. O partido, tradicionalmente à esquerda de Lula, acompanhou a contragosto o pragmatismo dele. A menos que Rousseff controle o PT com mão forte, ela reforçará a impressão de que poderia ser uma presidente interina, apenas aguardando pela reeleição de Lula em 2014. Interinos rapidamente se tornam “patos mancos” (expressão americana para políticos em fim de mandato, sem poder político significativo).

O retrospecto de Lula na política externa é ambíguo. O Brasil se tornou um importante membro do G20 e está próximo de obter um maior poder de voto no Fundo Monetário Internacional. Mas Lula não conseguiu sua maior meta –uma cadeira permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Lula, trabalhando com a Turquia, não conseguiu intermediar o esperado acordo entre o Irã e o Ocidente. E ele não conseguiu muito progresso na solução das crises regionais na América Latina –apesar de ter gerado muita badalação com o fato do Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

A tendência de Lula foi agir mais como um líder do Terceiro Mundo do que como o de uma potência mundial. Mas ele adorava a ovação no palco mundial e desprezar Washington –às vezes com razão, às vezes não.

Será que Rousseff será tão ativa quanto, ou tão arcaica? O melhor palpite: não para a primeira pergunta, sim para a segunda. Ela tem demonstrado pouco interesse nos holofotes internacionais, mas rivaliza Lula na defesa da soberania nacional e na defesa dos potências emergentes.

Rousseff deve se envolver menos nos assuntos mundiais e mais em assuntos regionais, talvez se inclinando mais do que Lula na direção do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, do presidente da Bolívia, Evo Morales, e de outros membros da esquerda radical regional.

O Brasil, a região e o mundo estão observando como Rousseff lidará com esses desafios.

Tradução: George El Khouri Andolfato

Jorge Castañeda foi ministro das Relaçoes Exteriores do México durante a presidencia de Vicente Fox e é autor de uma das mais extensivas biografias já publicadas sobre Che Guevara.

Un cambio de rumbo. Jorge. G. Castañeda


(Tomado de su sitio web)
Jueves, 18 de noviembre de 2010 a las 13:51
Un cambio de rumbo

JORGE CASTAÑEDA

TRIBUNA
El País
18/11/2010

Lo dijo aquí Mario Vargas Llosa hace unos días y lo dijo muy bien: los habitantes del Estado norteamericano de California se equivocaron al no legalizar el uso recreativo (y el cultivo, la producción y el comercio) de la marihuana el pasado 2 de noviembre en un referéndum. Agregaría yo que también se equivocaron los presidentes de los países productores y de tránsito, como Colombia, México, El Salvador, Panamá y República Dominicana, al no haber aprovechado la posible legalización o la victoria pírrica de los partidarios de perpetuar la prohibición, para llamar a una nueva estrategia frente al narcotráfico.

Victoria pírrica, porque si uno analiza con detenimiento los datos de las encuestas de salida, y de las tendencias históricas tanto en California como en Estados Unidos en su conjunto, rápidamente se percata que la legalización es solo cuestión de tiempo. Incluso el mismo 2 de noviembre, un Estado tan conservador como Arizona -cuna de la odiosa ley contra los inmigrantes llamada SB1070- aprobó por referéndum la legalización médica del uso de la marihuana en condiciones de gran libertad.

En lugar de pedirle a la Virgen de Guadalupe que no suceda, los presidentes latinoamericanos harían bien, siguiendo al mandatario mexicano Vicente Fox, en pedirle a Dios que sí se legalice.

La encuesta más interesante, junto con su estudio acompañante, es la que realizó Greenberg-Quinlan-Rosner Research, dirigida por el encuestador Stanley Greenberg, bien conocido no solo por su trabajo electoral sino por sus análisis más abstractos de la evolución de la sociedad norteamericana. Lo primero que anota Greenberg es la evolución de los puntos de vista estadounidenses a lo largo de los últimos 30 años, basándose en los recurrentes sondeos realizados por Gallup. Muestra como desde un pico en 1970, cuando el 84% de todos los norteamericanos se oponían a la legalización, y solo el 12% eran partidarios de la misma, se llega a la situación actual: el 46% de los ciudadanos de Estados Unidos son partidarios de la legalización y el 50%, contrarios a ella. La tendencia se mantiene a lo largo de 40 años, y aunque se han producido pequeños movimientos opuestos en determinadas coyunturas, según Greenberg se trata de una corriente de opinión robusta y dotada de un desenlace inexorable.

La misma tendencia aparece en las votaciones formales dentro de los Estados Unidos. La Iniciativa 19 obtuvo el porcentaje más alto que jamás ha logrado una iniciativa de legalización en Estados Unidos. La lista es la siguiente, remontando al año 2000: Alaska en 2000, 40%; Nevada en 2002, 39%; Alaska en 2004, 44%; Nevada en 2006, 44%; y Colorado en 2006, 41%.En segundo lugar, Greenberg analiza las respuestas de los votantes a favor y en contra de la iniciativa en California, así como las razones de su voto. Sabemos que el resultado final fue de un 53,8% contra el 47,2%.

Ahora bien, al preguntársele a los votantes si pensaban que, independientemente de su voto, el uso de la marihuana debía legalizarse, el 50% dijeron que sí. Casi la tercera parte que votaron en contra consideraban que la marihuana debiera ser legal, pero estaban en desacuerdo con algunos detalles de la Iniciativa 19. La cuarta parte de los que votaron en contra de la legalización contemplaron la posibilidad de votar a favor.

El 52% de los votantes de California (contra un 37%) creen que las leyes contra la marihuana, al igual que las viejas leyes contra el alcohol, hacen más daño que bien. Y el 44% de los electores aseveran que la legalización es inevitable; solo el 25% piensa que no. Si la participación electoral de los jóvenes el 2 de noviembre hubiera sido la misma que en las elecciones presidenciales anteriores, se habría producido un empate. Por último, el 55% de los votantes independientes blancos se pronunciaron a favor de la legalización.

Así pues, todo indica que la legalización de la marihuana va a figurar de nuevo, y muy pronto, en las votaciones de varios Estados de EE UU, empezando por California en el año 2012, pero en un contexto diferente: más dinero, mayor participación electoral, más debate previo, tanto local como nacional, y sujeto a las tendencias ya descritas.

Si los presidentes latinoamericanos mencionados quisieran tomar en cuenta la opinión y los procesos en apariencia irreversibles del principal mercado de consumo de estupefacientes en el mundo, harían bien en plantear con claridad y vigor lo que muchos ya han sugerido de manera más o menos explícita: convocar a una conferencia internacional para llevar a cabo un balance de 40 años de estrategia punitiva contra la droga, y estudiar las alternativas posibles, desde la legalización de la marihuana en varios países, hasta la legalización de toda las drogas en esos mismos países.

Pero si quisieran atender las opiniones de muchos de los personajes más influyentes y distinguidos de sus propios países, harían lo mismo.

Los tres escritores latinoamericanos más laureados y más distinguidos así lo piensan. Según Carlos Fuentes, la solución consiste en “despenalizar las drogas paulatinamente.” Para Gabriel García Márquez, “una de las grandes ventajas de la marihuana como medicamento reside en su seguridad. No se conoce ningún caso de sobredosis letal”; y Mario Vargas Llosa se ha manifestado muchas veces a favor de la legalización, sobre todo en su más reciente artículo quincenal de EL PAÍS a principios de noviembre. Ex mandatarios iberoamericanos como Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Vicente Fox de México, César Gaviria de Colombia, Ernesto Zedillo de México y Felipe González, lo han hecho también cada uno a su manera. Empresarios mexicanos, como Ricardo Salinas Pliego, han manifestado lo mismo; revistas como Nexos, en México, cuyo consejo editorial incluye (con la excepción del que escribe) a muchos de los intelectuales más distinguidos de México, se han expresado en el mismo sentido.

Es cierto que las encuestas muestran que no existe un apoyo mayoritario a la legalización en los países productores o de paso. Pero también es cierto que sus mandatarios no han hecho nada para conducir a sus respectivos países en esa dirección. Asímismo, es probable que sin sumar a Estados Unidos a una postura de legalización, se antoja difícil que esta prospere o haga realmente una diferencia. Sin embargo, esta última tesis hace caso omiso de dos elementos decisivos y que no conviene perder de vista.

Si lo que le conviene a México, a Colombia, a Perú, a la República Dominicana y a otros países es la legalización, deben luchar por ella y por convencer a Estados Unidos de hacer lo propio. Nadie tiene la autoridad moral de Felipe Calderón o de Juan Manuel Santos, entre otros, para este empeño. Que no se logre a corto plazo no significa que no deba intentarse. Y en segundo lugar, y tal vez sea lo más importante, conviene recordar lo que dijo el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson en 1968 a propósito de la oposición del muy influyente presentador de informativos de televisión Walter Cronkite a la guerra de Vietnam: “Si he perdido a Cronkite, he perdido a Estados Unidos”.

Para todos fines prácticos, si la guerra contra las drogas ha perdido a California y a Arizona, probablemente perdió a Estados Unidos, y si ha perdido a figuras latinoamericanas como las aquí mencionadas, es probable que esté perdiendo a las élites latinoamericanas, que dentro de su proverbial prudencia (algunos dirían miedo) y su obviamente excesivo poder, son imprescindibles para cualquier esfuerzo de Gobierno en América Latina.

Ya casi nadie lo niega: la estrategia actual no ha funcionado; las hipótesis de su éxito: una disminución del consumo y/o de la tolerancia del mismo en los países donde se origina la demanda -así como una regulación de la venta de armas de fuego- son ilusorias; las tendencias de opinión van en sentido contrario. De verdad, ¿no ha llegado la hora de cambiar de rumbo?

Jorge G. Castañeda, ex canciller mexicano, es profesor de la Universidad de Nueva York.

DEBATIR LA EDUCACION. Por Jorge G. Castañeda


(Tomado de su sitio web)
Debatir la educación

Por Jorge G. Castañeda
Reforma
(18-Nov-2010).-

Hace un par de días la organización Mexicanos Primero, presidida por Claudio X. González, presentó su segundo informe anual, titulado “Brechas”, que complementa el anterior llamado “Contra la pared”. A partir de datos procedentes de pruebas nacionales e internacionales de evaluación escolares (Pisa, Enlace, Excale) el informe describe un panorama peor que desolador -desastroso- de la educación básica en México. Sin anatemas ni ofensas, Mexicanos Primero propone algunas guías de solución a mediano y largo plazo, pero insiste mucho, y con razón, que el punto de partida es el análisis de la situación actual.

Al comentar este informe me permití subrayar algunos de los datos y plantear una problemática, en mi opinión, desgarradora, pero fundamental. Un primer conjunto de hechos que me llamaron la atención tiene que ver con la convergencia entre la información recopilada y presentada por Mexicanos Primero y la de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: más o menos dicen lo mismo. Pasa algo semejante con Enlace de 2010 y Excale 2005 y 2008; aunque miden cosas ligeramente distintas, todos los números apuntan a dos conclusiones: la situación en secundaria es terrible y no ha cambiado entre 2005 y 2010. Hay variaciones marginales en el tiempo y entre fuentes.

Un segundo dato digno de subrayarse es el que proviene de la gráfica de resultados en escuelas primarias indígenas, rurales, urbanas públicas y urbanas privadas. Aunque David Calderón, el talentoso autor del estudio, subraya que la diferencia entre los distintos segmentos de cada una de estas categorías no es enorme, sí lo es entre el desempeño educativo de los niños en las escuelas urbanas privadas y las escuelas indígenas. También lo es con relación a las escuelas rurales. México va derechito por el camino de una privatización silenciosa de la educación básica, no impuesta por el imperialismo, el neoliberalismo, el gobierno espurio o el sector privado, sino por los padres de familia. Como en la India, dentro de poco tiempo empezarán a reaccionar ahorrando para enviar a sus hijos a escuelas privadas, porque la diferencia sí es enorme.

Otro hecho escalofriante: en México 93% del gasto educativo se destina a salarios, 20 puntos por arriba del promedio de la OCDE donde sólo es superado por Portugal; y es más que Chile y Turquía, los países con PIB más parecido al mexicano. Al mismo tiempo sabemos que los maestros en México no son bien pagados. ¿Cómo le hacemos para gastar más y pagar menos? Es otro de los misterios de la educación en México.

Por último, un hecho que me permití compartir con el público y que no viene del informe “Brechas”, sino del libro Latin America 2040 editado por la Sage Foundation: según las pruebas Pisa de 2006, salvo en Chile, el desempeño en lectura, matemáticas y ciencias del quintil más rico de los niños de secundaria en América Latina es inferior al del quintil más pobre de los países ricos. La problemática se puede ilustrar con el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) de Mexicanos Primero.

Aplicar un principio radical de evaluación, premios y castigos, e incentivos claros a la educación en México, implicaría darle más dinero a los estados mejor librados que a los peor librados. Implica entregarle más recursos a los municipios mejor calificados, a sus mejores escuelas y directores, a los mejores maestros dentro de las mejores escuelas, y a los mejores alumnos dentro de las mejores escuelas dentro del mejor municipio, dentro del mejor estado. Es un poco, guardando las proporciones, lo que están tratando de hacer en Estados Unidos Obama y su secretario de Educación, Arne Duncan. Sin duda funcionaría en México, pero sin duda también ensancharía la brecha educativa, por ejemplo, entre Aguascalientes -tercer lugar después de Nuevo León y el Distrito Federal- y Oaxaca, el peor calificado. Lo que estamos haciendo no funciona; y esta alternativa es imperfecta y perversa, pero conviene debatirla.

http://www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com

NEXOS. POR LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS. Un informe


(Un ensayo, tomado del sitio de Jorge G. Castañeda)

NEXOS
POR LALEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

El consenso punitivo sobre las drogas vive una crisis de eficacia
global. Sus resultados son pobres y sus costos altos. La
prohibición, que para 1998 habían asumido la totalidad de los
países signatarios de la ONU —aunque se puso en marcha desde
principios del siglo XX—, tiene como fin declarado: “Reducir tanto
la oferta ilegal como la demanda de drogas”.
Nada indica que esto haya sucedido. En los países consumidores,
luego de medio siglo de persecución, no han descendido ni la oferta
ilegal ni la demanda. Los beneficios prohibicionistas son modestos
comparados con los daños, que son altos, y “caen desproporcionadamente
sobre los países pobres y sobre la gente pobre de los
países ricos”, como apunta The Economist. Esto, sin contar con las
intervenciones políticas y militares efectuadas en el continente bajo
la coartada de la guerra contra las drogas.
Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán, Irán o,
en América Latina, Perú, Colombia y México, han pagado en desarticulación
institucional, violencia, inseguridad y corrupción, costos
superiores a los que el consumo de drogas prohibidas hubiera provocado
en su salud, su economía o su equilibrio social.
Los esfuerzos mexicanos en la materia admiten la comparación
con el mito de Sísifo, condenado a subir una piedra montaña arriba
sólo para que al llegar a la cima la piedra ruede cuesta abajo, y haya
que subirla de nuevo.
El problema de México es de salud pública, como en todos los
países, pero es también, con especial urgencia, un problema de
seguridad. La prohibición impide una política integral de salud sobre
las drogas porque niega la realidad. Es imposible pensar un mundo
sin drogas. Podemos pensar, en cambio, un mundo capaz de controlar
razonablemente el uso de estas sustancias.
La prohibición impide también una política eficiente de seguridad
pública. Da rentas demasiado altas al crimen. Para países como
México, el primer peldaño en el problema de seguridad es la flaqueza
institucional de su Estado de derecho. Pero el problema se dispara
por las rentas que los narcotraficantes obtienen en el mercado ilegal.
Son esas rentas las que permiten al crimen organizado corromper,
reclutar y armarse desmesuradamente.
La prohibición es lo que hace que un kilo de mariguana valga
en México 80 dólares, y que ese mismo kilo cueste dos mil dólares
en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza
mexicana 12 mil 500 dólares, y 26 mil 500 en la vecina ciudad
estadunidense; que un kilo de heroína sea vendido aquí en 35 mil
dólares, y en 71 mil del otro lado del río Bravo.
Terminar la prohibición, legalizar las drogas, es un camino cierto
a la reducción de las ganancias ilegales que obtiene el narcotráfico
y a la reducción, por tanto, del poder criminal de los narcotraficantes.
Los argumentos inteligentes en favor de la legalización circulan
con amplitud por el mundo. Van desde el alegato liberal clásico
según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y el Estado
no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe mientras
esa conducta no perjudique a terceros (John Stuart Mill), hasta
el argumento económico de que toda represión irracional de la
demanda crea mercados paralelos y precios artificiales que otorgan
por la vía del crimen lo que la sociedad prohíbe por vía de la ley
(Milton Friedman).
Países productores y de paso, como México, han de añadir el
argumento de los costos adicionales que pagan para contener ese
mercado. Al tratar de reprimir lo irreprimible, extravían el bien público
de la seguridad, sin cuya provisión no son imaginables el desarrollo,
el equilibrio social, la vida civilizada ni la libertad. La seguridad
es aquí el piso de la libertad: una sostiene a la otra.
Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento liberal,
porque el Estado no puede prohibir a nadie que haga lo que no daña
a terceros. Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento de
la seguridad, porque la renta ilegal de una sola de sus variedades
bastaría para sostener el poder de corrupción, reclutamiento y violencia
de los narcotraficantes.
Quien dice legalizar dice regular. Cada una de las drogas que
persigue el consenso punitivo tiene valores psicotrópicos, riesgos
médicos y efectos sociales distintos. No puede darse el mismo trato
legal a drogas suaves como la mariguana, que a drogas duras
como la cocaína, la morfina y siniestros derivados como el crack
o el crystal meth.
Regular implica separar los mercados de drogas y proteger a los
consumidores otorgándoles certidumbre, información y garantías
sobre la calidad de lo que se consume.
En junio de 1995 y marzo de 2000 la portada de nexos estuvo
dedicada a la pregunta de si había que legalizar las drogas o no. Hoy
volvemos al tema suprimiendo los signos de interrogación.
Por todas las razones históricas, económicas, éticas, políticas, de
salud y de seguridad pública ampliamente discutidas en Legalizar.
Un informe, documento central de esta edición, nexos se pronuncia
ahora claramente por la legalización de las drogas, en el espíritu de
regulación y despenalización que es, creemos, el curso civilizatorio
en que ha de desembocar el debate mundial sobre el tema.
(Nexos)

(Informe especial
nexos octubre 2010 29)

El consenso punitivo sobre las drogas vive una
crisis de eficacia global. Sus resultados son
pobres y sus costos altos. La prohibición, nacida
en la Convención Internacional del Opio de
1912, se expandió paso a paso entre 1949 y 1961,
y fue asumida por todos los países signatarios de
la ONU en 1998. Su fin declarado: “Reducir tanto
la oferta ilegal como la demanda de drogas”.
Nada indica que esto haya sucedido. En los
países consumidores, luego de medio siglo de
persecución, no han descendido ni la oferta
ilegal ni la demanda. Se ha mantenido estable el
consumo de cocaína y heroína. Ha crecido el de
metanfetaminas y mariguana. Según la propia
ONU, en 2008, diez años después del acuerdo
universal de prohibición, consumían drogas entre
155 y 250 millones de personas, es decir, entre
3.5% y 5.7% de la población mundial, un rango
similar al de la década anterior.1
No hay cifras precisas sobre el mercado global
de enervantes. Todas son más bien indicativas,
muchas de ellas con rangos de variación enormes.
Instituciones y especialistas disputan sobre
las fuentes y la forma de medir el fenómeno,
cuyo conocimiento preciso ha sido una de las
primeras bajas de la prohibición.2
Según la ONU, en 2003 el valor global del mercado de drogas
ilícitas era de 322 mil millones de dólares. De ellos, 140 mil
millones correspondían a la mariguana, 70 mil a la cocaína, 65
mil a los opiáceos y la heroína, 44 mil a las metanfetaminas.
Del total del valor añadido a esas drogas por su carácter ilegal,

(Legalizar

Un informe
De la redacción de nexos)

I. Un fracaso mundial

——

1 United Nations Office on Drugs and Crime (en adelante UNODC), World Drug Report,
2010. La prevalencia anual del consumo de cocaína a nivel global se ha mantenido estable
en la última década en .4%, la de heroína se calcula entre .3% y .5%, la de mariguana
entre 2.9% y 4.3%, la de metanfetaminas entre .3% y 1.2%.
2 En este documento usamos como eje los datos generados por la Oficina de Drogas y
Crimen de Naciones Unidas, pues es la institución depositaria del consenso punitivo
mundial. Hemos usado también otras fuentes. En caso de divergencias significativas
hemos optado siempre por las cifras de la ONU.
3 UNODC, World Drug Report, 2005. Según Peter Reuter, los campesinos productores de
hoja de coca reciben alrededor de .65% del valor agregado final del producto. Los intermediarios,
traficantes, se quedan con una parte mucho mayor. Pero quienes se quedan
las mayores ganancia son los eslabones finales de la cadena.
el 76% se quedaba en los países consumidores y el 24% restante
en los países productores y de paso.3
Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor
de enervantes, seguido de cerca por Europa Occidental. Desde
1960, en casi todos los grupos de edad, casi la mitad de los esta-

(Ilustraciones: adrián Pérez
Legalización
30 octubre 2010 nexos)

dunidenses declara haber probado alguna droga ilegal.4 En 2008,
40% del consumo de cocaína se concentraba en Norteamérica,
seguido por Europa con el 30%. En cambio, la mayor parte del
mercado de la heroína, 47%, estaba en Europa Occidental y
Rusia.5 El mundo desarrollado pelea sin esperanza contra su
propio mercado: como revelan las cifras, el consumo de drogas
en esos países es a la vez potente, irreprimible e ilegal.
Es posible, según apuntan los defensores de la prohibición,
que el consenso punitivo haya detenido la expansión del mercado
en los países consumidores, logro no desdeñable. Pero
es un hecho que no lo ha reducido, como era su propósito.
En todo caso, con el paso del tiempo lo que se ha visto es un
proceso de “maduración” de ciertos mercados, que no crecen
más porque han llegado a un límite: una franja de equilibrio
práctico entre consumo, tolerancia y persecución. Sabemos,
en cambio, que la prohibición hizo esos mercados muy rentables
para los traficantes de dentro y los proveedores de fuera,
añadiendo daños colaterales o “consecuencias no buscadas”
(unintended consequences, en el lenguaje de la ONU), cuya
acumulación empieza a resultar indefendible y, para algunos
países, intolerable.
Los beneficios prohibicionistas son modestos comparados
con sus costos.
Los daños son altos, afirma The Economist, y “caen de manera
desproporcionada sobre países pobres y sobre la gente pobre
de los países ricos”.6 Los barrios pobres y la población marginal
de las grandes ciudades de los países consumidores pagan los
costos más altos por mantener la oferta de drogas ilícitas que
requieren millones de consumidores recreativos. El espejo de
la población carcelaria de Estados Unidos es elocuente. La
Comisión Europea calcula que hay en el mundo un millón de
presos por delitos vinculados a las drogas: 500 mil están presos
en Estados Unidos, la mayoría son negros o hispanos.7
Y, sin embargo, el mercado sigue tan estable como siempre
en las grandes ciudades estadunidenses, en un esquema de territorios
tolerados cuya dialéctica de control puede entreverse
en series como The Wire, que ficcionaliza el fenómeno en la
ciudad de Baltimore, o El cártel de los sapos, que lo ve desde
los tratos de los cárteles colombianos.
Por la concentración del esfuerzo mundial en reducir la
producción y el tráfico, los países productores y de paso pagan
costos mayores en todos los órdenes. Son los verdaderos
escenarios de la “guerra contra las drogas”, sin ser, como se
ha visto, los beneficiarios mayores del valor añadido por el
tráfico ilegal.
Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán,
Irán, o en América Latina, Perú, Colombia y México, han pagado
en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación
institucional, costos superiores a los que el consumo de las
drogas prohibidas hubiera provocado en su salud, su economía,
su seguridad o su equilibrio social.
El ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso,
señala la desigualdad del impacto:
Los países desarrollados, los principales consumidores,
han impuesto políticas dañinas sobre los países productores
de drogas. Estas políticas han tenido consecuencias
terribles, como la corrupción de las fuerzas policiacas
y judiciales, y la violencia relacionada al tráfico, en el
desarrollo económico y la estabilidad política de los
países productores.8
Estos países en especial tienen derecho a señalar y repudiar
los costos del consenso punitivo, pues no se asientan en su
territorio ni siquiera los modestos logros de contención del
mercado que pueden alegarse para los países consumidores.
En los países de producción y tráfico de América Latina
crecen los índices de homicidio: Venezuela, Guatemala,
Honduras, Perú, Colombia y México. Las regiones donde se
concentran los homicidios en muchos casos coinciden con
rutas del narcotráfico.9
La política de prohibición consume grandes partidas de
dinero público, proporcionalmente mayores en los países
de producción y paso que en los países consumidores. Por
ejemplo: Estados Unidos gasta 40 mil millones de dólares al
año en la “guerra contra las drogas”. México gasta nueve mil
millones, el triple del gasto estadunidense si se comparan las
cifras con sus respectivos productos internos.10
La debilidad institucional de los países productores y de paso
añade otros costos. El mercado negro de las drogas da a los traficantes
recursos extraordinarios para corromper autoridades,
reclutar aliados, comprar armas y establecer el control territorial
violento de rutas y zonas, control necesario para reducir los
riesgos y las incertidumbres que entraña el mercado ilegal.
Para los países productores y de paso todo es costo, crisis y
desmoronamiento de su de por sí precario orden institucional.

—–

4 Robert J. MacCoun y Peter Reuter, Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times,
and Places, RAND, 2001.
5 Los niveles de consumo de Rusia e Irán han crecido mucho en años recientes, pues
dejaron de ser países de paso y se volvieron países consumidores de opio y heroína. La
razón de este cambio es que las restricciones en el paso de heroína y opio a Europa, lleva
a los productores y traficantes a poner más droga en el mercado calculando que una parte
será decomisada y otra pasará hasta el destino final. El aumento total en droga disponible
ha generado nuevos mercados de consumo en los países de paso, donde la producción
“excedente” encuentra refugio. Reuter, op. cit. UNODC, op.cit. 2010.
6 “The Case For Legalisation Time for Puff of Sanity”, The Economist, julio 26-28, 2001.
7 Peter Reuter y Franz Trautmann (eds.), A Report on Global Illicit Drug Markets 1997-
2008, European Commission, 2009. “Prisoners in 2008”, Department of Justice, 2010.
En las cárceles estatales en Estados Unidos la distribución racial de sentenciados por
crímenes de drogas es: 27.1% blancos, 44.2% negros y 21% hispanos.
8 Fernando Henrique Cardoso, “Foreword”, en Innocent Bystanders: Developing Countries
and the War on Drugs, World Bank, 2010.
9 UNODC, op. cit., 2010.
10 Keefer, et al., “Drug Prohibition and Developing Countries: Uncertain Benefits, Certain
Costs”, en Innocent Bystanders: Developing Countries and the War on Drugs, World
Bank, 2010.

—–

(Informe especial
nexos octubre 2010 31)

de los más altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
incluyendo a su titular.
Los años recientes registran la ola mayor de compra y
corrupción de gobiernos y policías locales. Las actividades
del narcotráfico se han extendido a 19 de los 32 estados de la
República, cinco de los cuales viven condiciones de inseguridad
y violencia que hacen correr por el mundo la imagen de
México como un Estado fallido.11
En el último trienio se ha duplicado el número de arrestos
por crímenes vinculados al
narcotráfico: 115 mil 487 detenidos,
contra 58 mil en todo el
gobierno de Vicente Fox (2000-
2006) y 64 mil en el de Ernesto
Zedillo (1994-2000). Hablamos
de 237 mil detenidos en 16 años,
la mitad de todos los presos de
Estados Unidos y la cuarta parte
de los del mundo por “delitos
contra la salud”.12
Los homicidios merecen nota
aparte. Desde 1990 hasta 2007
la tasa de homicidios de México
no había hecho sino descender.
Había 20 homicidios por cada
100 mil habitantes en 1990 y
ocho homicidios por cada 100
mil en el año 2007.
La espiral de violencia desatada
desde entonces por la guerra de las drogas en México
hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2009 la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes era de 12, el doble que
Estados Unidos, pero la mitad que Brasil, la tercera parte que
Colombia, la quinta parte que Guatemala.13
La cuenta oficial de los muertos atribuibles a la guerra
contra el narco en México en los últimos tres años es de 28
mil, de los cuales la mayor parte corresponde a homicidios
entre bandas rivales (nueve de cada 10, según el gobierno
mexicano).14

—–

11 Eduardo Guerrero, “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, nexos,
agosto, 2010.
12 Hay un lío con las cifras de detenidos y presos en México. En su informe de labores
2009, la Secretaría de Seguridad Pública señala que la población penitenciaria actual es de
227,021 personas. Aunque se han detenido a 115 mil personas por delitos contra la salud,
delitos del fuero federal, sólo hay en las cárceles un poco más de mil personas sentenciadas
por delitos de ese fuero en los últimos tres años. “Información sobre el fenómeno
delictivo en México”, documento presentado por Alejandro Poiré en los Diálogos por la
Seguridad, Secretaría de Gobernación, 2010
13 Fernando Escalante, “Homicidios 1990-2007”, nexos, septiembre 2009. UNODC, op.
cit., 2010. Estos son los datos más recientes publicados sobre homicidios en México por
la ONU. No coinciden con los levantados por el propio Escalante, pero indican quizá
la tendencia real.
14 Felipe Calderón, “La lucha por la seguridad pública”, consultado en http://www.presidencia.
gob.mx/prensa/?contenido=57618 (13/06/10). Según las cifras ofrecidas por el presidente
en este desplegado sólo se han determinado las causas de un 70% de los homicidios. De
este 70%, el 90% de los casos tienen “algún indicio” de que se trata de “personas muy
probablemente vinculadas a organizaciones criminales”.

II. El fracaso de México

México ha dedicado varias décadas a servir el consenso
punitivo. Desde los años setenta con la Operación Cóndor,
orientada a la erradicación de cultivos mediante el uso de
antidefoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la
guerra contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente
Calderón, la persecución de las drogas en México no ha
sido sino una historia interminable de violencia y corrupción.
Los esfuerzos mexicanos en la materia admiten la comparación
con el mito de Sísifo, condenado a subir una piedra
montaña arriba sólo para que al llegar a la cima la piedra ruede
cuesta abajo y haya que subirla
de nuevo.
La piedra del Sísifo mexicano
tiene vida propia, la piedra se va
encanallando en el camino hasta
alcanzar los niveles de violencia
que pueden constatarse todos
los días en cada vez más comunidades
y en los medios de
comunicación.
Los frutos de medio siglo
de persecución de las drogas
en México no podrían ser más
amargos: una epidemia de
inseguridad, violencia y corrupción
institucional, incapaz
de contener o reducir el flujo
de enervantes hacia el estable
mercado estadunidense.
Los resultados mexicanos en
detenciones, decomisos o capturas de capos son notables. La
irrelevancia de esos logros ante lo buscado, también. Todas
las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas
y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos
prohibidos.
Los costos locales, en cambio, han sido elevadísimos. Por
ejemplo, en corrupción institucional.
En los años noventa se descubrió que el zar antidrogas de
México era cómplice de uno de los cárteles que combatía. En
el año 2008 fue descubierta la complicidad con el narcotráfico

(Legalización
32 octubre 2010 nexos)

El impacto público de estos crímenes, sin embargo, es
infinitamente superior al de los homicidios del pasado. Aquellos
sucedían en su mayor parte en zonas rurales, por pleitos
agrarios o rivalidades comunitarias. Los de ahora se dan en
centros urbanos estratégicos, con rasgos de brutalidad que
imponen la atención de los medios. La crispación pública y el
daño internacional a la imagen de México (país que pretende
ser un centro de atracción turística) son costos que tampoco
pueden desdeñarse.
La campaña contra las drogas del gobierno de Calderón tiene
números notables. Según las cuentas de un especialista, en
los últimos tres años, al cierre de 2009, se habían destruido 227
laboratorios que procesaban precursores químicos y se habían
decomisado 90 mil kilos de cocaína, 4.8 millones de kilos de
mariguana, cuatro mil 800 kilos de metanfetaminas. El total
de la droga asegurada podría llenar 250 furgones de tren.
Se han incautado 389 millones de dólares de manos de
narcotraficantes, equivalente a una tercera parte de la Iniciativa
Mérida; cerca de 30 mil armas de guerra y 24 mil armas
cortas: más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras
juntos; 22 mil 900 vehículos: más que la flotilla vehicular de
las policías y el ejército de toda Centroamérica; así como 489
aeronaves y 310 embarcaciones.
Se han capturado y extraditado 286 narcotraficantes, la
gran mayoría a Estados Unidos, entre ellos siete grandes
capos, 47 operadores financieros, 60 lugartenientes, dos
mil 61 sicarios y 600 funcionarios corrompidos por la red
criminal.15
Todo esto ha contribuido quizás al único beneficio alegable
por nuestros vecinos: mantener estable o con crecimiento
moderado el consumo de drogas en Estados Unidos. Parece
un beneficio menor para el tamaño del esfuerzo. Respecto de
la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de
las drogas, los mexicanos suelen decir: “Nosotros ponemos
los muertos y ellos ponen los consumidores”. Algo de verdad
hay en esa queja.
México tuvo y tiene sus propias razones para haber emprendido
la batalla contra el narcotráfico. Debía contener el
avance del negocio de las drogas sobre gobiernos y policías
locales que no podían resistir el embate, y que habían dejado
que el crimen alcanzara niveles de impunidad sin precedentes.
La violencia de las bandas en su lucha por rutas y territorios
configuró en los últimos años una crisis de seguridad pública
que linda con la seguridad nacional.
Los gobiernos locales de México son incapaces de administrar
un esquema de tolerancia controlada como el que
funciona en las grandes ciudades estadunidenses. Ciertas
regiones y ciudades del país muestran síntomas de inseguridad
semejantes a los que presentan los Estados fallidos.
El problema de salud pública que amenaza a México por
problemas asociados con las drogas es menor que el de nuestros
vecinos (sólo 6% de mexicanos han probado alguna vez
una droga ilegal,16 contra 47% de estadunidenses17). El asunto
crítico no es de salud, sino de seguridad pública.
La inseguridad que sacude a México nace de las debilidades
de su Estado de derecho y de sus frágiles gobiernos locales.
Pero se dispara por las rentas que obtienen los narcotraficantes
en el mercado ilegal de drogas. Son esas rentas las que permiten
al crimen organizado corromper, reclutar y armarse fuera
de toda proporción.
Debilidad institucional y altas rentas del crimen organizado
no pueden sino conducir a la crisis de seguridad pública
que arrostra México.
Las altas rentas de mercado ilegal de drogas han dado paso
a un crimen organizado capaz de corromper y por momentos
de suplir las funciones del Estado. El Estado mexicano
no parece capaz de enfrentar organizaciones criminales que
capturan rentas tan cuantiosas.

—–

15 Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el narco”, nexos, enero 2010.
16 Encuesta Nacional de Adicciones, 2008.
17 “Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National Findings”,
U.S. Department of Health and Human Services, 2009.

——

¿De qué rentas hablamos?
La expresión narcotráfico reúne en un solo concepto la
producción y tráfico de cuatro variedades de estupefacientes:
la mariguana, la cocaína y sus variantes, los opiáceos derivados
de la amapola, en particular la heroína, y las metanfetaminas
o drogas de diseño.
La cadena de valor de estas drogas explica por sí sola la
razón del tráfico: un reparto exuberante de ganancias.
La mariguana representa el porcentaje mayor del comercio
ilegal de drogas. Llamar a la mariguana droga es una licencia
del lenguaje, pues su secuela tóxica es comprobadamente baja
y aun trivial, por lo menos más que la del alcohol. Un kilo
de mariguana vale en territorio mexicano unos 80 dólares.
La mariguana mexicana, que los consumidores californianos
llaman, despectiva pero al parecer justamente, cannabis shit,
puede alcanzar un valor de mayoreo de dos mil dólares. De
modo que por cruzar la frontera entre México y Estados
Unidos un kilo de mariguana puede aumentar su valor en
mil 920 dólares.

III. Las rentas del crimen

(Informe especial
nexos octubre 2010 33)

Un kilo de pasta de coca en Colombia tiene un valor de
950 dólares. Convertido en base de coca, su valor sube a mil
430 dólares. Vuelto cocaína propiamente dicha, el valor del
kilogramo sube a dos mil 340 dólares. Con ese precio sale de
Colombia, o de Perú o de Bolivia, y va agregando valor conforme
vence las barreras de su persecución. Puesta en alguna
ciudad mexicana de la frontera norte, el valor del kilogramo de
cocaína es ya de 12 mil 500 dólares. En cuanto cruza la frontera
y pisa territorio estadunidense, sube a 26 mil 500 dólares. Una
vez que se divide en gramos y se reparte en sobres o líneas en
las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, el prodigioso
kilogramo de cocaína
puede alcanzar un rendimiento
de hasta 180 mil dólares. Algo
similar sucede en la cadena
que la lleva a Europa. El hecho
significativo para las rentas del
narcotráfico mexicano es que
por pasar la línea fronteriza con
Estados Unidos, un kilo de cocaína
puede dejar una ganancia
de 14 mil 500 dólares.
El ciclo de valor de la heroína
no es menos rentable. México,
que es un histórico productor
de amapola, ha empezado a
incursionar en su transformación
en heroína, el opiáceo más
codiciado del mercado norteamericano.
Un kilo de heroína
tiene en México un valor de 35
mil dólares.18
Cuando cruza la frontera y pisa territorio estadunidense,
su valor sube a 71 mil dólares. Vendido al menudeo
en las ciudades estadunidenses su valor puede llegar a los 131
mil dólares. Por cruzar un kilo de heroína de México a Estados
Unidos alguien puede ganar 26 mil dólares.
Por lo que hace a las metanfetaminas, uno de cuyos componentes
fundamentales es la seudoefedrina, puede decirse lo
siguiente: en el año 2005, un kilo de seudoefedrina puesto en el
puerto mexicano de Lázaro Cárdenas-Las Truchas tenía un valor
de 40 centavos de dólar. En 2009 el valor de un gramo de metanfetaminas
de alta calidad en las calles de las grandes ciudades
estadunidenses valía 110 dólares: 110 mil dólares por kilo.19

No hay cifras precisas del volumen de mariguana, cocaína,
heroína o metanfetaminas que los narcotraficantes
mexicanos pasan a Estados Unidos. De hecho, como hemos
apuntado antes, no hay cifras precisas sobre el mercado global
de enervantes. Según la Oficina de la Casa Blanca para
la Política de Control de Drogas, en el año 2006 los ingresos
totales del narcotráfico mexicano eran de 13 mil 800 millones
de dólares. El 60% de esa cantidad, ocho mil 600 millones de
dólares, correspondía al tráfico de mariguana.20
Hay quienes rechazan estas cifras como ilusorias, porque no
son consistentes con el volumen del mercado estadunidense
de consumo de la yerba. Nadie niega, sin embargo, que la
mariguana es una parte sustantiva del caudal.
De ahí el impacto extraordinario
que podría tener sobre
todo el cuadro la posible legalización
plena de la mariguana
que los ciudadanos de California
decidirán en un plebiscito el 2
de noviembre próximo. Podría
ser la bandera de salida para
una legalización equivalente en
México que golpearía un alto
porcentaje de los ingresos del
crimen organizado.
Respecto de la cocaína, según
la ONU, el traslado en la frontera
de México a Estados Unidos es
de 191 toneladas por un valor de
tres mil millones de dólares.21 La
producción de heroína en México
se calcula en 38 toneladas por
un valor de 1.3 mil millones de
dólares.22 En su informe más reciente, el Departamento de
Justicia estadunidense advierte sobre un crecimiento en las
cantidades de metanfetaminas provinientes de México pero no
aventura una cifra sobre el volumen del tráfico. Registra sólo
un aumento enorme de los decomisos en la frontera: dos mil
820 kilogramos en 2008 y cinco mil 197 kilos en 2009.23
Puesto todo junto, hablamos de un crimen organizado cuyas
rentas totales probablemente han aumentado de los 13 mil
800 millones de dólares de 2006 a por lo menos unos 15 o 16
mil millones en 2010, cantidad que está muy lejos de las cifras
estratosféricas que suelen manejarse (29 mil, 35 mil millones
de dólares), aunque es enorme si se piensa en la compra de
policías que ganan 300 dólares al mes y sicarios que pueden
matar a alguien por 500 dólares.24
18 Peter Reuter calcula que un kilo de opio no procesado en México pude valer entre dos
mil y cinco mil dólares. México se ha convertido en el tercer productor de opio en el
mundo durante los últimos años, y entre Colombia y México proveen alrededor de dos
terceras partes del consumo de heroína de Estados Unidos. Reuter, op. cit., 2010.

—–

19 “National Methamphetamine Threat Assessment 2010”, U.S. National Drug Intelligence
Center, Department of Justice, 2010.
20 “National Drug Control Strategy”, Office of National Drug Control Policy, The White
House, 2006.
21 Keefer et al., op. cit.
22 Cálculos hechos a partir de UNODC, 2010.
23 National Drug Intelligence Center, op. cit.
24 El Departamento de Estado pone las cifras del ingreso de narcotraficantes mexicanos
en rango muy amplio: entre ocho mil y 25 mil millones de dólares. El promedio sería
16 mil 500 millones de dólares. International Narcotics Drug Control Strategy, 2010, U.
S. State Department, 2010.

(Legalización
34 octubre 2010 nexos)

IV. Libertad y seguridad

precio. Frutos lógicos de este mercado ilegal son criminales
violentos con acceso a un flujo persistente de dinero.
Quien quiera revertir esta poderosa fuerza nacida de los
mercados ilegales tendrá que golpear los ingresos exorbitantes,
que permiten a los narcos corromper, reclutar y armarse como
ninguna fuerza ajena al Estado ha podido hacerlo desde la
Revolución mexicana de 1910. No establecemos el símil para
sugerir que el narcotráfico va a hacer una revolución, sino
para subrayar que es un poder con una gran autonomía relativa,
derivada de sus rentas ilegales.
Las posibilidades de cortar esas
rentas por la vía financiera institucional
son tan ilusorias en México
como en los países consumidores.
En los últimos tres años sólo han
sido retenidos como ingresos atribuibles
al narcotráfico unos 411 millones
de dólares.25 El Departamento
de Estado calcula que los cárteles
mexicanos lavan al menos ocho mil
millones de dólares al año. El gobierno
mexicano sólo ha procesado a 90
criminales entre 2006 y 2009 por
lavado de dinero.26
El otro camino para tocar el corazón
económico del narcotráfico es
reducir el margen de ganancia que da la prohibición. La prohibición
es lo que hace que un kilo de mariguana en México
valga 80 dólares, mientras ese mismo kilo vale dos mil dólares
en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza
mexicana 12 mil 500 y 26 mil 500 en la vecina ciudad
estadunidense; que un kilo de heroína valga en México 35 mil
dólares y 71 mil en Estados Unidos.27
Terminar la prohibición, legalizar las drogas, es el único
camino cierto a la reducción de las rentas ilegales del tráfico
y del consiguiente poder, violento y criminal, de los
narcotraficantes.
Los argumentos en favor de la legalización circulan amplia
e inteligentemente por el mundo.
Hay argumentos de principios. Van del alegato liberal
clásico según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y el
Estado no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe
mientras esa conducta no perjudique a terceros (John Stuart
Mill), hasta el argumento económico clásico, según el cual la
represión de la demanda crea mercados paralelos y precios
artificiales que otorgan por la vía del crimen lo que la sociedad
prohíbe con la ley (Milton Friedman).28
Países productores y de paso como México han de añadir el
argumento de los costos adicionales que pagan para reprimir

—–

25 Secretaría de Gobernación, op. cit.
26 U.S. State Department, op. cit.
27 UNODC, op. cit., 2010.
28 “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu el individuo es soberano […] Cada
uno es guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad
sale más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándole a vivir
a la manera de los demás”, John Stuart Mill, Sobre la libertad, 1869.

—–

La capacidad de corrupción, reclutamiento y armamento que
permiten las altas ganancias del mercado ilegal de drogas
han vuelto al narcotráfico mexicano una fuerza criminal extraordinaria.
El narco es a la vez un poder paralelo, una fuerza
económica, una red de oportunidades de riesgo, una fuente
de sociabilidad ilegal y una provincia legendaria del de por sí
legendario territorio de la violencia mexicana.
La violencia del narco es característica de los mercados
ilegales. Prohibición y persecución elevan los precios del
producto ilegal. Los participantes del
mercado corren los riesgos comunes
a todos los negocios y además riesgos
altos de “expropiación” y de “incumplimiento
de contratos”. Pueden ser
interceptados por la policía o tener
un cómplice que no cumple su parte.
En ambos casos cuesta.
La intercepción puede ser legal
o tomar la forma de pactos de extorsión/
corrupción que otorgan
“derechos” informales de paso. De
ahí la aspiración de control territorial
de los cárteles: quieren ejercer
“derechos” monopólicos de paso y
mantener las rentas altas, sin competencia.
Si otro cártel quiere pasar,
debe construir su propia red de protección, corromper a otros
funcionarios públicos o pelear los “derechos” con violencia.
El “incumplimiento de contratos” también cuesta. Los
acuerdos entre criminales son de “honor” porque no hay institución
externa que garantice el cumplimiento de sus acuerdos.
Un traficante puede acordar con otro un precio y una cantidad,
pero ninguno de los dos puede ser obligado por un tercero a
cumplir, como en los contratos legales.
Para que se cumpla un acuerdo “de honor” hay que elevar
los costos de incumplimiento, de modo que convenga cumplir.
El costo más alto a pagar es la vida misma. Por eso, todo
narcotraficante que se dé a “respetar” debe tener una pistola
en la mano y usarla cuanto sea necesario.
El riesgo eleva las rentas de los que evitan la expropiación y
el incumplimiento, pues la demanda es estable: quien salve los
obstáculos, encontrará compradores dispuestos a pagar un alto

(Informe especial
nexos octubre 2010 35)

Hay que legalizar todas las drogas, dice el argumento liberal,
porque el Estado no puede prohibir a nadie que haga lo
que no daña a terceros. Hay que legalizar todas las drogas, dice
el argumento de la seguridad, porque la renta ilegal de una sola
de sus variedades bastaría para sostener el poder de corrupción,
reclutamiento y violencia de los narcotraficantes.

—–

29 A lo largo de la historia han cambiado las diversas evaluaciones científicas que se hacen
sobre los riesgos y daños de cada droga, aunque con cierta lentitud parece que hay aproximaciones
en la ruta de un consenso. Sobre este tema, creemos que una referencia valiosa
es el índice publicado en el año 2007 en la revista académica de medicina The Lancet
sobre los daños físicos, de dependencia, y sociales que puede causar el abuso de ciertas
drogas. Sobre las drogas aquí tratadas, el orden de nivel de daño es el siguiente, según el
índice mencionado: 1) heroína, 2) cocaína, 3) anfetaminas, 4) mariguana, 5) éxtasis. Vale
la pena señalar, que en el mismo índice, el tabaco y el alcohol son considerados drogas
más dañinas que la mariguana. David Nutt, Leslie A. King, William Saulsbur, Colin
Blakemore, “Development of a Rational Scale to Assess the Harm of Drugs of Potential
Misuse”, The Lancet, 2007 (369): 1047-53.
30 “After the War on Drugs: Blueprint for Regulation”, Transform Drug Policy Foundation,
2009. http://www.tdpf.org.uk
31 En el Distrito Federal, en marzo de 2008 el entonces diputado local Víctor Hugo Círigo,
presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa (ALDF) para despenalizar el
cultivo, tráfico, y consumo de mariguana manteniendo ciertos controles por parte del
Estado. En la propuesta se incluye un límite de cinco gramos a la venta individual, se
restringe el consumo a lugares cerrados con licencia en los que no se pueden consumir
alcohol, un límite a la producción casera de mariguana de cinco plantas, se prohíbe toda
publicidad, y los puntos de venta y consumo debería de estar por lo menos a un kilómetro
de distancia de los centros escolares. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3º, 4º, 13, 17, 192,
198, 199, 237, 245, EL TÍTULO DEL CAPÍTULO XI DEL TÍTULO DUODÉCIMO Y
SUS ARTÍCULOS 289, 308 BIS, 421Y 464, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD
(ALDF, 2008). CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 289, 308 BIS,
421Y 464, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD (ALDF, 2008).
ese mercado. Al tratar de reprimir lo irreprimible, se pierden
de un bien público, la seguridad, cuya inexistencia hace inimaginables
el desarrollo, el equilibrio social, la vida civilizada
o la libertad.
La seguridad es aquí el piso de la libertad: una sostiene a
la otra.

V. Legalizar: Droga por droga

Quien dice legalizar, dice, en realidad, regular.
Cada una de las drogas que persigue el consenso punitivo
tiene valores psicotrópicos, riesgos médicos y efectos sociales
distintos. No puede darse el mismo trato legal a drogas suaves
como la mariguana, a drogas duras como la cocaína y la
morfina, y a siniestros derivados de las drogas duras como el
crack o el crystal meth.29
Regular implica separar los mercados de drogas y proteger
a los consumidores permitiéndoles consumir con acceso a
buena información sobre los riesgos. La Transform Drug
Policy Foundation ha propuesto en los últimos años distintos
esquemas de regulación según los riesgos.30
Veamos droga por droga.
Mariguana. La mariguana es la más comprobadamente
inocua de las drogas prohibidas, inferior en todas sus consecuencias
al alcohol, al cigarrillo y a muchos fármacos que
se expenden legalmente con receta. Acusa también una
propensión relativamente menor a generar dependencia o
adicción. La regulación de la mariguana debería seguir las
experiencias del mercado legal de tabaco y alcohol. El producto
debe dar al usuario información sobre sus ingredientes
activos (la proporción de THC, tetrahidrocannabinol) y
garantizar la ausencia de productos químicos dañinos en
su elaboración.
Es necesario distinguir entre mariguana ingerida y fumada
y dar al consumidor información sobre la dosis recomendada.
El producto debe alertar explícitamente sobre los daños
a la salud que ocasiona su consumo. Los precios deben estar
gravados con fuertes impuestos y su publicidad debe estar
restringida o prohibida. Debe crearse un sistema de licencias
de venta, como con el alcohol, para que la autoridad pueda
escoger las zonas de comercio (lejos de las escuelas, por ejemplo)
y el número de establecimientos.31
Cocaína. Basada en la hoja de coca, el consumo recurrente
de cocaína genera daño físico y psicológico, en particular en
personas con un consumo problemático y en adictos. Una
de las características del mercado ilegal de cocaína es que
termina siendo un producto caro que pocas veces se consigue
en su forma pura, normalmente se adquiere mezclado con
otros ingredientes tóxicos. Al regular su venta, la autoridad
debe exigir 100% de pureza, como si se tratara de un medicamento,
y el uso de ingredientes no dañinos para diluirla.
Los puntos de venta deberían estar restringidos a farmacias,
su publicidad prohibida y la droga sólo sería accesible a
mayores de edad.
La producción debe estar en manos del Estado o de un solo
intermediario designado por las autoridades sanitarias. Para
dar ayuda médica a los usuarios que pudieran requerirla y
para mantener un control explícito del mercado, es necesaria
la identificación del usuario y un esquema de venta con límites
de consumo. Esto implica un sistema de licencias negativas
para los consumidores: cualquier adulto puede obtener una
licencia de consumo, pero el que incurra en un uso problemático,
consuma en lugares públicos o dañe a terceros (chocar
bajo el efecto de la cocaína, por ejemplo), puede perder el
derecho a la compra legal.

(Legalización
36 octubre 2010 nexos)

La regulación de la cocaína implica la de sus derivados. Algunos
de ellos, más fuertes y peligrosos, como el crack, y otros
con menos riesgos y menos potencia como el té de coca.
Opiáceos. Heroína, morfina. El objetivo principal de la regulación
de productos derivados del opio debe de ser la reducción
del daño y su disponibilidad para efectos terapéuticos.
Se deben tomar las medidas necesarias para que los adictos
puedan tener un acceso seguro y controlado, bajo supervisión
médica. Esto implica que su consumo sería bajo receta médica,
y con el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de los
consumidores. El control sanitario de los consumidores ha
probado ser efectivo para sustituir opiáceos fuertes, como la
heroína, por opiáceos sintéticos que aminoran la dependencia
y el comportamiento criminal asociado a la adicción.
La producción y venta debe mantenerse bajo estricta regulación
estatal, como ya sucede de hecho con
el 50% de la producción mundial de opio:
es parte del mercado farmacéutico.
Una formulación precisa para el mercado
de heroína es la que ha hecho el
académico Jim Leitzel.32 Leitzel propone
que el Estado controle la producción y
venta, y que otorgue a ciertas personas
licencias de consumo que sólo serían
entregadas a quienes cumplieran ciertos
requisitos como el conocimiento sobre
el daño y las implicaciones de su uso. A
su vez, las ventas sólo podrían hacerse
de manera diferida. Así, el usuario no
sólo tendría un límite total de consumo en cierto periodo, y
posible seguimiento médico, sino que tendría que “planear”
su consumo para demostrar que no está incurriendo en un
consumo problemático consecuencia de una adicción.
La regulación de la heroína también permitiría controlar
mejor la epidemia de VIH, como lo han pedido médicos y
científicos en el mundo a través de la Declaración de Viena.33
El cambio de jeringas y la garantía de condiciones sanitarias
por parte del Estado evitaría que los usuarios compartan jeringas
y corran un riesgo innecesario de contagio.
Un apunte aparte merecen opiáceos como la morfina
que, por extensiones ciegas de la prohibición, no llegan a
enfermos terminales para aliviar agonías irremisiblemente
dolorosas. Actualmente, cerca del 80% de los enfermos no
tiene el acceso necesario a medicamentos para atender el
dolor moderado o severo. Esto representa una violación de
derechos humanos pues, según Naciones Unidas, los Estados
tienen la obligación de evitar que las personas sufran tratos
crueles e inhumanos.34
El 93% de la producción global de morfina se consume en
Norteamérica, Japón y Europa.35 En el año 2000, México estaba
en la lista de los países con menor acceso a medicamentos
para el dolor. El contraste es impactante. El uso per cápita de
morfina legal al año en Dinarmarca era de 69 miligramos, el
promedio global era de seis mligramos y en México de .01
miligramos.36
Las variantes menos riesgosas y dañinas del consumo de
opio, como el opio fumado, pueden pensarse dentro de esquemas
de regulación menos restrictivos.
Metanfetaminas. Aunque es un mercado más pequeño, el de
las metanfetaminas puede ser más difícil de regular, porque
muchas de ellas de hecho son legales y
ya están reguladas como medicamentos
cuya venta requiere receta médica. Sin
embargo, la excesiva regulación hace que
dominen el mercado ilegal las variantes
más potentes y las de contenido más incierto.
Una forma de disminuir la venta
ilegal es permitiendo la venta sin receta
de las variantes más débiles y de efecto
retardado, para que quienes decidan
consumir anfetaminas, antes de recurrir
al mercado ilegal, acudan a un mercado
legal en el que pueden obtener información
sobre los usos de mayor riesgo.
El éxtasis debe ser tratado de manera distinta debido a que
sus efectos físicos y psicológicos no son los mismos que los
de otras anfetaminas. Hay poca información sobre los efectos
de largo plazo del éxtasis debido a su prohibición, pero lo
que se sabe hasta el momento es que en muy pocas personas
genera daño físico o psicológico permanente. El riesgo más
grave vinculado al éxtasis es la ausencia total de información
sobre su contenido. Considerando esto, su producción legal
podría por lo menos garantizar que el producto consumido
sea MDMA,37 y se pueda ofrecer información sobre el riesgo
y daño que implica su consumo.
Un riesgo mayor es la deshidratación. Otro, contraer matrimonio
bajo su influencia, pues el efecto del éxtasis es borrar
barreras emocionales y potenciar adhesiones afectivas. Se
aconseja informalmente esperar seis semanas luego de haberlo
probado antes de casarse.

—–

32 Jim Leitzel, Regulating Vice: Misguided Prohibitions and Realistic Controls, Cambridge
University Press, 2007.
33 Declaración Oficial de la XVIII Conferencia Internacional de SIDA 2010. http://www.
ladeclaraciondeviena.com
34 “Por favor, no nos hagan sufrir más… El acceso al tratamiento del dolor como derecho
humano”, Human Rights Watch, 2009. www. hrw. org/es/node/ 81898/ section/1
35 “Estimated World Requirements of Narcotic Drugs for 2009”, International Narcotics
Control Board, United Nations, 2009.
36 David E. Joransen, “Improving Availability of Opioid Pain Medications: Testing the
Principle of Balance in Latin America”, Innovations in End-of-Life Care. 2003; 5(1).
37 Metilendioximetanfetamina, la sustancia activa en el éxtasis.

(Informe especial
nexos octubre 2010 37)

Los beneficios de la legalización pueden enunciarse con
relativa sencillez, lo que no quiere decir que sean inobjetables.
Son, sí, otra perspectiva del problema, un camino
alternativo al aparente callejón de salida de las sociedades
contemporáneas que combinan avidez privada y prohibición
pública de drogas.
Convendría reconocer que no existe ni existirá un mundo
sin drogas. Puede existir sólo un mundo con control razonable
sobre las drogas.
Beneficios. La legalización tendría un efecto serio sobre los
márgenes de ganancia del crimen organizado: reduciría su
capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia.
Reduciría también los conflictos y la inestabilidad política
en los países productores y de paso.
Reduciría los costos sociales poniendo fin a una de las causas
principales del crimen y de la prostitución callejeros.
Reduciría el tamaño de la población carcelaria no violenta.
Abriría un espacio a la regeneración de barrios pobres,
tomados por el narcomenudeo en innumerables ciudades del
mundo desarrollado y del no desarrollado.
Liberaría una enorme cantidad de recursos públicos dedicados
hoy a la persecución, para canalizarlos a la educación
y la salud, en un entorno de mayor transparencia sobre los
efectos del consumo de drogas en las costumbres y la conducta
de la población.
Países de producción y paso como México podrían concentrar
sus esfuerzos de seguridad pública no en perseguir
el tráfico, sino en contener los crímenes que afectan la vida
diaria de los ciudadanos: homicidio, secuestro, extorsión. Y a
contener las actividades de un crimen organizado de proporciones
controlables.
Garantizaría, como sucede con el alcohol, la calidad industrial
o química de los estupefacientes, y la responsabilidad
pública, como negociantes legales, de los encargados de satisfacer
la demanda.
Para México la legalización tendría un beneficio político
adicional: las drogas desaparecerían de la agenda bilateral con
Estados Unidos, reduciendo significativamente los conflictos
con ese gobierno.
Lo que la legalización no puede resolver es la existencia de
usuarios de consumo problemático o adictivo, que se enganchan
en las drogas con daños irreparables, a veces mortales,
para su salud.
Tampoco resuelve los problemas subyacentes al abuso
de las drogas: pobreza, desempleo, falta de oportunidades,
trastornos mentales.
Tampoco termina con el crimen organizado. Puede suceder
incluso que durante un tiempo aumenten las actividades
criminales de grupos despojados de sus rentas y ansiosos de
volver a ellas. Pero los gobiernos dispondrán de más recursos
para lidiar con el problema y el crimen organizado tendrá
menos para crearlo.
En todo caso, nadie propone la legalización como una panacea,
sino como una elección pública de un “mal menor”.
Legalizar las drogas en el sentido apuntado de regularlas
implica un riesgo y tiene un costo. Nadie puede decir que es
inocua y que no planteará problemas de consumo, adicciones
y otras “consecuencias no buscadas”.
Quizá el alegato más sólido contra la legalización de la
heroína y cocaína sea el de James Q. Wilson: “Against Legalization
on Drugs”, cuya lectura es obligada para los interesados
en el debate sobre el tema.38
Maleficios. Los argumentos inteligentes contra de la legalización
suelen basarse en dudas sobre sus beneficios.
En primer lugar, está el argumento de qué hará el crimen
organizado cuando se vea ahogado por la falta de grandes ganancias.
¿Se extenderá criminalmente a otros delitos como el
secuestro y la extorsión? ¿La legalización puede traer consigo
un aumento de crímenes distintos al narcotráfico? ¿Veremos
consolidarse una gigantesca astronomía de mafias dedicadas
a extorsionar a los ciudadanos ya que no obtienen ganancias
de los consumidores de enervantes?

—–

38 James Q. Wilson, “Against the Legalization of Drugs”, Commentary Magazine, febrero,
1990.

VI. Legalizar: Beneficios y maleficios

(Legalización
38 octubre 2010 nexos)

Creemos que no, por la naturaleza misma del crimen que
se persigue. La diferencia entre el narcotráfico y crímenes
como la extorsión o el secuestro, es que en la narcoventa
los delincuentes gozan de la complicidad de sus víctimas.
Los consumidores de drogas prohibidas quieren consumir,
buscan a sus proveedores: son la mitad activa del delito. Los
secuestrados y extorsionados, no. Todo lo contrario: huyen de
sus victimarios. Para los criminales es más riesgoso, y al final
menos rentable, obtener una ganancia de quien los rehúye
que de quienes establecen con ellos un acuerdo voluntario de
comercio para comprar drogas ilegales.
A diferencia del consumidor de drogas, las víctimas de
secuestro o extorsión buscan como aliada a la autoridad que
puede protegerlos, no a los narcotraficantes que les venden
lo que quieren.
Si se legalizan las drogas, quizá los narcotraficantes busquen
el negocio en otros crímenes. Pero la diferencia en las rentas,
en los riesgos y en el interés de las víctimas, permite suponer
que fuera de la lógica de las drogas prohibidas el crimen organizado
no tendrá el poder corruptor, la capacidad de violencia
ni la complicidad social de que goza.
En segundo lugar está la pregunta obvia: ¿por qué un
mercado legal regulado no daría lugar también a un mercado
negro no regulado?
Seguramente sí. Pero los volúmenes, los márgenes de ganancia
y la cantidad de personas involucradas en el crimen
organizado serían mucho menores. Quienes decidan participar
en el mercado enfrentarán menos costos si lo hacen legalmente
y tendrán ganancias menores pero más estables. Querrán evitar
los costos de violencia que hay en los mercados ilegales.
Habrá, sin duda, mercados negros, como los hay del alcohol,
del tabaco, de las medicinas, y piratería de otros productos.
Pero, ¿tienen esos mercados negros las mismas consecuencias
que el mercado ilegal de drogas? Es obvio que no, porque la
regulación y las leyes importan. Pueden no cumplirse, pero
eso no implica que su cumplimiento no genere beneficios, y
su incumplimiento, costos.
En tercer lugar, está el argumento del efecto de largo plazo
de un mercado legal de más sustancias tóxicas disponibles
para una sociedad que de por sí vive en altos niveles tóxicos y
con severas consecuencias de adicciones con sustancias que
ya son legales.
Aunado a esto, hay indicios de que el consumo de ciertas
drogas, incluyendo el alcohol, generan cierto tipo de crímenes,
violentos o imprudenciales.
Quienes abogamos por legalizar el mercado de drogas
pensamos que sus riesgos y daños pueden ser mejor atendidos
mediante la regulación, la información y la educación.
El esquema prohibitivo ha hecho que nuestras sociedades
renuncien a educarse a sí mismas en el daño que pueden
causarle las drogas. La experiencia del tabaco y el alcohol, que
generan daños a la salud, es que con información y políticas
públicas pueden controlarse las consecuencias negativas.
En el largo plazo, tal vez una de las lecciones más interesantes
es que el consuno de drogas no depende sólo de su
disponibilidad. Hay pruebas en diferentes sociedades de que
las drogas, pese a ser muy accesibles, mantienen un nivel de
consumo bajo. Hay casos también de países en que la prohibición
y las medidas punitivas han sido estrictas y, pese a ello,
el consumo siguió elevándose.
Por lo demás, es la prohibición lo que ha dado paso a las
drogas más dañinas del mercado ilegal. Drogas rebajadas y
de elaboración casera, como el crack y el crystal meth, que
son más nocivas que otras, probablemente nunca se hubieran
inventado si la prohibición no hubiera elevado los costos de
consumir drogas más puras.
En cuarto lugar está la preocupación del efecto que la oferta
legal de enervantes podría tener sobre los jóvenes.
Es una preocupación válida. Si algo hay que regular con
cuidado es precisamente el acceso de los jóvenes a las drogas.
Entre más joven empieza una persona a consumir drogas legales
o ilegales, mayores son las posibilidades de que desarrolle
hábito o adicción. El fin de la prohibición implicaría que los
espacios de socialización de los niños y adolescentes ofrezcan
información abundante sobre el peligro que entraña el consumo
de drogas. El entorno familiar y la escuela deben jugar
un papel fundamental en la educación relativa al consumo de
drogas, y no sólo, como hoy, en ignorarlas.

VII. Espejos: Holanda y Portugal

No se puede proponer un cambio de política pública sin
tener una idea clara de sus consecuencias. La prohibición
universal, en el último siglo, ha dejado poco espacio a la
experiencia. A la pobreza de información se suma la escasez
de ejemplos comparables de legalización y regulación en las
sociedades modernas.La experiencia mexicana es particularmente
limitada. Hay información de que la regulación del
tabaco está cumpliendo sus objetivos en materia de protección
a la salud. Durante la última década se ha usado una
combinación de estrategias para reducir el tabaquismo: alza
de impuestos, campañas de concientización, restricciones
publicitarias y de lugares de consumo. El resultado ha sido
una reducción del número de fumadores activos. Entre 2002
y 2008 se redujeron cerca de 5%.39

(Informe especial
nexos octubre 2010 39)

La experiencia del tabaco nos muestra que es mejor regular
de manera inteligente que prohibir a ciegas. En el Distrito
Federal, en donde está prohibido fumar en restaurantes,
bares y otros lugares cerrados, tras dos años de aprobada la
regulación, diversos estudios muestran que se ha reducido
sustancialmente el número de personas expuestas al humo de
tabaco cotidianamente, que han disminuido las concentraciones
de nicotina en restaurantes y
bares, y que el Estado ha tenido
la capacidad de aplicar las disposiciones
regulatorias.40
Los límites de esta analogía
estriban en que, más allá de
los daños a la salud, en la regulación
del tabaco no existen
consecuencias comparables
con la prohibición de drogas.
Debemos acudir a experiencias
de otros países y a las lecciones
de la historia.
Referimos en este apartado
la experiencia de los Países
Bajos y Portugal. El tema del
siguiente son las lecciones de
la prohibición del alcohol en
Estados Unidos. Por último, establecemos
una analogía con las
apuestas y juegos de azar que en México estuvieron sometidos
a un régimen de prohibición.
Holanda: 1976-2010. Uno de los casos más famosos de legalización
de facto del consumo, posesión y venta de mariguana
es el de Holanda. A mediados de los años setenta, tras los reportes
de dos comisiones especializadas, el gobierno holandés
llegó a la conclusión de que la mariguana y el hashish seguirían
siendo ilegales pero no se perseguiría su venta individual, ni
tampoco su posesión y consumo. Así empezó una política de
no persecución penal que con el tiempo se convirtió en una
legalización de facto a través de una regulación estricta. Esta
regulación impuso a los puntos de venta y consumo (los llamados
coffee shops), cinco reglas básicas para ser tolerados: 1)
estaba prohibido anunciarlos, 2) en esos locales no se podría
consumir alcohol, tabaco y otras drogas legales, 3) las ventas
por persona (mayores de edad) no deberían exceder de cinco
gramos, y el establecimiento no podría tener más de 300
gramos del producto, 5) no se tolerarían disturbios públicos
en o alrededor de los establecimientos. La regulación es descentralizada:
son los gobiernos locales los que deciden cuántas
licencias distribuyen y con qué requisitos.
¿Consecuencias? Hay dos lecturas, no necesariamente incompatibles.
La primera es que al aceptar un “oasis de drogas”
en un contexto global de prohibición, se generó una corriente
de “narcoturismo”, y se degradaron la aplicación de la ley y las
reglas de convivencia alrededor
de los coffee shops. Distintos
gobiernos locales decidieron
imponer más restricciones y reducir
el número de licencias.
La segunda lectura es que
desde la legalización de facto en
1976, la incidencia en el consumo
de mariguana en el año 2000 era
básicamente igual en Ámsterdam
que en Estados Unidos.41 En 2004
la incidencia anual y la prevalencia
a lo largo de la vida de uso de
mariguana en Holanda eran más
bajas que en Francia, Inglaterra,
Estados Unidos y Canadá.42
Una consecuencia digna de
subrayarse es la separación de
los mercados de drogas duras
y drogas suaves. Quien busca
consumir mariguana en Holanda no tiene que entrar en
contacto con el mercado de drogas duras (cocaína y heroína),
como sucede cuando todas circulan dentro del mismo
mercado ilegal.
Buena parte de los problemas en torno a los coffee shops
están vinculados al carácter ilegal del cultivo y la venta al mayoreo.
Este problema se conoce como el de la “puerta de atrás”: los
coffee shops venden por la puerta de enfrente “legalmente” un
producto que por la puerta de atrás adquieren ilegalmente.43
Portugal: 2001-2010. El caso de Portugal ha cobrado relevancia
a partir de la publicación, el año pasado, por parte del
prestigiado, conservador, Instituto CATO,44 de una evaluación
de la política de descriminalización de las drogas.
En 2001 el gobierno portugués promulgó una ley en la que
explícitamente descriminaliza el consumo y la posesión para
consumo personal de todas las drogas. “Consumo personal”
se entiende como la cantidad promedio para el uso de una
persona por 10 días. Descriminalizar significa que aunque

—–

39 Encuesta Nacional de Salud, 2002.
40 Alejandro Madrazo Lajous, “Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el
Distrito Federal: marcando la pauta en la protección de la salud”. Para la Libertad; Siete
Leyes Históricas de la IV Legislatura, ALDF, 2009.
41 Estas son las conclusiones extraídas a partir del análisis de varias encuestas comparadas
en MacCoun y Reuter, op. cit., 2001.
42 Reuter y Trautmann, op. cit.
43 Tom Blickman y Martin Jelsma, “La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas
en Europa y Estados Unidos”, Nueva Sociedad, no. 222, julio-agosto de 2009.
44 Glenn Greenwald, “Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and
Successful Drug Policies”, CATO Institute, 2009.

—–

(Legalización
40 octubre 2010 nexos)

se mantiene una sanción, ésta no pertenece al campo de la
justicia criminal. Cuando un policía encuentra a alguien consumiendo
en flagrancia le da un citatorio para que se presente
en la Comisión de Disuasión. Esta comisión puede imponer
sanciones en forma de multas, enviar a tratamiento a quien
esté incurriendo en un uso problemático de drogas, o simplemente
suspender el procedimiento sancionatorio y entregar
información al infractor sobre los riesgos del uso de drogas,
advirtiéndole sobre las sanciones en caso de reincidencia.
Hasta 2005, en la gran mayoría de los casos, el procedimiento
se había suspendido. El gobierno portugués impuso
el sistema de descriminalización con el objetivo de mejorar
la atención del problema de salud pública de las drogas y
controlar mejor su consumo.
Según el reporte del Instituto CATO, el uso de drogas ha
disminuido en casi todas las categorías en Portugal y aumentado
levemente sólo en algunas, entre personas mayores.
Entre los jóvenes de 13 a 15 años la prevalencia se redujo de
14.1% a 10.6%. Entre los jóvenes de 16 a 18 años en el mismo
periodo se redujo de 27% a 21%. Estos son los grupos de
edad que se consideran más propensos a adquirir hábitos de
consumo o adicciones.
En términos relativos frente a Estados Unidos y el promedio
europeo, Portugal mantiene índices de incidencia particularmente
bajos. Se han reducido de manera importante las
detenciones por tráfico de drogas, como consecuencia de una
reducción del tamaño del mercado ilegal.
En México se dieron pasos importantes hacia este tipo de
legislación. La ley de 2009 buscó romper con la estigmatización
criminal de consumidores y adictos que poseía el esquema
anterior. Sin embargo, algunos analistas consideran que los
límites legales de posesión y consumo en México son ridículamente
bajos (cinco gramos de mariguana, dos gramos de
opio, cinco gramos de cocaína, .05 gramos de heroína y .04
de anfetaminas) y que la penalización para quienes rompen de
manera moderada estos límites es excesiva.45

—–

45 Blickman, op. cit. Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio Angles, “México: Ley
contra el narcomenudeo, una apuesta dudosa”, Transnational Institute, Washington Office
on Latin America, octubre, 2009.
46 La adicción al juego, al igual que la adicción a las drogas, está relacionada con la
reducción del impulso del control. Patricia Ortega, Beatriz Vázquez y Lucy Reidl, “Ludopatía”,
en Juegos de azar. Una visión multidisciplinaria, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, 2010.
47 Leitzel, op. cit.
48 Daniel Okerent, Last Call: The rise and fall of prohibition, Scribner, 2010.

—–

VIII. Espejos: El alcohol y el juego

Los mercados ilegales de productos que pueden ser dañinos
para la salud son particularmente difíciles de controlar.
Esto se debe, como hemos apuntado, a que son mercados de
delitos “transaccionales”, es decir, crímenes en los que las víctimas
no se alejan ni huyen de sus victimarios; por el contrario,
ambos se buscan tratando de evadir a un tercero. La “víctima”
es cómplice del “victimario”, y los dos huyen de la autoridad
para llevar a cabo su trato.
Abordamos a continuación dos ejemplos cercanos: uno
celebérrimo, el de la prohibición de alcohol en Estados Unidos;
otro, apenas conocido, el de las apuestas y juegos de azar
en México. Ambos “productos”, el alcohol y el juego, pueden
generar hábitos o dependencia (alcoholismo, ludopatía46), y su
prohibición hace que las transacciones relacionadas con ellos
se lleven a cabo en un contexto de desconfianza, intercambio
de grandes sumas de dinero y el posible incumplimiento de
acuerdos, al igual que en el mercado de drogas.
La prohibición de alcohol en Estados Unidos: 1920-1933. Es
muy frecuente la analogía entre la prohibición de alcohol en
Estados Unidos en los años veinte y la política actual contra
las drogas. En 1920 el Congreso estadunidense aprobó una
enmienda constitucional que prohibió la venta de alcohol en
el país, aunque dejó el grueso de la regulación en manos de los
gobiernos locales. No se prohibió el consumo o la posesión de
alcohol, pero sí su producción y venta.
Las evaluaciones que se han hecho sobre el tema muestran
que hubo una reducción sustancial en el consumo de alcohol
en los primeros años. También, una caída importante en las
muertes y enfermedades crónicas vinculadas al alcoholismo.
La prohibición, aunque no erradicó el alcohol, sí hizo más
difícil y caro su consumo.47
Hubo, sin embargo, “consecuencias no buscadas”.
La primera y más documentada fue la aparición de organizaciones
criminales de alcance nacional. Crimen organizado
había antes de la prohibición. Pero cuando la ley estableció el
mismo mercado prohibido para todos los rincones del país,
las organizaciones criminales capturaron el mercado nacional
de tráfico. De este modo adquirieron la forma de “mafias” o
“cárteles”: no eran pequeños grupos actuando de manera aislada,
sino organizaciones con aspiraciones oligopólicas basadas
en el control de territorios y rutas, mediante la corrupción
del sistema policial y el uso de la violencia.48 La prohibición
permitió que la Mafia deviniera organización nacional.
La segunda consecuencia no deseada fue el aumento en el
nivel de homicidios en Estados Unidos conforme la prohibi

(Informe
especial
nexos octubre 2010 41)

ción se ejecutaba por la fuerza. El aumento cuantitativo fue
acompañado por formas terribles de ejecución, y de “envío” de
mensajes entre las bandas criminales, los cuales fueron cada
vez más creativos y grotescos.
La tasa de homicidios pasó de 12 por cada 100 mil habitantes
en 1929, a 16 por cada 100 mil habitantes en 1933.49 Hay
distintas interpretaciones sobre el descenso en el número de
homicidios a partir de este último año, pues es difícil atribuir
el cambio a un solo factor. El hecho es que los homicidios
crecieron durante la prohibición, entre 1920 y 1933, y descendieron
al terminar ésta,
hasta llegar en 1940 a una
tasa menor a la de 1920.50
Las rentas anuales de
las mafias que controlaban
el tráfico de alcohol se han
calculado en tres mil 600
millones de dólares. Daniel
Okerent, autor del libro más
reciente sobre la prohibición,
explica: “Con tres mil 600
millones de dólares en juego,
¿qué más podía esperarse? El
asesinato parecía un requisito
administrativo para asegurar
ese flujo de dinero, un trámite
para mantener el negocio”.
La tercera consecuencia
no buscada fue la sustitución
de bebidas con menor
contenido alcohólico, como
la cerveza, por licores que
ocupaban menos espacio para transportarse clandestinamente.
Esto trajo la adulteración del alcohol y la desaparición de
cualquier control de calidad en las tabernas toleradas. Un caso
ilustrativo: en 1930 el consumo de un cargamento de “Jamaica
Ginger”, una bebida con alto contenido de alcohol, dejó parcialmente
paralizados a 50 mil estadunidenses.51
¿Qué pasó con estas consecuencias no deseadas una vez que
se eliminó la prohibición? Algunas de las bandas criminales
se desarticularon o se dedicaron a otros negocios legales.
Dos ejemplos de incorporación de ex traficantes al mercado
legal fueron, primero, los hermanos Bronfman, dueños de
Seagram’s, una destilería canadiense; segundo, la construcción
de Las Vegas como una ciudad primordialmente dedicada a
las apuestas a partir de la inversión y administración de integrantes
de la Mafia.
Los homicidios y la violencia descendieron, como se
dijo, pero hubo sobre todo una disminución en las grandes
y sórdidas historias de nota roja que habían convertido a
los traficantes de alcohol en personajes a la vez temidos
y respetados.
Sonrían: cuando se acabó el negocio, algunos de los traficantes
que movían alcohol ilegal en coches se convirtieron en
pilotos de la asociación de carreras NASCAR.
Por lo que hace al consumo, la legalización no lo hizo subir
de modo exorbitante. Se mantuvo hasta los años setenta por
abajo del consumo anterior a la prohibición. Los estudiosos
atribuyen el hecho a que la relegalización depositó en los
gobiernos locales la obligación de regular estrictamente las
licencias y requisitos de venta. Incluso se decía que al terminar
la prohibición era más seguro conseguir alcohol, pero
más complicado.
México: Apuestas y juegos
de azar: 1947-2010. Los
juegos de azar son ilegales
en México desde los años
cuarenta del siglo pasado.
Sin embargo, bajo un esquema
prohibitivo, la ley da
cierta discrecionalidad a la
Secretaría de Gobernación
para interpretarla, desarrollar
reglamentos y asignar permisos
de juego. El régimen ha
desembocado en la existencia
de tres tipos de apuestas y
juegos de azar:
1. Los juegos de apuestas
legales como los sorteos de
números, las apuestas deportivas,
hipódromos, galgódromos
y rifas. 2. Los juegos de
azar temporales tipo casino, palenques y carreras de caballos
parejeras, bajo la forma de permisos para ferias de por los
menos 250 mil asistentes. 3. Los casinos ilegales conocidos
como “brincos”.52
El proceso de legalización de las apuestas deportivas y
de números ha dado al Estado la capacidad de regular estos
negocios y cobrar impuestos por ellos. En 2009 la Secretaría
de Hacienda recaudó dos mil 300 millones de pesos entre permisos
e impuestos especiales en centros de apuestas operados
por empresas públicamente conocidas como YAK, Caliente
y Playcity. Aparte de pagar impuestos y derechos especiales,
estas empresas deben cumplir con la regulación estatal en
materia fiscal y sanitaria, igual que otros establecimientos que
ofrecen servicios al público.53

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49 Ídem.
50 MacCoun y Reuter, op. cit.
51 Leitzel, op. cit.
52 Erika Rueda, “¿Casinos en México? Análisis sobre su apertura”, en Juegos de azar. Una
visión multidisciplinaria, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010. Ezequiel
González Matus, “El juego en México”, nexos, marzo de 2007.
53 El Universal, 12/09/09.

(Legalización
42 octubre 2010 nexos)

El casino que históricamente ha mantenido un permiso a
veces formal, a veces informal, por parte de la Secretaría de
Gobernación, es el de la Feria de San Marcos en Aguascalientes.
Continuando el proceso de regulación y legalización de
los juegos de apuestas, la Secretaría de Gobernación otorgó
en 2005 el primer permiso para operar un casino temporal en
la Feria de San Marcos. Esto sucedió una vez que se emitió,
después de 56 años, un reglamento a la Ley Federal de Juegos
y Sorteos, el cual fue discutido y al final ratificado por la Suprema
Corte de Justicia de Nación.
En el caso de los “brincos”, no existen datos oficiales sobre
su número ni sobre su control. Una revisión superficial de
notas de prensa da cuenta de casos de intervención de la policía
por violencia, posesión ilegal de armas y corrupción para
permitir el funcionamiento ilegal del “brinco”.
Por ejemplo, en noviembre del 2004 se reportó un casino
en Guadalajara que operaba solapado por la policía municipal.
En palabras de uno de los “operadores” del casino: “Aquí
estamos bien parados con [Arturo] Zamora [presidente municipal
de Zapopan], la AFI y la Policía”. Un año antes, contó,
unas personas buscaban al dueño del casino ilegal por problemas
entre jugadores: al no encontrarlo, decidieron ejecutar a
cuatro trabajadores. En Monterrey, una redada de la Policía
Federal realizada en un casino ilegal en 2006, culminó con
el hallazgo de una escopeta recortada, una subametralladora
.9mm, y dos revólveres.54
El caso de los juegos de azar ofrece lecciones aplicables al
mercado ilegal de drogas.
La primera es que una ventaja de la legalización es que
da al Estado la facultad de regular la operación de un centro
de apuestas y la capacidad para recaudar impuestos sobre
estos productos.
La segunda lección deriva de la primera: la Feria de San
Marcos lleva operando casi 200 años, bajo un esquema de
legalización de facto que no genera las consecuencias no deseadas
de la prohibición, aunque tampoco trae los beneficios
de la regulación y fiscalización plena.
La tercera lección es que los mercados ilegales están vinculados
a comportamientos ilegales, en particular a la violencia.
En San Marcos no hay violencia. En los “brincos”, sí.
—–

54 Reforma, 29/11/04 y 13/01/03.

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IX. ¿Podemos legalizar? Las razones de México

Eegalizar las drogas ilícitas regulando su consumo es
una opción deseable para México y para el mundo. La
camisa de fuerza del consenso punitivo es, sin embargo,
difícil de romper.
Se trata de un acuerdo mundial suscrito en convenciones
internacionales de las que es imposible sustraerse unilateralmente.
Hay espacio de maniobra dentro de la ley, como lo
muestran los casos de Holanda y Portugal, porque las convenciones
prohíben las drogas ilícitas pero dejan a cada país
establecer las sanciones. Los países pueden despenalizar sin
violar su adhesión a las convenciones prohibitivas.
La camisa de fuerza de las convenciones internacionales
tiene para México la forma adicional de la presión vecina de
Estados Unidos.
Incluso los adversarios de la estrategia punitiva sostienen
que sin Estados Unidos cualquier intento de legalización
mexicana topará con un insalvable rechazo político, jurídico,
logístico y económico: si México no actúa en esto de la mano
de su vecino, no irá a ningún lado.
La Proposición 19 para legalizar la mariguana en California,
que se somete a referéndum el próximo 2 de noviembre,
puede cambiar los términos de la ecuación. Se presentan tres
opciones para México.
En el caso del Sí: 1. Utilizar la decisión californiana para
legalizar también la mariguana en México. 2. Mantener el
estatuto legal vigente e iniciar un cabildeo público a favor de
la legalización en Estados Unidos.
En el caso del No: Aprovechar la visibilidad del hecho para
detonar un debate en torno a la legalización como posible
salida al callejón actual.
Veamos estas opciones:
1. Si la Proposición 19 gana, México tendría una magnífica
oportunidad para legalizar el ciclo de la mariguana en
su territorio: cultivo, comercio, consumo y exportación. El
razonamiento sería sencillo: nuestro país no puede seguir
combatiendo un delito que no lo es a 50 metros de la frontera,
en el estado más poblado, más rico y más “adelantado” de la
Unión Americana. México no podría seguir dando una batalla
que los californianos han decidido clausurar.
El presidente de México, Felipe Calderón, podría colocar en
la balanza una autoridad ganada ante Estados Unidos al cabo
de cuatro años de guerra, 28 mil muertos y 40 mil millones de
dólares gastados. La decisión pudiera darse en compañía de
países como Colombia, cuyo nuevo presidente, Juan Manuel
Santos, comparte la convicción de que la estrategia prohibicionista
no funciona. Perú podría asociarse a este esfuerzo.
Desde luego, México tendría que ir abandonando su postura

(Informe especial
nexos octubre 2010 43)

punitiva frente a las diversas instancias de Naciones Unidas y
la OEA. Washington, también.
Si la Proposición 19 fuera aprobada por los californianos,
el presidente Barack Obama tendría que decidir si aplica o
no la ley federal en ese estado; es decir, tendría que decidir si
desconoce la ley estatal de California y ordena a sus agencias
federales detener a productores, comerciantes y consumidores
de mariguana. Como hemos dicho, el espacio de maniobra que
dejan las convenciones internacionales es interesante, como
lo muestra el caso de Portugal, pero nadie puede sustraerse
de esas convenciones sin más,
hasta que no cambie el consenso
mundial. Ni siquiera Estados
Unidos: Washington no podría
tolerar la legalización plena
de la mariguana sin violar sus
compromisos con el consenso
punitivo y las convenciones internacionales
que ha promovido
y suscrito. El presidente Obama
ha dado muestras de que no
piensa aplicar la ley federal en
los estados o condados que han
legalizado la mariguana para
fines terapéuticos, incluyendo
el Distrito de Columbia, sede
federal donde la legalización de
la mariguana terapéutica entra
en vigor en diciembre.
Si el gobierno federal rechaza
la aprobación de la mariguana en California, la legalización
en México quedaría sujeta a un doble fuego cruzado. Por un
lado, el país estaría de acuerdo con California, pero en contra
de Washington. Por el otro, legalizaría la mariguana pero
tendría que mantener la guerra contra el resto de las drogas.
Para esto seguiría recibiendo fondos de Washington mediante
la Iniciativa Mérida. Se trataría de un doble discurso, difícil
de aceptar por el Congreso estadunidense.
2. Más viable parece, en caso de que la Proposición 19 sea
aprobada y desate un torrente de iniciativas análogas en otros
estados, dejar intacto el statu quo de la mariguana mexicana,
pero aprovechar la legalización en California para lanzar una
ofensiva mediática, política, cultural y diplomática en Estados
Unidos sobre la necesidad de realizar una legalización a ambos
lados del río Bravo. Esta revisión del consenso punitivo
podría incluir la convocatoria a una conferencia internacional
de países productores y consumidores de drogas prohibidas,
en la que se exploren vías posibles de despenalización. Este
camino tendría la ventaja de no enfrentar a México con Estados
Unidos, pero adolecería de un defecto: le haría perder la
oportunidad de empezar, desde ya, a buscar salida a la crisis
mexicana provocada por el narco.
3. La tercera opción de México es menos espectacular y
efectiva, pero quizás es la que más se acomode a la realidad
política. No se puede descartar un rechazo a la Proposición
19. Sobre todo si se confirma el triunfo de la ola conservadora
en las elecciones de noviembre. El triunfo del No en California
no pondría fin al debate sobre la legalización. Existe una
propuesta de ley ya presentada ante la legislatura estatal en el
mismo sentido, y otros estados caminan en la misma dirección.
Por tanto, México podría sacar partido del referéndum
en sí, más allá del desenlace de la votación, para dar paso a
tres debates:
En primer lugar, el debate
interno, preguntando a los mexicanos
si vale la pena seguir combatiendo
el narcotráfico cuando
la tendencia estadunidense y
mundial es legalizar.
En segundo lugar, el debate
norteamericano, diciendo a
los estadunidenses que no tiene
sentido insistir en que los
demás hagan lo que ellos no
quieren hacer.
En tercer lugar el debate latinoamericano,
diciendo a colombianos,
peruanos y bolivianos
cómo contribuir juntos a que
Washington cambie de actitud.
En los tres casos, México
tiene todo que ganar, si toma
el toro por los cuernos. Donde perdería es colocándose en
el bando más conservador de la sociedad y la clase política
estadunidense, del lado de los que prefieren mantener en la
cárcel a cientos de miles por delitos menores, aferrados a una
estrategia de prohibición hipócrita e ineficaz.
Haciendo un balance de costos y beneficios es claro que lo
que conviene a los intereses y las posibilidades de México no
es seguir con la estrategia punitiva, sino legalizar.
Otra cosa es que pueda hacerlo. Pero México tiene la obligación
de plantearse al menos esta alternativa con seriedad y
responsabilidad.
Se trata de pensar abierta y libremente cuál es la mejor
política de drogas que puede México tener en servicio de sus
propios intereses, de su peculiar sociedad, de las deficiencias
institucionales de su Estado de derecho, y de la salud y seguridad
de sus ciudadanos. N

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El presente informe sobre la legalización de las drogas fue elaborado por el
staff de nexos, con base en la investigación de Andrés Lajous y las
aportaciones de José Antonio Aguilar, Rubén Aguilar Valenzuela,
Jorge G. Castañeda, Gerardo Esquivel, Eduardo Guerrero, Jorge
Hernández Tinajero, Alejandro Madrazo y Carlos Zamudio.
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